Vox cambia el discurso y apoya la reindustrialización de Cádiz en plena huelga
La formación votó en diciembre en contra de una iniciativa que exigía aumentar la carga de trabajo de esta industria y convertirla en sector estratégico
Román Ríos | EFE
La huelga de los trabajadores del metal en Cádiz ha paralizado la principal industria de la provincia. Sus reivindicaciones han encontrado la solidaridad de gran parte de la sociedad española, incluido Vox, que culpa al Gobierno de la situación. Su líder, Santiago Abascal, ha entrado de lleno en la cuestión afirmando que «la única solución posible es la reindustrialización de la Bahía y la protección de los trabajadores». Un discurso que contrasta con el que la formación tenía hace apenas un año, cuando votó en contra de una iniciativa de Unidas Podemos que exigía dotar de mayor carga de trabajo a la industria y declararla sector estratégico de la economía española.
La industria del metal inició sus paros hace 10 días. Miles de personas han tomado la calle levantando barricadas, lanzando piedras e incendiando contenedores frente a un despliegue policial que algunos grupos políticos han considerado «desproporcionado». Los medios desplegados han motivado incluso algún que otro desencuentro entre las Administraciones. A pesar de que las posiciones han estado muy alejadas en todo momento, patronal y sindicatos alcanzaron a última hora de este miércoles un preacuerdo para poner fin a la huelga. Recogerá subidas salariales del 2% hasta 2024, con mecanismos de compensación con el IPC, una solución que dista bastante de las intenciones de los trabajadores, por lo que está por ver si los 29.000 afectados refrendan el pacto.
Cádiz es una tierra de movilizaciones históricas. La provincia sufre un elevado porcentaje de desempleo, que supera el 23%, y está azotada por la precariedad laboral. Lleva décadas sumida en estos y otros problemas sin que las Administraciones públicas tracen un plan efectivo para revertirlo. Los empleados del metal no solo exigen mejoras salariales, también piden que se les dote de un nuevo convenio colectivo, que expiró hace un año sin que haya habido hasta ahora acuerdo para renovarlo. Para muchos, la base del conflicto radica en la disminución de los pedidos que llegan a empresas como Navantia, lo que les obliga a realizar reajustes permanentemente.
«Malas artes»
El mismo mes en el que los trabajadores se quedaron sin red, la comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso aprobó una iniciativa para que el Gobierno dotara de mayor carga de trabajo a la industria del metal en Cádiz y declarara su actividad como sector estratégico de la economía. El texto contemplaba una «intensificación» de la Inspección de Trabajo para «garantizar los derechos de los trabajadores». La intención era reducir la subcontratación, que las diputadas andaluzas Isabel Franco y Martina Velarde, de Unidas Podemos, cifraron en un 80%. La propuesta contó con el voto favorable de todos los grupos, excepto Vox y PNV.
Agustín Rosety, diputado de Vox por Cádiz, pidió entonces a Podemos que dejara «de jugar con los trabajadores de la provincia» y criticó sus «malas artes». En su opinión, la propuesta no incluía «ni una sola medida para defender a uno de los sectores más esquilmados de la provincia durante los últimos años». Rosety aseguró que se trataba de «una jugada tramposa» de Podemos, cuyo fin era «potenciar el astillero de Ferrol para su especialización en la construcción militar y dejar las energías renovables para las factorías de Cádiz con algo de construcción civil». Para el representante de Vox, la iniciativa solo buscaba «quitar peso en la construcción militar a la provincia», un extremo que las diputadas de la izquierda rechazaron. Un año después, la formación ha girado su discurso por completo.
«La lucha de los obreros del metal es la reivindicación legítima de una provincia condenada a la miseria. En lugar de escuchar sus demandas, Marlaska ofrece abandono y represión. La única solución posible es la reindustrialización de la Bahía y la protección de los trabajadores», escribía Santiago Abascal en Twitter. En su opinión, «las imágenes de Cádiz retratan la traición de la izquierda a los trabajadores», algo que ha motivado las críticas de tuiteros y representantes de diferentes formaciones políticas, que han recordado al líder de Vox la posición de su partido hace un año. Incluso hay quien le reprocha mantener el Gobierno del PP y Ciudadanos en Andalucía, que «no ha movido un dedo» para mediar en el conflicto.
Juan José Aizcorbe, diputado de Vox por Barcelona, ha ido más lejos al afirmar que «el Gobierno abandona a los trabajadores del metal» mientras «siguen regando a los sindicatos con el dinero de todos los españoles». En su opinión, el Ejecutivo es responsable de la situación de Navantia y Airbus «por falta de inversiones y una política exterior nefasta para las exportaciones». Estas declaraciones, y la manera con la que el Gobierno trata de solventar el conflicto, ha exasperado al alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, que ha denunciado en redes sociales que la «inacción política y la represión para resolver el conflicto da alas a la extrema derecha». En el mismo mensaje, ha pedido a Vox que «saque sus sucias manos de la clase obrera gaditana». La formación de Abascal le ha respondido que no acepta «lecciones de defensa de los trabajadores de quien mantiene su cuidad sumida en el paro y la miseria».
«Traición de la izquierda»
Vox también ha reprochado al Gobierno el uso «desproporcionado» en las protestas de Cádiz, donde incluso se ha usado un vehículo blindado que, según Abascal, «retrata la traición de la izquierda a los trabajadores». Y ha insistido: «Nos parece muy significativo que el Gobierno utilice medidas más contundentes contra los trabajadores desesperados que contra quienes asaltan nuestras fronteras o quienes han dado un golpe separatista en Cataluña». Durante el debate en el Congreso por los presupuestos, el diputado de Vox Víctor González Coello de Portugal ha expresado su «repulsa» a los que «confunden la defensa de su puesto de trabajo con una lucha o con la guerra». Dirigentes del PSOE y Podemos consultados por THE OBJECTIVE sostienen que estas declaraciones son «una mera pose», un intento por sacar rédito político del descontento de los trabajadores.
Los afectados pedían un aumento salarial que se ajustara a la subida del IPC, ya que la inflación se ha disparado por encima del 5%, lo que supone una importante pérdida de poder adquisitivo. La idea era que el sueldo creciera un 2,5% más el IPC anual para el próximo año y un 3% más el IPC en 2023. La patronal solo ofrecía un aumento del 2%, que es el montante que incluye el preacuerdo alcanzado, aunque este incorpora mecanismos de compensación con el IPC. Otras de las reclamaciones que hacen los trabajadores es la rebaja de cuatro horas de trabajo al año, que se acabe con la eventualidad y que se acuerde un nuevo convenio colectivo, que expiró en diciembre.
