Al menos 170 periodistas de RTVE y la Agencia Efe también cobran un plus ‘anti ETA’ en País Vasco y Navarra
RTVE
Policías, guardias civiles, jueces, fiscales, secretarios judiciales y, por último, periodistas componen la lista de funcionarios y empleados públicos asentados en el País Vasco y Navarra que, tras diez años del fin de ETA, siguen cobrando un plus de peligrosidad cada mes.
Se trata de alrededor de 170 profesionales de la comunicación que desempeñan su trabajo en la delegación vasca o navarra de Radio Televisión Española (RTVE) o de la Agencia Efe, ambas de titularidad estatal, según confirman fuentes de ambos medios públicos a THE OBJECTIVE.
Este complemento salarial, que en el caso de los periodistas es de 200 euros brutos mensuales, fue establecido por el Estado a finales de la década de los 90 ante «la situación de riesgo que cada día vivíamos tanto nosotros como nuestras familias», cuenta un periodista de RTVE.
No obstante, añade la misma fuente, este complemento «de peligrosidad» cambió de denominación en el año 2011, cuando el Gobierno trató de eliminar este plus una vez la banda terrorista ETA anunció el cese de la lucha armada.
Un plus heredado
Para evitarlo, los sindicatos de ambos medios públicos «renegociaron» con el Gobierno «para evitar la merma económica» y acordaron cambiar el nombre antiguo por el de «complemento territorial».
«De este modo, el incentivo no estaba vinculado al terrorismo, sino a la peligrosidad laboral. Los sindicatos consiguieron justificar el complemento a través de otras reivindicaciones en el trabajo, pero en el fondo se trata de un plus ‘herencia’ del de peligrosidad de los años de ETA», indican fuentes de sendos medios públicos.
Este sobresueldo supone un gasto de aproximadamente medio millón de euros al año para el Estado, según explican las mismas fuentes. Una cifra menor si se compara con el paquete de millones que destina el Ministerio del Interior o el de Justicia a sus funcionarios en el País Vasco y Navarra.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska destina 43,7 millones de euros anuales en pluses a policías y guardias civiles establecidos en las mencionadas comunidades autónomas; y la titular de Justicia, Pilar Llop, 3,6 millones en los complementos de jueces, fiscales y secretarios judiciales. En total, el coste de estos incentivos es de 47,8 millones de euros para el Estado.
