Las víctimas piden a Sánchez que incluya en la nueva ley de memoria un listado de calles franquistas prohibidas

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido al presidente Pedro Sánchez que la nueva Ley de Memoria Democrática, en fase de tramitación parlamentaria, incluya un listado de calles franquistas que no pueden existir en ningún municipio de España. Para eso ha registrado una solicitud en el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Félix Bolaños.

La ARMH realiza esta solicitud para que «se corrijan los errores de la Ley de Memoria Histórica» que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. En opinión de las víctimas de la dictadura, la norma dejó abierta a la interpretación las denominaciones de calles franquistas, algo que «ha causado conflictos políticos y actuaciones judiciales contrarias a la retirada de los homenajes en el callejero a los franquistas». En Madrid, por ejemplo, el Gobierno de Manuela Carmena retiró el nombre de algunas vías, como la calle del general Millán Astray, pero José Luis Martínez-Almeida la restituyó según lo dictado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

«Una vez evaluados los efectos que tuvo aquella indefinición y los problemas que han causado numerosos municipios, la ARMH considera que es el momento de concretar aquellos nombres que no pueden existir rotulados en las placas de ninguna calle, plaza o espacio público», informa la organización creada por víctimas de la Guerra Civil y del franquismo en el 2000. En opinión de su presidente, Emilio Silva, lo ocurrido en localidades como Madrid u Oviedo es «el resultado de un texto legal poco concreto que no definió con rigor y firmeza los límites, dentro de los cuales no pueden existir homenajes ni reconocimiento a personas que formaron parte de un régimen que violó derechos humanos y se negó a instalar urnas electorales durante 40 años».

«Una legislación contundente»

Para la ARMH, la ley de 2007 dejó un amplio margen a la interpretación y eso la convirtió en una herramienta fallida para muchas localidades, que no han podido resolver los problemas con la nomenclatura franquista o que «han visto cómo actuaciones judiciales han mantenido las calles vinculadas a la dictadura». Silva sostiene que «aquel texto nació de una falta de verdadera voluntad política, y así lo manifestó el legislador, dejando que el mantenimiento o no de las calles fuera interpretable».

«Lo que le pedimos al Gobierno es que haga una legislación contundente, que incluya una lista de denominaciones que no pueden existir en ningún callejero y que, de ese modo, tengan que ser retiradas por ley. Que no existan grietas como las que han facilitado mantenerlas», explica Silva, presidente de la asociación memorialista, que lleva dos décadas exhumando los restos de las víctimas con recursos propios.

En su opinión es necesario «evaluar lo ocurrido desde 2007 y tomar las medidas necesarias para evitar que se repitan los mismos errores en la nueva Ley de Memoria Democrática. Un proyecto que se encuentra en plena tramitación parlamentaria, pero que el Ejecutivo ha retrasado por las tensiones surgidas con sus socios, que reclaman derogar la Ley de Amnistía, aprobada por Adolfo Suárez en 1977 con el objetivo de buscar la reconciliación nacional durante la Transición.

Silva explica a THE OBJECTIVE que el Gobierno de coalición deja la discusión de la nomenclatura de los espacios públicos a los plenos municipales. Desde su punto de vista, estas medidas deberían tomarse de acuerdo a una ley. «No se pueden someter a la discusión política porque son esenciales y fundamentales para el sostenimiento de los valores democráticos», reconoce. Además, el presidente de la ARMH sostiene que la discusión sobre si un dirigente franquista merece una calle «denigra a las víctimas de la dictadura» porque «se está dudando de su responsabilidad en el daño que padecieron».

Las asociaciones memorialistas dudan de que, según está planteada la nueva ley, se pueda «garantizar el derecho a la Justicia de las víctimas». Los dirigentes de PSOE y Unidas Podemos han admitido que el proyecto legislativo no deja sin efecto la Ley de Amnistía, sino que ratifica su vigencia y reafirma su interpretación conforme a los tratados internacionales.

El ministro Bolaños precisó que, si la norma entra en vigor, la situación jurídica en España no cambiará y seguirá rigiéndose por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que España ratificó en 2002. Además, la Audiencia Nacional ha cerrado hasta en tres ocasiones la puerta a perseguir los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2004, ya que no fue hasta ese año cuando se incorporó la figura al Código Penal español.