La candidata del PP en el Tribunal de Cuentas juzgará los gastos del 'procés'

La nueva consejera del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez Salguero, propuesta para el cargo por el Partido Popular, ha sido designada para el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, en sustitución de Margarita Mariscal de Gante. Ese departamento es el encargado de enjuiciar las presuntas irregularidades contables del ‘procés’ y de las denominadas ‘embajadas catalanas‘ y el Diplocat.

En nota de prensa recogida por Europa Press, este tribunal señala además que el Pleno ha decidido este lunes que la fiscalización de los partidos políticos se realice «en coponencia integrada» por las consejeras María Dolores Genaro Moya -consejera propuesta por PSOE- y Elena Hernáez.

Este lunes, el plenario ha abordado el reparto de todas las secciones entre los doce nuevos consejeros. Así, conforme a esta nueva distribución, la Sección de Enjuiciamiento estará presidida por Rebeca Laliga Misó, mientras que del Departamento Segundo se ocupará Hernáez; del primero, María Rosario García Álvarez; y, del tercero, Diego Íñiguez.

Hernáez tendrá así un doble cometido, ya que será responsable de entender sobre el proceso abierto en el órgano fiscalizador sobre el ‘procés’ -en fase de enjuiciamiento- pero también se coordinara para fiscalizar a los partidos con Genaro.

‘El procés’ en el Tribunal de Cuentas

Cabe recordar que la responsabilidad contable que se reclama a los ex presidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras y Raül Romeva, y a otros 37 ex cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, se fijó inicialmente en 5.422.879,48 euros.

Según el acta de liquidación, a la que tuvo acceso Europa Press, de este importe total 5.151.156 euros corresponden al principal y otros 271.723,48 euros a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación.

En ese acta, se les reclaman a cada uno cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, si bien todos ellos debían responder de forma solidaria hasta los 5,4 millones del total, según fuentes del órgano contable consultadas.

Gastos del 1-O

Previamente, en el acta de liquidación de 2020 relativa al ‘procés’, cabe recordar que el Tribunal de Cuentas fijó en 4,1 millones de euros los gastos y pagos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

De esos 4,1 millones, 3,9 corresponden al principal del alcance y 242.980,11 euros a los intereses provisionalmente calculados desde los hechos hasta el acta de liquidación provisional.

Las actas de liquidación, que son provisionales hasta que se celebre el juicio y se dicte sentencia, conllevan que los presuntos responsables tienen que afianzar o depositar las cantidades que se han fijado durante la fase de instrucción. Los 4,1 millones de euros ya fueron consignados por personas del entorno independentista.

Los otros 5,4 millones de euros, fueron avalados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), pero la delegada instructora Esperanza García Moreno los rechazó, tras lo cual ERC pagó unos 2 millones de euros, conforme explicaron a Europa Press fuentes republicanas.

Reorganización interna

En el mismo Pleno, el Tribunal de Cuentas ha aprobado que la Sección de Fiscalización, presidida por Genaro Moya, se reorganice en seis departamentos. Así, Javier Morillas estará a cargo de la correspondiente a los servicios públicos básicos y los bienes públicos de carácter preferente; José Manuel Otero, del sector público fundacional y empresarial y otros entes estatales; Isabel Fernández Torres, de la protección y promoción social; y Joan Mauri, de las actuaciones de carácter económico y general.

Asimismo, Luis Antonio Ortiz de Mendívil llevará el departamento encargado de fiscalizar a las comunidades y ciudades autónomas, y Miguel Ángel Torres hará lo propio con las entidades locales.

El Tribunal de Cuentas ha explicado que «las modificaciones aprobadas en el nuevo organigrama son de carácter interno y buscan adaptarse a la clasificación por áreas de gasto que establecen los Presupuestos Generales del Estado» con el objetivo de tener «un funcionamiento más flexible y coherente».

En el caso de la Sección de Fiscalización, ha detallado que «se pretende reforzar la eficacia de la función fiscalizadora para dar mejor respuesta al incremento del número de programas de gasto cuando además interviene más de un departamento ministerial». «Se pretende facilitar la fiscalización transversal de las políticas públicas bajo un enfoque integrado de gobierno y por tanto, una perspectiva más global», ha indicado.