Moncloa cederá a ERC en las «reparaciones económicas» tras el «humo» de los juicios del franquismo

El Gobierno se ha metido en un jardín con la Memoria Democrática. 24 horas después de pactar con Podemos una enmienda para abrir supuestamente la puerta a juzgar los crímenes del franquismo, el Ejecutivo se ha visto forzado a admitir que «no cambia nada» con respecto a la aplicación de la ley de Memoria Histórica de 2002 y la ley de Amnistía de 1977, que seguirá vigente. La aclaración ha llegado de la mano del ministro de presidencia, Félix Bolaños, tras el cabreo expresado por su socio republicano, Gabriel Rufián, a quien Bolaños da la razón en que la reforma legislativa es un brindis al sol.  

Sin embargo, en privado fuentes ministeriales manifiestan su «sorpresa» por lo sucedido ya que «es una obviedad lo que dice la enmienda, tanto en el articulado com en la exposición de motivos, y que ratifica la vigencia de la Ley de Amnistía argumental». El último cambio se produjo en 2002 con la adhesión de España al estatuto de Roma y otros tratados y convenios internacionales en 2003, y la novedad de la Ley de Memoria Democrática se introducirá a través de la Fiscalía de Sala que permitirá iniciar investigaciones «que pueden servir para la recuperación de restos mortales de familiares, aunque no se puedan perseguir penalmente. Que exista esa Sala de en la Fiscalía de carta de naturaleza a esa cuestión». Pero no permite investigar crímenes pasados «porque las leyes penales no pueden ser retroactivas. Lo impide la Constitución». A sumar a que «no hay nadie vivo que pueda responder por los hechos y eso entorpece que se pueda abrir un procedimiento». 

El Gobierno admite que el motivo de la presentación de la polémica enmienda con Unidas Podemos responde a la necesidad de «llegar a enmiendas para que todos los grupos estén confortables. Es una enmienda que se deriva del consenso» de la misma manera en que otros grupos «prefieren incidir en otra cuestión» como es el caso de Ciudadanos. «No tiene mucho sentido que Ciudadanos se niegue a hablar. No nos pueden acusar de nada porque la ley no cambia nada».

«Un humo sorprendente»

El portavoz de ERC denunció este jueves «la maniobra» del Ejecutivo, consistente en «vender un triunfalismo que no acabamos de entender y que conviene atajar. Es intento de venta de humo que creo que no conviene». El enfado del portavoz Rufián, apenas quince días después de prestar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, consistió en denunciar la «falta de ambición» en una ley «un tema serio», que es «independiente» de cualquier otra negociación como la ley de PGE cuyo dictamen final se aprobará la semana que viene en el Congreso de los Diputados, previo envío al Senado para su ratificación. Sin embargo, si bien Rufián no vincula la ley de Memoria a su apoyo definitivo a las cuentas públicas, sí que ha querido mandar una advertencia al Palacio de la Moncloa para denunciar el engao que pretendía colgarse una medalla más en el terreno del revisionismo. 

Un malestar que ha obligado al Ejecutivo a defenderse, tanto de las acusaciones de sus socios como las de quienes le acusan de pretender acabar con la Transición española. Si a primera hora de la mañana fue Félix Bolaños quien fijó posición en una entrevista en Ondacero, al mediodía era la portavoz, Isabel Rodríguez, la encargada de fijar su posición favorable a la Ley de memoria Democrática, que es «un avance en derechos, libertades, que continua los trabajos que se iniciaran con zapatero en la memoria histórica y de la que nos sentimos orgullosos». 

Reparaciones económicas

La marcha atrás del Gobierno enmarca el contexto de una negociación parlamentaria en la que ERC ha conseguido evidenciar la treta gubernamental que podría servir para encarecer el sentido de su voto. Rufián sabe que sin sus 13 votos a favor la Ley de memoria no verá la luz y de ahí que apriete las tuercas de cara a obtener concreciones en el trámite parlamentario. Y la cuestión fundamental para Esquerra, con la que pretenden colgarse la medalla ante el electorado de izquierdas, es la de las «reparaciones económicas a las víctimas del franquismo». Una bandera, la de la memoria presupuestaria de la norma,  que no es menor dado que pondrá negro sobre blanco la dimensión real que La Moncloa concede a esta ley revisionista. 

Un proyecto que no sirve de termómetro del estado de la situación entre el Gobierno y sus socio republicano, si bien sí se suma al malestar de esta formación concreta con otras cuestiones como el trámite express impuesto por el Gobierno a la aprobación de la reforma de las pensiones que debe estar en el BOE antes del final de año, acortando al máximo los plazos previstos en el reglamento de la cámara baja.

El trámite parlamentario

Este miércoles 17 de noviembre se cerró el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, previa a la constitución de la ponencia. El trámite que queda por delante es aún largo y complejo y no permitirá la aprobación definitiva del proyecto de ley hasta la primavera de 2022, según fuentes parlamentarias. El siguiente paso es la designación de los ponentes por parte de los grupos parlamentarios, que deberán posteriormente iniciar el debate en la ponencia para su remisión posterior a la comisión del ramo, cuyo dictamen se elevará al pleno de la cámara. Tras su paso por el Senado y la vuelta al Congreso, la Ley de Memoria Democrática vería luz, aunque según fuentes parlamentarias, no será antes de «abril o mayo del siguiente periodo de sesiones», si se aceleran los plazos dado que no se trata de una ley orgánica.