El acoso y las amenazas al profesorado aumentan un 23% con la presencialidad

Un profesor de Educación Física reprende al finalizar la clase el comportamiento de un alumno de 3º de la ESO. Le afea que haya estado continuamente mofándose de él, interrumpiendo la sesión y que no lleve la vestimenta adecuada. Días más tarde, el docente recibe una denuncia por agresión, testimonio que ratifica otro estudiante. El juicio destapó las contradicciones y el profesor quedó exonerado, pero desarrolló una depresión que le impide salir de casa. Es solo uno de los casos a los que se ha enfrentado el Defensor del Profesor. Según un estudio, el curso pasado, el de la vuelta a las aulas, atendió 1.960 casos, un 22,9% más que el año anterior, aunque lejos aún de las cifras previas a la pandemia.

El Defensor del Profesor es un servicio de ámbito nacional que el sindicato ANPE pone a disposición de todos los profesionales que necesiten ayuda ante cualquier tipo de acoso e intimidación, ya sea relacionado con los padres, con los alumnos, con la administración educativa o con los propios compañeros. Esta asistencia se ofreció por primera vez en el curso 2005-2006 en Madrid. Desde aquí se extendió al resto de España. Hasta el momento han solicitado ayuda 40.445 docentes, aunque los responsables de este servicio, uno de los más representativos del sindicato, aseguran que esas cifras solo suponen una pequeña parte del total: «Son la punta del iceberg», reconoce Laura Sequerra, coordinadora nacional del programa.

El informe analiza las actuaciones realizadas por el Defensor del Profesor en cuatro ámbitos: según la etapa educativa, los problemas relacionados con los alumnos, con las familias y aquellos que se producen en el ámbito laboral. En el último curso escolar, el servicio de ANPE atendió 366 actuaciones más que el año anterior debido a la recuperación de la presencialidad en los centros educativos, aunque esta no fue aún completa, por lo que el próximo año esperan un «notable» aumento de las incidencias. 

Por etapas educativas

Por etapas educativas, el mayor número de denuncias se registró en Primaria, 980, un 44% del total. Supone un aumento de cuatro puntos porcentuales respecto al curso anterior. En la ESO y el Bachillerato se produjeron 745 casos, el 38%, seis puntos menos que el año precedente. En los ciclos formativos se registraron un 8% (aumenta un punto) y en Infantil apenas el 6% (aumenta otro punto). El 4% restante, el mismo porcentaje que el año anterior, se reparte en otras enseñanzas, como los conservatorios, las escuelas de idiomas, los centros de adultos y la universidad. 

El estudio destaca un leve incremento en las amenazas de alumnos a profesores, que pasa del 12% al 13% de las registradas en este nivel. También aumentaron los problemas para dar clase, dos puntos porcentuales, del 21 al 23%. «Una de cada cuatro actuaciones relacionadas con los alumnos es por este motivo. Hay una falta de límites de respeto al profesor, que pierde entre ocho y 11 minutos por sesión en crear un clima adecuado para impartir la lección», señala Sequera a THE OBJECTIVE. La responsable del programa insiste en que un profesional de la enseñanza necesita interrumpir la clase, al menos, en otras cuatro ocasiones. «Es una barbaridad». En cuanto a las faltas de respeto, se produce un incremento de un punto, pasando del 22 al 23%, mientras que las agresiones de estudiantes a profesores se mantienen en un 5% de las quejas presentadas.

En lo que a padres se refiere, el informe contempla un aumento de cuatro de las siete variables recogidas durante el curso pasado. Las faltas de respeto al profesorado aumentan dos puntos y pasan del 27 al 29% del total de denuncias en este ámbito, mientras que el acoso al que los progenitores someten a los profesionales aumenta del 29 al 30% y las denuncias que involucra a los padres ha crecido tres puntos, del 17 al 20%. Las presiones para subir las notas de sus hijos se ha estabilizado en un 8% y las acusaciones sin fundamento se mantienen en el 27%. El aumento más destacado en el curso pasado se ha producido en el apartado del ciberacoso, que pasa del 5 al 9%. Un incremento, según el estudio, que sigue la tendencia de los últimos años como «consecuencia del aumento y mal uso de la comunicación de los padres con los profesores a través de las nuevas tecnologías en el periodo de crisis sanitaria». Los casos de agresiones de padres a docentes se estabilizan en el 2% de los casos denunciados.

El 77% de los profesores atendidos por ANPE presentaban unos niveles «impropios» de su trabajo, un 11% mostraban síntomas depresivos y un 10% se encontraba de baja laboral. «Es una profesión con mucho estrés. Los profesores se sienten siempre amenazados, y por eso muchos abandonan. Se unen muchas situaciones traumáticas», insiste Sequera. La responsable del informe relata que muchos alumnos acosan al profesor al tratar de mantener unos criterios mínimos de convivencia en el aula, mientras que los padres lo hacen cuando no les encaja la evaluación que hace el profesional de su hijo. «Entonces difaman o injurian al profesor, que es una forma de acoso». 

«Cada vez más directoras, porque ahora hay muchas mujeres, las que quieren dejar el cargo porque muchos padres quieren controlar las cuestiones del centro. Tienen una visión muy egocéntrica e intentan imponer currículos, conceptos a enseñar…. Quieren salir ganando de todas las situaciones», relata Sequera. Ella conoce casos muy llamativos, como uno en el que los padres llamaron violadora a una profesora porque esta llamó la atención de su hija por no respetar las normas básicas de comportamiento en un aula. Eso hace que cada vez más profesionales busquen asesoramiento y atención psicológica y legal ante el Defensor del Profesor. 

Una Ley de Autoridad

La pandemia obligó a que las clases fuesen telemáticas durante buena parte del curso 2019-2020. Eso supuso un descenso de las denuncias, que durante ese año escolar bajaron hasta las 1.594, muy por debajo de las 2.174 del curso 2018-2019 o las 2.179 registradas un año antes. El máximo histórico se registró hace una década, cuando el número de actuaciones se disparó hasta los 3.998 casos. Aunque el curso pasado volvió a aumentar, debido al progresivo regreso a las aulas, los casos no suponen aún ni la mitad de entonces. No obstante, Sequera advierte: «Hemos tenido un proceso de semipresencialidad. Estoy convencida que cuando recuperemos la normalidad, los casos aumentarán».

Por regiones, Madrid es la que más denuncias registra, algo más de 900. Le siguen Andalucía, Canarias y Murcia, aunque ninguna de ellas llega a los 200 casos. En cuanto a los problemas surgidos en el ámbito laboral, los problemas por no aplicar el reglamento del centro desciende dos puntos, del 9 al 7%, pero aumentó un punto porcentual la apertura de expedientes disciplinarios. En cambio, los problemas con la administración se mantienen en el 20%. Con las conclusiones de este estudio en las manos, ANPE reitera la necesidad de desarrollar una Ley de Autoridad del profesorado con «medidas reales que dignifiquen la labor docente y favorezcan un clima de actuación ante casos de acoso». También solicita que se elabore un plan estratégico para mejorar la convivencia escolar en los centros educativos.