La juez archiva el 'pelotazo' de Javier Botín en Vitaldent tras practicar solo una diligencia en ocho meses

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha archivado la investigación sobre uno de los mayores pelotazos de los últimos años: la adquisición de Vitaldent por parte de Javier Botín a un precio de unos 26 millones de euros para venderla después por 350 millones. Y lo ha hecho después de ocho meses de instrucción en los que tan solo se ha practicado una diligencia, la toma de declaración del querellante. 

«De la diligencia de instrucción practicada y de la documental obrante en autos (…) no se entiende suficientemente justificada la perpetración de los delitos que se ponen de manifiesto en la querella y que dieron lugar a la incoación del presente procedimiento», señala la juez Carolina González en el auto de archivo de la causa, fechado el 18 de noviembre y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. 

La propia magistrada admitió a trámite el pasado 5 de marzo la querella interpuesta por Javier Arteaga, que en 2016 poseía el 20% de las clínicas de Vitaldent junto a Ernesto Colman, dueño del restante 80% y propietario hasta entonces de la marca. Arteaga, que se ratificó en su querella ante la juez el pasado 4 de mayo, acusaba a Javier Botín y sus socios de orquestar un presunto plan a través de sociedades interpuestas -un total de 25 participaron en la operación- para comprar sus franquicias a un precio muy por debajo de su valor real. 

El querellante, que tenía 22 clínicas de Vitaldent, alegaba que Botín y el resto de querellados habrían incurrido en presuntos delitos de estafa, extorsión, alteración de precios y evasión de impuestos. Sin embargo, la juez ha decidido dar carpetazo a la causa ocho meses después de abrirla al entender que «ningún indicio del presunto engaño» señalado por Arteaga en su querella acredita que «fuera extorsionado y compelido a firmar contrato o acuerdo alguno con los querellados».

«Más allá de su relato de hechos que hace desde el rencor por sentirse engañado por los querellados y de unos correos electrónicos intercambiados entre las partes», añade la magistrada. 

El banco de inversión JB Capital Markets, presidido por Botín, adquirió a Colman sus franquicias y la marca Vitaldent por 18,5 millones de euros en noviembre de 2016, cuando Arteaga y Colman se encontraban en prisión en el marco de la denominada ‘operación Topolino’, archivada recientemente por la Audiencia Nacional y en la que se investigaban supuestos delitos contra la Hacienda Pública por parte de Vitaldent.

Cinco días después de comprarle a Arteaga sus clínicas, según la querella, la firma presidida por Botín había vendido Vitaldent al fondo Advent por 350 millones

Después de la compra de la marca Vitaldent y de las franquicias de Colman, el banco de inversión quiso hacerse también con la veintena de clínicas que poseía Arteaga, la mayoría en Canarias. Para ello, le ofreció en 2018 un acuerdo con un precio de compra fijo y otro sujeto al devenir de los resultados que tuviera la compañía en los meses siguientes. En ese periodo, según el querellante, no se cumplieron los acuerdos de financiación pactados con él, mediante una presunta manipulación e inacción intencional de los compromisos, lo que le habría llevado a una «situación límite de cierre».

Así, el 31 de mayo de 2019 se firmó un contrato de compra venta por 9 millones de euros de los cuales se abonaron a Arteaga 7,5 millones, según la querella, con lo que la adquisición de Vitaldent le habría costado a JB Capital Markets en total unos 26 millones de euros. Cinco días después de comprarle a Arteaga sus clínicas, la firma presidida por Botín había vendido Vitaldent al fondo Advent International por 350 millones de euros, trece veces más de lo que le costó comprar la marca y las clínicas dentales.

Intervención judicial, clave para la juez

En el auto de archivo de la causa, la juez destaca que la ‘operación Topolino’ supuso también la intervención judicial de Vitaldent. Por esta razón, la magistrada señala que «todas las operaciones que el querellante tacha de fraudulentas e ilícitas se llevaron a cabo con la autorización y bajo la supervisión» de la administración judicial, incluida la compra por parte de los querellados de la marca y su subrogación en cuanto a las clínicas franquiciadas. 

Este argumento jurídico era uno de los utilizados por la Fiscalía en su escrito, remitido al juzgado el 28 de septiembre, en el que solicitaba el sobreseimiento de la causa sin que ni tan siquiera se hubiera tomado declaración a los querellados. La defensa de los investigados también había pedido el archivo del caso. 

Todas las operaciones que el querellante tacha de fraudulentas e ilícitas se llevaron a cabo con la autorización y bajo la supervisión del administrador judicial, según la juez

Además, Arteaga aseguraba en su querella que pactó un precio de venta por sus clínicas de 9 millones, de los que recibió 7,5 millones, según su versión. Sobre este punto, la magistrada y la Fiscalía entienden que debería «ventilarse ante la jurisdicción civil».

«El señor Arteaga entiende que se le adeuda parte del precio, pues a su juicio se debieron abonar 9.000.000 millones de euros, cuando los querellados solo le abonaron 7,5 millones de euros, reclamación que, en su caso, debería ventilarse en la jurisdicción civil, al igual que el supuesto incumplimiento por parte de los querellados de los contratos suscritos, descartado el engaño, elemento típico del delito de estafa», indica la juez en su auto de archivo de la causa.