El Congreso aprueba la Ley de Convivencia Universitaria con la negativa de los rectores y alumnos

La nueva medida obliga a las universidades a contar con normas de convivencia e instaura un marco común para la penalización de ciertos actos

La Comisión de Universidades del Congreso ha aprobado el proyecto de ley de convivencia universitaria por 20 votos a favor y 15 en contra, una norma que ha suscitado el rechazo de rectores, alumnos y de la oposición al considerar que diluye los mecanismos de mediación recogidos en el texto original del Gobierno.

El proyecto, que en octubre pasado superó una enmienda a la totalidad del PP y otra de ERC, que finalmente fue retirada tras alcanzar un acuerdo con PSOE-Unidas Podemos, se enviará ahora directamente al Senado al aprobarse con competencia legislativa plena, un procedimiento «exprés» que han criticado de forma unánime todos los grupos de la oposición al entender que de esta manera se hurta el debate.

El presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, Gerardo Pisarello (En Comú Podem), ha explicado en una rueda de prensa posterior a la celebración de la sesión que esta ley supone un «avance democrático», ya que deroga una norma franquista de 1954, y tiene el visto bueno de ERC, PNV, Teruel Existe, Unidas Podemos y PSOE, una «mayoría sólida».

Además de las enmiendas negociadas en su día por UP, PSOE y ERC, la Comisión ha respaldado media docena de enmiendas planteadas por el PNV para garantizar las competencias autonómicas e introducir el carácter “obligatorio” de la mediación, como recogía el texto inicial enviado por el Gobierno a las Cortes.

La portavoz de Esquerra, Marta Rosique, ha señalado que lo acordado blinda «el desarrollo competencial» y los derechos del movimiento estudiantil, como los de reunión, huelga y manifestación de los estudiantes. En sentido contrario, la portavoz popular, María Jesús Moro, ha afirmado que una norma de convivencia se ha convertido en una «ley disciplinaria contra las universidades» y ha mostrado su tristeza «por el atropello al que se ha sometido a la mayoría de diputados ajenos al tripartito (UP, PSOE, ERC)» con una tramitación «urgente nunca solicitada ni declarada».

Tras señalar que se ha dado la espalda a la universidad para «entregársela a la urgencia de un grupo político minoritario cuyo ideario es la secesión y la ruptura del Estado».

Los rectores no están satisfechos

En declaraciones a EFE el presidente de CRUE-Asuntos Estudiantiles y rector de la Universidad de Murcia, José Luján, ha considerado positivo que una de las enmiendas del PNV recupere «la obligación de mantener el mecanismo de la mediación, antes facultativo, y pone la ley en el esquema en el que se trabajó antes con el Ministerio de Universidades y el estudiantado».

Sin embargo, «hay dos puntos negativos, como es la desaparición de la referencia al artículo 141.1 de la Constitución, que dice que es competencia del Estado regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en derechos y obligaciones«, con lo que no habrá un «mínimo común» para el sistema universitario.

«Es preocupante que se elimine porque tiene que haber condiciones de igualdad en los campus (convivencia y régimen disciplinario)», ha añadido Luján, que también ha censurado que en otras de las enmiendas este jueves aprobadas «hayan aparecido las comunidades autónomas como instancia para intervenir». En consecuencia, «donde antes solo había autonomía universitaria ahora las comunidades pueden entrar a regular, restando autonomía».

Como resultado final, un proyecto que tuvo un gran consenso de los rectores, alumnos y el ministro Manuel Castells en torno a la idea de desplazar «lo disciplinario a la promoción de la convivencia y a la solución pacífica de los conflictos en los campus, basado en la mediación», pasa a «quedar en manos» de cada centro.

Por otro lado, la Comisión Permanente del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado ha afirmado que apostar por convivencia «no es reformar toda su estructura, dejando a cada universidad la potestad de regularla y eliminando todo marco común que garantice la igualdad».

En un comunicado, el Ministerio de Universidades explica que este proyecto instaura un nuevo marco para la convivencia, «en consonancia con los principios democráticos, y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y libertades básicas, entre ellas la de manifestación, reunión, asociación y huelga, del conjunto de estamentos de la comunidad universitaria».

Fuente: EFE