ERC se suma a Podemos y abre otro frente contra Calviño por el catalán en Netflix

ERC ha supeditado la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado al blindaje del catalán en la nueva Ley Audiovisual que prepara el Gobierno para cumplir con los compromisos con la Unión Europea. Según explican fuentes de la formación a THE OBJECTIVE, cuentan con el respaldo del PSC en la necesidad de proteger el idioma en las plataformas como Netflix, Amazon, Disney+ o HBO Max, entre otras. Y centran su ofensiva contra el Ministerio de Asuntos Económicos, liderado por Nadia Calviño.

La Secretaría de Telecomunicaciones del Ministerio ya había completado todos los procesos formales de la norma, incluyendo dos audiencias públicas donde los distintos actores del sector realizaron sus aportaciones. Pero a ERC le parece insuficiente para garantizar la supervivencia del catalán, gallego o euskera en el sistema audiovisual imperante. Insisten en el gran «consenso» que hay respecto a esta materia en la sociedad catalana y dan de tiempo hasta el viernes para que el Gobierno modifique su propuesta de ley. El viernes termina el plazo para registrar las enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas y ERC ya está trabajando en su enmienda si el Ejecutivo no acepta sus demandas.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, tiene vía libre en esta nueva pugna con el Gobierno central. La diana está sobre Calviño y su equipo, y Unidas Podemos está más cerca de ERC que de la titular de Economía en este asunto y son conscientes que el cierre de filas con Rufián es útil para debilitar a Calviño en un momento de gran tensión debido a la discrepancia de criterios entre socios de Gobierno por lo que respecta a la reforma laboral y la idoneidad o no de su derogación.

En este nuevo frente, además, ha quedado desdibujado el papel de Miquel Iceta, ministro de Cultura. El exlíder del PSC abogó desde el inicio del texto legal por la necesidad de «proteger» el catalán en las plataformas de streaming, pero no ha tenido ni voz ni voto en este proceso que controla la Secretaría de Telecomunicaciones. El Ministerio de Cultura ha quedado al margen y los independentistas han asumido que en esta cuestión es mejor aunar esfuerzos con Junts, Podemos, e incluso con el PSC, porque, según explican a THE OBJECTIVE, «está en juego el futuro de todo un sector».

Ley Audiovisual catalana

De hecho, en pleno pulso con Moncloa, el Govern impulsó una ley audiovisual catalana. El principal problema, no obstante, es que caerá en saco roto si no hay una norma de ámbito nacional que dé cobertura legal a los requisitos de la ley autonómica. Las iniciativas presentadas en el Parlament buscan fijar criterios de uso del catalán y el aranés en el ámbito audiovisual. Según explicó la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, el proyecto debía establecer «porcentajes mínimos de uso del catalán y el aranés en los medios de comunicación» con el fin de que la presencia de estas lenguas esté «garantizada».

Es precisamente en la cuestión de fijar cuotas donde chocan con el Ministerio liderado por Calviño. El borrador de Ley Audiovisual no incluía porcentajes, y ERC exige que haya un porcentaje mínimo del 7,5% para el catalán, gallego y euskera en dichas plataformas de streaming. Como el Gobierno paralizó su aprobación, todavía no se conoce la letra pequeña del texto legal, pero el principal escollo que ven es incurrir en algún tipo de ilegalidad.

Esquivar denuncias

Existe el riesgo de que la Comisión Europea o algunas de estas plataformas que tienen su sede central fuera de España lleven las obligaciones que exige a ERC a los tribunales. La directiva europea detalla que un Estado miembro solo tiene capacidad de regular las plataformas que tengan su sede en aquel país. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos quieren resolver bien todos los flecos para evitar no solo denuncias sino también multas por parte de Bruselas que podrían superar los 10 millones de euros.

La Ley Audiovisual española lleva un retraso de al menos dos años. El pasado mes de septiembre la Comisión Europea lanzó un ultimátum contra el Gobierno. El plazo de transposición de la normativa europea vencía el 19 de septiembre de 2020, pero España sigue sin cumplir.

Para contentar a ERC el Gobierno deberá impulsar un porcentaje de producción en catalán y una ayuda a TV3 en estas plataformas. La directiva comunitaria también especifica que los Estados miembro podrán imponer la obligación de producir o comprar obra europea con los ingresos que generen en ese país (aunque la sede esté fuera de dicho país). En este sentido, países como Francia pueden exigir a HBO, que tiene la sede en Suecia, que destine una parte de sus ingresos generados en Francia a producir obra francesa.

España también quiere que dichas plataformas destinen un 5% de sus ingresos generados a España a producir obra, pero no especifica en qué lengua de las cuatro oficiales. ERC quiere regular esta apartado para que una parte de la inversión se haga en producciones en catalán. Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno, que tiene hasta el viernes para modificar su proyecto de Ley Audiovisual.