El 85% de los profesores señala que los cambios normativos priorizan «posicionamientos ideológicos»
La mayoría de los docentes reclama un pacto de Estado por la Educación en España, según una encuesta
Luka Dakskobler | Zuma Press
La consultora Ernst & Young entra en escena en plena polémica por la promoción de curso en Secundaria a pesar de que un alumno haya suspendido varias asignaturas. Una solución que rechazan casi todas las asociaciones de profesores y de padres. Esta prestigiosa consultora económica ha publicado el I Barómetro del Docente, que incluye un dato demoledor: el 85% de los maestros y profesores consultados señala que los cambios normativos priorizan «posicionamientos ideológicos». El 94% de los encuestados va más allá y reclama un pacto de Estado por la Educación, algo que nunca ha sucedido en España, donde, con la aprobación de la denominada Ley Celaá en diciembre, ya se han conocido ocho normas educativas desde la restauración democrática.
La encuesta ha sido elaborada por GAD3 entre 647 profesionales de todas las etapas educativas obligatorias: Infantil, Primaria y Secundaria. Pertenecen a centros públicos y privados de todo el territorio nacional y sus opiniones fueron recogidas entre los meses de abril y mayo a través de entrevistas online con una duración media de siete minutos. «Los resultados reflejan la demanda general de un pacto de Estado que impulse una educación más exigente, que refuerce la digitalización y reduzca los ratios de alumnos por profesor», destaca Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights, el think tank creado por esta empresa líder en auditoría y fiscalidad para «crear debates trascendentes».
El estudio también recoge la opinión de las familias que, en general, valoran el sistema educativo mejor que los propios docentes. De hecho, solo la mitad de estos creen que haya mejorado en la última década. El 47% de los profesionales y el 34% de las familias sostienen que hay que hacer frente a la tendencia de ofrecer una educación cada vez menos exigente, algo que achacan a los constantes cambios normativos. Unos cambios que, según la encuesta, priorizan «posicionamientos ideológicos». Así lo piensa el 85% de los profesores encuestados.
Ocho normas educativas
«Más que un análisis de los currículos educativos, esta conclusión se percibe en cada cambio político. Cada partido quiere dejar cierta carga ideológica, aunque parte de las leyes que se derogan se mantienen en la siguiente», reconoce Ramón Izquierdo, secretario de Acción sindical en ANPE, el sindicato mayoritario con más de 80.000 afiliados en España, donde existen más de 500.000 profesores contando a los que dan clases en los centros públicos y privados de todas las etapas obligatorias. En su opinión, el profesorado está «agotado» porque cada reforma educativa requiere muchos cambios: documentales, de programa o de sistemas de evaluación.
El informe publicado por EY Insights destaca que el 94% de los docentes, la gran mayoría, reclama un pacto de Estado por la Educación. En España han existido ocho normativas educativas, todas sin consenso. Desde la Ley General de Educación (LGE) aprobada en el tardofranquismo y vigente hasta 1980, hasta la Lomloe, también conocida como Ley Celaá, que fue aprobada en diciembre. «El porcentaje me parece razonable. Consensuar una ley es una demanda histórica. Hemos sido incapaces de llegar a acuerdos, aunque varias veces se ha estado cerca. Sí lo han conseguido otros países de nuestro entorno, concretamente aquellos que tienen mejores resultados en el informe Pisa», explica Izquierdo.
«La consecuencia es que nos encontramos leyes educativas cortoplacistas. Cuando se trabaja con alumnado se trabaja a largo plazo, no se puede cambiar constantemente», insiste el secretario de Acción sindical de ANPE. Y continúa: «Si la Educación fuese una razón de Estado, no estaríamos en estos debates». Juan Pablo Riesgo, socio responsable de la organización que ha presentado el barómetro, prefiere no entrar en valoraciones políticas, pero sostiene por teléfono a THE OBJECTIVE que la comunidad educativa, tanto padres como profesores, ha mostrado su preocupación por la formación de los jóvenes y que es fundamental abordar un pacto de Estado.
La encuesta realizada por GAD3 también indica que las familias y los docentes aprueban con nota las medidas aplicadas durante la pandemia, aunque cuatro de cada diez profesores admiten que el nivel educativo empeoró durante los meses que no hubo presencialidad. El 54% de los profesionales cree que habría que volver al sistema que había antes de la pandemia, aunque un tercio considera que nos encaminamos a un sistema híbrido. «Lo sucedido nos ha enseñado la importancia de la enseñanza presencial, que nivela a los jóvenes. La educación es un elemento compensador porque en el aula todos los alumnos son iguales, algo que no pasa en casa, donde algunos estudiantes cuentan con mejores medios y tienen mejor conectividad que otros», reflexiona Izquierdo.
