La candidata del PSOE en el Tribunal de Cuentas defiende la causa contra los líderes independentistas
Eduardo Parra | Europa Press
Junts per Catalunya se ha quedado solo en su intento de deslegitimar al Tribunal de Cuentas como órgano competente para fiscalizar el gasto exterior de los sucesivos gobiernos de la Generalitat. En la comisión consultiva de nombramientos, celebrada este martes en el Congreso, el diputado nacionalista Jaume Pagès ha interpelado a una de las consejeras del órgano fiscalizador sobre un posible «abuso de derecho» del tribunal en la causa que investiga la acción exterior del Ejecutivo catalán. Pero la consejera en cuestión, Enriqueta Chicano, ha negado la mayor: «La fiscalización del gasto público que se realiza en cualquier tipo de actividad entra en la competencia del Tribunal de Cuentas».
Chicano, que se perfila como futura presidenta del Tribunal de Cuentas y ha sido ratificada por el PSOE como consejera, ha defendido la legitimidad del ente contable en todos los procesos que investiga, y también en el caso «concreto» de la causa a los 34 exdirigentes independentistas a quien el tribunal exige 5,4 millones como fianza. La consejera ha respondido al diputado nacionalista que le «parece fuerte la expresión de abuso de derecho» y ha recordado que la investigación que ha realizado el ente fue «solicitada por las Cámaras». Es decir, por la Comisión Mixta de Congreso y Senado.
«La capacidad de iniciativa la tiene la comisión y el Tribunal de Cuentas», ha remachado para ahuyentar las teorías de una persecución por parte de otros actores políticos a los líderes independentistas. Asimismo, ha expresado la voluntad de «haberle convencido» de que dicho proceso no es un «abuso de derecho», por mucho que la investigación contable le pueda parecer bien o mal hecha. «La Constitución consideró el establecimiento de este órgano. Tiene función jurisdiccional y luego el Tribunal Supremo revoca o confirma las eventuales responsabilidades contables», ha abundado.
La pregunta del dirigente de Junts planteaba si el gasto exterior del Govern puede ser fiscalizado por el Tribunal de Cuentas cuando se trata de una competencia autonómica y reconocida en el Estatut. Chicano ha reiterado la capacidad del Tribunal de llevar un «control del gasto público en cualquiera de sus facetas y en cualquiera de sus ámbitos territoriales». Y es que Chicano se ha visto obligada a abordar una de las principales críticas que desde el nacionalismo lanzan contra el ente, como es la de que no es un tribunal con jueces: la consejera ha explicado que se trata de un ente que depende del poder «legislativo» y no del judicial, pero que es homologable al resto de órganos que existen en Europa de la misma naturaleza.
En este sentido, la consejera también ha reivindicado el peso que tiene el Tribunal de Cuentas a nivel internacional. Por ejemplo, ostentando la secretaría permanente de INTOSAI, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, con sede central en Viena, Austria.
Apoyo de PP, PSOE y Podemos
Los seis candidatos propuestos por los grupos parlamentarios del Congreso a consejeros del Tribunal de Cuentas han sido finalmente declarados idóneos con los votos a favor de PP, PSOE y Unidas Podemos. Así, han superado este trámite las candidaturas de Enriqueta Chicano Jávega, Isabel Fernández Torres, María Dolores Genaro Moya, Diego Íniguez Hernández, José Manuel Otero Lastres y Miguel Ángel Torres Morato.
ERC, PNV, Vox y Cs se han ausentado de dicha comisión y todas las críticas han procedido del diputado de Junts. El representante nacionalista ha votado en contra, pero dejando claro que no cuestiona el perfil de los candidatos sino que quiere dejar constancia de su rechazo a que su elección sea fruto de un acuerdo únicamente entre los dos grandes partidos. Por su parte, Vox y Ciudadanos han mostrado su protesta por el mismo motivo no participando en el procedimiento.
El siguiente paso es que los aspirantes a un asiento en el órgano fiscalizador sean nombrados por el Pleno del Congreso, lo que está previsto para el próximo 11 de noviembre. El Tribunal de Cuentas está formado por doce consejeros -seis elegidos por el Congreso y otros seis por el Senado-. Los que corresponde designar a la Cámara Baja deben recabar un mínimo de 210 diputados.
