Interior no prevé readmitir a los funcionarios de Villena pese a que dio por buena una denuncia falsa en su contra
Instituciones Penitenciarias asegura que los «expedientes estarán paralizados hasta que haya un pronunciamiento judicial»
La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, no prevé readmitir a corto plazo a los dos funcionarios de la prisión de Villena (Alicante) a los que suspendió de empleo y sueldo hace dos meses, a raíz de una denuncia de amenazas y agresiones interpuesta por la subdirectora del centro penitenciario, y que ha demostrado ser falsa según una investigación policial por la que, el pasado miércoles, se detuvo a la propia responsable.
En la resolución del departamento que dirige Ángel Luis Ortiz, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la instructora del expediente señalaba el pasado 20 de septiembre que la «suspensión cautelar» de los dos trabajadores resultaba «imprescindible» hasta que se produjese «la identificación de los autores y la eventual relación, o no de los mismos con el inculpado».
Ahora, en cambio, una vez que la Guardia Civil, tras unas pesquisas de más de dos meses, ha concluido que la responsable penitenciaria fabricó las acusaciones contra los supuestos agresores, desde Instituciones Penitenciarias niegan que la situación de los dos funcionarios de prisiones se revierta en la próximas semanas. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE señalan que «el expediente sancionador estará paralizado» hasta que haya «un pronunciamiento judicial acerca de lo que ocurrió el 6 de septiembre», cuando la directiva de la cárcel denunció los hechos ante la Policía.
Aquel día, la presunta víctima denunció que en la entrada de su domicilio, en Benidorm, cuatro o cinco encapuchados le sujetaron por la espalda para inmovilizarla, le dieron varios puñetazos y le advirtieron: «Mañana calladita». La subdirectora de Villena construyó un relato en el que, además de las agresiones, también puso en conocimiento de los agentes mensajes amenazantes que había recibido días antes y que, según los investigadores, se envío a sí misma desde otro terminal a su nombre.
Una historia ficticia que la responsable penitenciaria, en su declaración a la Policía, trató de vincular con una investigación interna de la cárcel de Villena a tres funcionarios por reducir a golpes a un interno de primer grado con numerosos antecedentes, el pasado 18 de agosto. La propia directiva puso a disposición de Instituciones Penitenciarias y del juzgado de Villena la grabación de la supuesta reducción del preso, que acabó trascendiendo a los medios de comunicación.
Apoyo de Marlaska
La falsa agresión fue denunciada un día de antes de que la subdirectora tuviera que declarar por los hechos presuntamente cometidos por los tres trabajadores ante las diligencias abiertas por Instituciones Penitenciarias, y en las que ella era un punto clave. Su denuncia llegó hasta las más altas instancias del Ministerio del Interior. El propio ministro, Fernando Grande-Marlaska, la elogió en público calificándola de «verdadera funcionaria» y el secretario general de IIPP, Ángel Luis Ortiz, incluso fue a visitarla a la prisión alicantina.
Hasta ese momento, Instituciones Penitenciarias solo había abierto un expediente disciplinario a los tres funcionarios por su actuación «innecesaria«, según la prisión de Villena, con el reo de primer grado. No obstante, la trascendencia de la denuncia hizo cambiar el parecer del Ministerio del Interior, catorce días después.
Así, el 20 de febrero, por medio de una resolución, una instructora de Prisiones decidía incorporar medidas cautelares a los expedientes de dos de los tres implicados en la agresión al preso, vista la gravedad de los hechos denunciados por la responsable de seguridad de la prisión de Villena, en la entrada de su domicilio.
«Un peligro»
A sabiendas de que no había prueba alguna sobre la implicación de los dos suspendidos y así lo hacían constar en el propio escrito, el Ministerio del Interior suspendía de empleo y sueldo a los dos trabajadores para «garantizar la integridad de los penados, la confianza de la sociedad en la Institución, el correcto ejercicio de la organización y la gestión de la seguridad del establecimiento». A juicio del departamento de Ortiz, mantener a ambos empleados en el centro era un «peligro», y la falsa denuncia, «incuestionable».
Dos meses después, la presunta víctima ha sido detenida por denuncia falsa y simulación delito por la Guardia Civil, y cesada de su cargo, según informó en una nota este jueves Instituciones Penitenciarias. No obstante, ningún cambio parece que vaya a producirse respecto a la suspensión de los dos funcionarios de prisiones.
Pese a que la investigación policial acredita que nada de lo que relató la responsable penitenciaria era cierto, el Ministerio de Interior esperará a que los dos procesos judiciales abiertos contra los trabajadores culminen o, al menos, tengan recorrido o no en los tribunales valencianos. Esto es, la investigación sobre la supuesta agresión de los tres funcionarios al preso, en el Juzgado de Villena; y las diligencias sobre la denuncia falsa y la simulación de delito de la subdirectora, que dirigirá el Juzgado de Instrucción número 3 de Benidorm. Fuentes penitenciarias señalan, no obstante, que la cautelar de suspensión de empleo puede prolongarse «hasta un máximo de seis meses».