La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudirá a la manifestación convocada el próximo 27 de noviembre en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como Ley Mordaza, según han confirmado fuentes del Gobierno regional.
Con su asistencia al acto, la presidenta regional quiere además mostrar su apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado ante una reforma de la ley que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que desde los sindicatos policiales y de las asociaciones de la Guardia Civil ven como una amenaza al principio de autoridad de estos Cuerpos.
Ayuso se ha reunido este viernes en la Real Casa de Correos con representantes de sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y de la Guardia Civil para mostrar su «reconocimiento y apoyo» a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha asegurado que los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana planteados por el Gobierno central «socavan el Estado de Derecho, la protección del más débil y el principio de autoridad«.
Los partidos que forman el gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han registrado un conjunto de enmiendas pactadas a la proposición de ley del PNV para derogar la denominada Ley Mordaza, aprobada por el PP en 2015, en las que, entre otras cuestiones, se propone la obligación de los agentes de avisar «de manera verbal claramente audible» antes de intervenir para disolver concentraciones.
Pelotas de goma en manifestaciones
Además, se ahonda en que los protocolos de uso de la fuerza y utilización de material antidisturbios, que es el «último recurso» en caso de registrarse incidentes en manifestaciones, deben emplear los medios «menos lesivos» que causen «lesiones irreversibles», aunque no se hace mención específica a las pelotas de goma.
Unas medidas que han sido acogidas con beligerancia por parte de los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que creen que esta reforma «destruirá el principio de autoridad que sustenta la paz social». Tras una reunión con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el JUPOL, el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, ha anunciado la convocatoria de una «gran manifestación en unión con todos los cuerpos policiales de España» en contra de la reforma, que se ha fijado para el próximo día 27.
Sin sanciones para las manifestaciones no comunicadas
Otros aspectos son la retirada de sanciones en manifestaciones no comunicadas que se desarrollen de forma pacífica, pues solo comportarán consecuencias si se produce desórdenes públicos o violencia.
En cuanto a los registros corporales e identificación de ciudadanos y ciudadanas, deberá contar por escrito la motivación del agente que lleve a cabo comprobaciones en la vía pública. A su vez, los registros limitarán los desnudos parciales y si estos deben realizarse de forma inmediata, será en un lugar que cuente con la «debida garantía de protección de la intimidad».
Reducción del tiempo de identificación en comisaría
También se trabaja en la redacción de una enmienda conjunta para reducir el tiempo de identificación en comisaría sea de un máximo de dos horas, salvo causa excepcional debidamente «alegada y verificable». Además, una vez concluida la persona identificada deberá ser «devuelta» al lugar desde donde fue la conducida a la diligencia de identificación si esta se hubiera realizado en otra localidad.
En atención a las reclamaciones de medios de comunicación, no se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias. Asimismo, las grabaciones de las intervenciones policías con videovigilancia móvil deberán hacerse costar en cada atestado de actuaciones en la vía pública conforme a la Ley de Protección de Datos y deberán ser custodiadas por si son requeridas por la autoridad judicial.
Apoyos y rechazos
A su vez, las sanciones serán de índole restaurativo o resultado de la conciliación de la persona autora o la persona o institución ofendida. Por ello, se propondrá en los expedientes la resocialización por encima de la sanción y así eliminar la limitación actual para poder sustituir multas a menores por trabajo social o comunitario, ahora limitada a una sola vez.
Un rechazo que también comparten AUGC y SUP, organizaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que han emitido un comunicado conjunto anunciando un «frente común» contra la reforma, mientras que la CEP ha rechazado la tramitación «a espaldas» de los policías de las enmiendas.
