Los altos funcionarios del Estado rechazan la reforma de las oposiciones de Iceta

El Ministerio de Función Pública, al frente del cual se encuentra Miquel Iceta, sopesa modificar las exigentes oposiciones para acceder a los cuerpos superiores de la Administración General del Estado. A falta de conocer en qué se traducirá ese interés por reformar las pruebas de acceso, diversas asociaciones de altos funcionarios se han pronunciado ya en contra de los cambios «radicales» planteados. 

Las asociaciones de los cuerpos superiores de abogados del Estado, diplomáticos, inspectores de Hacienda, interventores y auditores y técnicos comerciales y economistas del Estado han rubricado un comunicado conjunto -remitido a Función Pública- para expresar su «inquietud ante los posibles cambios que podrían implementarse en el sistema de acceso a sus respectivos cuerpos».

Las cinco agrupaciones de altos funcionarios advierten de que las «modificaciones radicales podrían tener consecuencias indeseadas en el servicio que se presta al ciudadano», por lo que se ofrecen para asesorar al Gobierno en lo que respecta a las «especificidades y necesidades a tener en cuenta en los procesos selectivos de cada cuerpo superior». «La reforma no debería ser transversal para todos los cuerpos, sino adaptada a las particularidades de cada uno», indican.

En términos generales, estas cinco asociaciones recalcan que «la reforma del sistema de oposiciones no debe ir en contra del esfuerzo, de la memoria y del conocimiento», por lo que insisten en una serie de premisas que deberían regir la renovación. En este sentido, destacan en primer lugar la necesidad de mantener el sistema de acceso por oposición, que «ha garantizado el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad» y goza de «una amplia aceptación y legitimación social». 

Agilizar las oposiciones

Los altos funcionarios destacan la necesidad imperiosa de «agilizar los plazos de los procesos de selección», que pueden llegar a demorarse hasta dos años desde el inicio de la convocatoria y su finalización. «Urge llevar a cabo un análisis de cómo agilizar los procesos selectivos para dar una respuesta a la necesidad de efectivos sin que se vea mermada la evaluación de los conocimientos necesarios para el desempeño de las funciones de cada cuerpo». Por ende, entienden que «no puede ser un objetivo per se». 

«El tiempo que dura el proceso selectivo no depende tanto del número de temas y exámenes, sino de los plazos internos de la Administración, que en ocasiones se dilatan en exceso y sin justificación», sostienen. «El tiempo medio de preparación para aprobar una oposición no viene tan condicionado por el número de temas o de exámenes, sino del desequilibrio entre el número de plazas ofertadas y el número de opositores que se presentan». Por tal motivo, consideran que «relajar las exigencias» se traducirá en un «efecto llamada» que «aumentará este desequilibrio». 

Tampoco se muestran favorables a reducir la duración del curso selectivo posterior a la fase de oposición: «No debe ser un objetivo per se, sino que hay que adaptarlo para que incluya formación teórica (ahondando en los conocimientos de la Administración y en otro tipo de habilidades complementarias, como la gestión de equipos, el liderazgo, las capacidades digitales, etc.), y práctica (estancias en los distintos ministerios y organismos públicos)».

Mantener la parte teórica

Función Pública, en su propuesta de remodelación de las oposiciones, detectó reticencias en cuanto a las cuestiones teóricas: «Otra debilidad comúnmente aceptada de nuestro sistema selectivo consiste en que no hemos superado un modelo tradicional que hace descansar la selección de los aspirantes en sus conocimientos teóricos, en buena medida jurídicos o ya acreditados por el sistema educativo». Si bien el documento reconoce que «no todas» las pruebas podrían someterse a cambios en este aspecto, recoge también en que «hay otras posiciones más ambiciosas y rupturistas» y que «las pruebas de conocimiento teórico-memorístico no sintonizan con los nuevos modelos de aprendizaje».

«Exigir pruebas de esta clase puede disuadir a muchas personas jóvenes con talento a participar en los procesos selectivos de ingreso a la función pública, porque en realidad ellos se han acostumbrado a aprender de acuerdo a otros modelos y métodos pedagógicos más orientados al saber práctico, la resolución de problemas y el saber haciendo. Tampoco facilitan la incorporación del talento senior ni el talento de otros países de la Unión Europea, en los que este tipo de pruebas no son habituales», sostiene el documento elaborado por Función Pública, consultado por THE OBJECTIVE.

Las asociaciones de altos funcionarios creen que «es necesario mantener la parte teórica-memorística y complementarla (no sustituirla) con la parte práctica», pues «permite al candidato tener amplios y completos conocimientos técnicos de las materias de especialización de cada cuerpo, necesarios para el desempeño de las funciones». En este sentido, recuerdan que «la actuación de un funcionario está sometida al cumplimiento de la ley, por lo que esta se debe conocer y dominar a la perfección».