El doble adelanto electoral del PP en 2022 complica el acuerdo de Sánchez para renovar el CGPJ

Una vez más, la plena vigencia del espíritu de la Constitución de 1978 estuvo más en los discursos que en los hechos. Mucho apelar al cumplimiento de la Carta Magna en toda su extensión pero poco de la concordia que emana de la Ley de Leyes. A la puerta de los Leones del Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dirigió un fugaz y frío saludo al líder del PP, Pablo Casado, a quien no saludó hace un año y quien respondió cordialmente: «Feliz Día de la Constitución, presidente». La respuesta de Casado parecía encerrar cierta sorna tras el aviso de Sánchez minutos antes en el atril de las declaraciones ante los medios: «Lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra Constitución y cumplir de ‘pe a pa’ todos los artículos». 

Un recado que se hizo públicamente también por parte de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, al atizar veladamente a quienes incumplen el mandato constitucional: «Quien discute el cumplimiento de la Constitución pretende situarse por encima de ella». Discursos coordinados en publico y en privado, en los tradicionales corrillos del Día de la Constitución el 6 de diciembre, que en este 2021 se trufaron de inquietud en los círculos gubernamentales. La preocupación pareció destilar en los corrillos gubernamentales, principalmente en las conversaciones informales del presidente del Gobierno y su ministro de Presidencia y negociador en la materia, Félix Bolaños. 

Sánchez y Bolaños: «La negociación se ha parado»

La sensación principal que transmitieron ambos es que algo ha cambiado, ante la voluntad del PP de priorizar su calendario electoral en 2022, con los dos adelantos electorales en Castilla y León y Andalucía, como avanzó THE OBJECTIVE. Después de varios días en los que la información era un posible pacto inminente, el presidente aseguró que «de esto no tenemos contacto» y que el PP «tiene que hacer una reflexión sobre lo que tiene que hacer la oposición para que haya instituciones renovadas y legitimadas». Es una situación inédita, se ha normalizado el incumplimiento flagrante de la Constitución». ¿Pero no habrá pacto?, fue la pregunta. «Dos no bailan si uno no quiere», dejó claro Pedro Sánchez. 

Su ministro y negociador, Félix Bolaños, añadió en conversación informal con la prensa que la negociación «se ha parado» y que ya no hay visos de recuperarla porque el PP ha decidido priorizar el calendario electoral para que 2022 favorezca un cambio de ciclo. La Moncloa lanza un reproche hacia el PP porque considera que se anteponen sus intereses electorales para revalidar a Alfonso Fernández Mañueco y Juan Manuel Moreno Bonilla a la «necesidad de estabilidad de la ciudadanía que necesita una legislatura de cuatro años», pese a que ambos tienen la prorrogativa de convocar cuando estimen conforme a sus «estatutos de autonomía de segunda generación». 

Un «suicidio» para el PP

Desde la dirección del PP se evidenció la marcha atrás al argumentar que no cerrar un acuerdo por el CGPJ no les pasaría factura electoral como sí ocurriría al «cerrar un mal acuerdo con el Gobierno» que no recoja su reclamación de de cambiar la ley para el sistema de elección. «Ya cambiaremos la ley cuando lleguemos a la Moncloa y renovaremos al poder judicial», afirmaron mientras su líder, Pablo Casado, clamaba ante los periodistas contra el «revisionismo casi suicida» de Pedro Sánchez que gobierna gracias a los «radicales» y «homologando al brazo político de ETA», en relación a Bildu. 

En privado, otras fuentes del PP creen que «el suicidio» sería cerrar un acuerdo ahora con el Gobierno para renovar el CGPJ que pudiera perjudicarles electoralmente en los comicios de primeros de año en Castilla y León y junio en Andalucía. «El pacto estaba a punto pero no se cerró rápido y ya es imposible. Demasiado tarde para meterse un tiro en el pie».

Las palabras de los miembros del PP concuerdan con el pesar en el Gobierno que apuntaban hace días a la posibilidad de cerrarlo antes de final de año y ahora posponen la cuestión a la primavera, cuando se iniciaría la campaña electoral en Andalucía. Ajena a este extremo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, insistió en la necesidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces para cumplir con las exigencias de la Comisión  Europea antes de la visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, el próximo mes de marzo, para realizar el informe jurídico de la Comisión en torno al cumplimiento por parte de los Estados miembros.