La Audiencia Provincial de Madrid inadmite la recusación de la magistrada que investigó la presunta patada de Errejón

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado inadmitir el incidente de recusación de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 16, Margarita Valcarce, responsable de la investigación al líder de Más País, Íñigo Errejón. Valcarce investigaba la supuesta comisión de un delito leve de maltrato en el que un vecino de Lavapiés denunció que Errejón le propinó una patada.

Según subraya el magistrado de la Sección Primera, esta inadmisión de recusación se produce después de que la defensa de Errejón no haya presentado en el día de ayer una petición formal de recusación, tal y como se le había requerido y como establece la ley en asuntos de esta naturaleza procesal. Así las cosas, las actuaciones siguen en manos de Valcarce, que debe señalar ahora la vista oral del juicio.

Si bien fuentes cercanas a la defensa indican que «nunca» han tenido intención de recusar a la magistrada, la titular del Juzgado había elevado al órgano judicial un escrito para que resolviera si podía o no juzgar a Errejón tras haberle investigado. La juez se dirigió a la Audiencia Provincial después de que, según indicó en el auto en el que le envió a juicio, el diputado presentara una queja ante la posibilidad de que la misma juez que dirigió la investigación en su contra se hiciese cargo del juicio.

En el auto por el que acordó enviar a juicio al diputado, la magistrada Valcarce solicitó a las partes del procedimiento que se pronunciaran al respecto. Posteriormente, en un escrito de 17 de septiembre, la juez elevó el denominado incidente de recusación a la Audiencia de Madrid para que se pronunciara y resolviera quién debía juzgar a Errejón. Según consta en el documento, la Fiscalía no se opuso a que se admitiera la recusación.

Según Europa Press, fuentes cercanas a Más País explicaron que esta misma semana la defensa presentó un escrito ante la Audiencia de Madrid aclarando que nunca había formulado una recusación y pidió que se dejara sin efecto la cita para ratificar un derecho (a recusar) que nunca se había ejercitado.

El juicio

La vista oral contra el diputado, que en este caso no ve afectado su aforamiento al tratarse de un delito leve, aún no tiene fecha prevista. El pasado 25 de julio, Valcarce dictó el auto por el que envió a juicio al dirigente tras transformar el procedimiento de un presunto delito de lesiones a uno leve de maltrato en base al informe médico forense realizado en la causa. «Los hechos hasta ahora investigados pueden revestir el carácter de delito leve de maltrato (…) sin que se haya acreditado la existencia de un delito de lesiones a la vista del informe médico forense», señaló.

La magistrada indicó que en dicho informe se dejó constancia de que no se consideraba acreditada la existencia de lesiones traumáticas agudas derivadas de la agresión física, que fue descrita como «patada con impacto con planta del pie en región baja abdominal». Por eso, al no estimar lesiones, lo transformó en delito leve de maltrato.

El delito al que se enfrenta Errejón está previsto en el artículo 147.3 del Código Penal y se refiere al que golpee o maltrate de obra a otro pero sin causarle lesión. Según la normativa, es castigado con penas de multa de uno o dos meses.

Tres meses de investigación

La titular del juzgado acordó enviar a juicio al diputado tres meses y medio después de que el vecino de 67 años presentara denuncia ante la Comisaría Centro de Madrid. El hombre aseguró a las autoridades policiales que Errejón le propinó una patada que ha tenido consecuencias en su salud, en concreto, en la hernia inguinal que dice tener por un cáncer de colon.

En el marco de las pesquisas, la magistrada tomó declaración al denunciante y a uno de los testigos. Fuentes presentes en el interrogatorio aseguraron a Europa Press que ambos ratificaron la declaración que prestaron en sede policial.

La juez también llegó a dirigirse al Congreso para pedir que acreditara la condición de diputado de Errejón y reclamó a la Policía Científica que realizara un análisis «exhaustivo» de las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad que grabaron la presunta agresión del dirigente al vecino de Lavapiés.