Vox condiciona los Presupuestos de Ayuso a la derogación de las leyes LGTBI

Isabel Díaz Ayuso mantiene el plan. Su Gobierno aprobará este miércoles un anteproyecto de Presupuestos para la Comunidad de Madrid en 2022 y lo enviará a la Asamblea aunque no haya podido cerrar antes un acuerdo con Vox, sus socios de investidura. Ambas formaciones llevan semanas negociando y lo seguirán haciendo durante los próximos días, aunque estas reuniones no se ciñen exclusivamente a las cuentas públicas. Vox va a vender caro su apoyo. Para darlo, solicita que todas las etapas educativas sean gratis y que se deroguen la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y la ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia. 

«Los Presupuestos se negocian de forma paralela a la ley Maestra y a la ley de Igualdad que hemos presentado», admite a THE OBJECTIVE una fuente cercana a los encuentros. Vox ha registrado este lunes una proposición de Ley de Igualdad y no discriminación, que vendría a sustituir a la normativa en vigor, aprobada durante el mandato de Cristina Cifuentes en 2016. El partido de Rocío Monasterio ha pedido derogar estas leyes en varias ocasiones, todas sin éxito, pero ahora lo considera clave si Ayuso quiere contar con su apoyo a los presupuestos del próximo año. Fuentes del PP afirman que no van a llegar a ese extremo en ningún caso, pero sí estarían abiertos a tocar varios artículos.

«Verdadera igualdad»

El texto que ha presentado Vox consta de 32 páginas y 54 artículos, pero no hace ni una sola referencia a la mujer. La formación que lidera Monasterio asegura que su propuesta defiende la «verdadera igualdad entre los españoles» frente a la vulneración del derecho de presunción de inocencia y la inversión de la carga de la prueba que incluyen las leyes que quieren suprimir, algo que organizaciones feministas y colectivos LGTBI rechazan. La negociación entre PP y Vox también incluye otros asuntos, como el apoyo de esta última fuerza a la llamada ley Maestra de Libertad Educativa, que comenzó a tramitarse hace unas semanas y con la que el Gobierno de Ayuso pretende blindar la educación concertada y hacer frente a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), conocida como ley Celaá.

Vox reivindica la gratuidad de la educación en todas las etapas en las que no lo son ya: la Educación Infantil de cero a tres años y Formación Profesional. Una iniciativa que el grupo de Monasterio presentó el pasado jueves en la Asamblea y que contó con el rechazo de los partidos de izquierdas y la abstención del PP. En materia económica, Vox exige la reducción del gasto económico superfluo en la región, que en su opinión supera los 700 millones de euros. Pide que se disminuya el dinero destinado a promoción en las consejerías y que se pospongan inversiones en algunas infraestructuras que no consideran urgentes para destinar más fondos a Sanidad y Educación.

Primeras cuentas de Ayuso

Tanto en el PP como en Vox esperan llegar a un acuerdo en los próximos días para aprobar unas nuevas cuentas, las primeras de Ayuso como presidenta. De esa manera no tendrían que prorrogar por tercera vez los presupuestos de 2019, cuando heredó los de Ángel Garrido. El Gobierno regional tiene hasta el 31 de octubre de plazo para remitir las cuentas a la Asamblea. En ese momento se abrirá un plazo para la presentación de enmiendas. Aunque exista acuerdo, será un proceso largo, pues el trámite parlamentario puede demorarse hasta el 31 de diciembre, fecha límite para su aprobación definitiva.

En caso de existir fumata blanca, sería el tercer gran acuerdo al que llegan Vox y PP en lo que va de año. A lo largo de esta breve legislatura, que comenzó en junio, han pactado la investidura de la propia Ayuso como presidenta regional y el nombramiento del administrador provisional de Telemadrid, votación en la que la formación de Monasterio también mantuvo la incertidumbre de la dirección de su voto hasta el último momento, cuando consiguió la reducción de un 10% del presupuesto del ente público.