El Gobierno vasco recurre al Supremo el rechazo judicial al pasaporte COVID

El Gobierno vasco ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el auto del Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que le denegaba la implantación en la comunidad autónoma del pasaporte COVID para desarrollar ciertas actividades.

En un primer momento, el Ejecutivo euskera había decidido no presentar este recurso para no judicializar este asunto, tal y como ha hecho en anteriores resoluciones del Tribunal Superior de Justicia contrarias a sus planteamientos. Sin embargo, los servicios jurídicos del Gobierno vasco han registrado este miércoles un recurso en el que piden la validación del pasaporte COVID para acceder a determinados lugares y establecimientos de ocio nocturno y restaurantes de más de 50 comensales, como vía que «trata de frenar el actual repunte de la pandemia«.

El gabinete de Iñigo Urkullu defiende la proporcionalidad de esta medida ya que toda restricción de derechos debe ser «necesaria y adecuada para proteger un derecho superior como el derecho a la vida y a la protección de la salud».

En el escrito de casación defiende la proporcionalidad de instaurar el pasaporte COVID y, frente a la posición del TSJPV de que esto afectaría a los derechos a la igualdad, a la intimidad, al de reunión, a la libertad de desplazamientos y a las libertades de expresión y creación artística, sostiene que estos derechos no precisan para su desarrollo que su ejercicio se realice en los locales donde se impondría la exigencia del certificado COVID.

También rebate otra argumentación del Superior vasco de que el elevado índice de vacunación en Euskadi opera contra la implantación del certificado COVID ya que considera que esta interpretación judicial, basada en el interés de proteger el derecho a la intimidad de la población no vacunada, un 10%, «conculca el derecho a la protección de la salud y a la vida del 90% vacunada».

Sobre la no exigencia del certificado a los menores de 12 años, el Gobierno vasco recuerda en su recurso que no se puede pedir la presentación de dicho documento a quien la ley no le permite estar vacunado.

Vuelve a defender el carácter general de aplicación en toda la comunidad autónoma cuando Euskadi supere los 150 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada, dada su reducida superficie, el alto grado de interacción de sus habitantes y las buenas comunicaciones en todo el territorio.

Todo esto hace que la «amplia movilidad» de la población no se circunscriba a su localidad de residencia, «sobre todo en lo que respecta a las actividades objeto de autorización».

Los casos de Cataluña y Murcia

En este sentido, el recurso hace mención a los casos de Cataluña y Murcia, donde sus respectivos tribunales superiores avalaron la exigencia de pasaporte COVID para un sector concreto y en toda la comunidad.

Argumenta que la orden del Departamento de Salud elevada a consulta al TSJPV «sí imponía un nivel de aplicación de la medida», como es la citada tasa de incidencia, un criterio que, a su juicio, «anula la indiscriminación aducida» por el Superior vasco.

Tras el anuncio este martes de que el Gobierno Vasco no iba a recurrir al Supremo la decisión del Superior de Justicia, el PSE-EE, socio del PNV en el Ejecutivo, se ha manifestado a favor de que sí se recurriera el auto, algo que ha hecho finalmente para «agotar las posibilidades» de implantar esta medida, que contribuiría a atajar una «nueva ola» de la COVID-19 y a «incentivar, aún más si cabe, la vacunación».

La ministra de Justicia, Pilar Llop, negó ayer que hubiera «lío» con la implantación del pasaporte COVID en las comunidades autónomas, ya que es el Tribunal Supremo el que sienta doctrina sobre esta cuestión cuando se recurren ciertas decisiones de los tribunales autonómicos. «No creo que sea un lío. Lo que se acordó, y así está en las disposiciones legales, es que sea el Tribunal Supremo el que siente doctrina sobre esas cuestiones cuando se recurren», declaró.