Indignación entre los funcionarios de prisiones contra la cúpula de Interior por el caso Villena
Los sindicatos penitenciarios han pedido depurar responsabilidades a todos los dirigentes Instituciones Penitenciarias
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el secretario general de IIPP, Angel Luis Ortiz. | Ministerio del Interior
La detención de la subdirectora de la cárcel de Villena (Alicante) tras haber intentado implicar en su falsa agresión, según la Guardia Civil, a tres subordinados sobre los que pesaba una investigación por una actuación con un recluso ha despertado una ola de indignación entre todos los funcionarios de prisiones contra la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP), órgano dependiente del Ministerio del Interior.
A las peticiones ignoradas durante años por parte del departamento que dirige Angel Luis Ortiz —como la subida salarial, un estatuto propio o el reconocimiento de los funcionarios como agentes de autoridad—, en los últimos cuatro meses se ha sumado una «campaña de desprestigio» contra la «profesionalidad de los 24.000 trabajadores penitenciarios» a raíz de todo lo sucedido en la prisión alicantina, denuncian fuentes sindicales a THE OBJECTIVE.
La difusión del vídeo de los tres funcionarios reduciendo a un preso de primer grado en la cárcel de Villena; su posterior investigación interna en IIPP y en los juzgados; y, por último, la denuncia falsa de agresión de la responsable en la que intentó vincular a dos funcionarios investigados, que acabaron siendo suspendidos de empleo y sueldo por Interior —y que, por ahora, no serán readmitidos—. Han sido motivos suficientes para que en una acción coordinada, todos los sindicatos pidiesen depurar responsabilidades, a lo largo del pasado viernes, a toda la cúpula política de Prisiones y al director de la cárcel de Villena por su implicación «directa o indirecta» en los hechos.
En una rueda de prensa, el presidente de Acaip-UGT, José Ramón López, y el responsable nacional de CSIF Prisiones, Jorge Vilas, pidieron su dimisión o cese inmediato y recordaron que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se relacionó en un comunicado de prensa la presunta agresión de la subdirectora y los mensajes amenazantes que había recibido con la investigación interna a los tres funcionarios.
«No es normal que la propia administración deje entrever que esta agresión está relacionada con una investigación con los funcionarios», recriminaron los responsables sindicales, al tiempo que calificaron los hechos como un «agravamiento de la situación de deriva institucional» en las prisiones. Un escenario, por otro lado, «permanente», desde la llegada de Ángel Luis Ortiz al cargo.
Operación contra TAMPM
Pocas horas después, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) pidió responsabilidades a los dirigentes penitenciarios. Al igual que el sindicato Tu abandono me puede matar (TAMPM). No obstante, este último ha ido un paso más allá y ha denunciado toda la campaña de desprestigio como una «operación orquestada desde la cúpula de Prisiones destinada a acabar con TAMPM».
Una asociación profesional que «era muy necesario desactivar desde su germen», una vez comenzó a sacar a la luz «las carencias del sistema penitenciario», según la propia organización; de la que forman parte, por otro lado, los tres funcionarios investigados en la prisión alicantina, todos ellos de baja médica y dos suspendidos de empleo y sueldo por el Ministerio del Interior.
Como prueba de ese supuesto plan ministerial, el sindicato detalla que todo se llevó al más mínimo detalle, incluidas las fechas. La subdirectora de la prisión de Villena denunció la falsa agresión el 6 de septiembre con un objetivo, según TAMPM: «Desactivar la movilización que la asociación llevó a cabo en Madrid el día 22 de septiembre, dos semanas después».
En opinión de este sindicato, «ese es el verdadero motivo» de la actuación de la responsable de seguridad investigada. Aunque, insisten «que solo es un peón« y que los «autores intelectuales de esta trama se encuentran a más de 400 kilómetros». Por ahora, la subdirectora de la prisión de Villena, que fue cesada de su puesto el pasado jueves, ha declinado hacer declaraciones sobre lo sucedido a THE OBJECTIVE.
