Con la falsa excusa de que España, por su despotismo secular, les debe algo a “los pueblos” que la componen, se ha creado el Estado Autonómico (Título VIII de la Constitución). La Constitución del 78 opera así una suerte de damnificación sobre esos pueblos agraviados por la acción histórica de España, y ahora se busca devolverles una identidad que, por lo visto, se les había hurtado. De esta manera, la norma constitucional, que debiera de ser inequívoca en su forma (para su posterior interpretación técnica jurídica), queda expuesta a la incertidumbre de la interpretación “histórica” de dichos agravios. La historiografía se convierte en una suerte de “cuaderno de quejas” en el que cada región ve sus derechos vulnerados y, ahora, con la democratísima constitución del 78 tienen que ser compensados, restaurados.
“Las autonomías son algo así como el sistema que nos permite recuperar aquello que nos han quitado”, dice muy bien Roca Barea en el prólogo al libro 1492, España contra sus fantasmas (editorial Ariel), retratando crítica y perfectamente el sentido ideológico de lo que ello significa. Y es que de esto se trata. Se quiso hacer de la noción de “autonomía” una entidad meramente administrativa, con pretensiones de neutralidad, cuando no lo es en absoluto (ni puede serlo). Es una noción ideológica, disolvente, metida en el seno de la administración del estado y que, se supone, se introdujo para tratar de devolver a las regiones una “dignidad” nacional que nunca han tenido. El autonomismo constitucional quiso ser, seguramente, una vacuna, un remedio para neutralizar “esta sarna de resentimientos lugareños que nos corroe”, por decirlo con Unamuno, pero muy lejos de ello lo que hizo fue, más bien, precipitar la enfermedad.
Porque el caso es que no es posible componer el Estado con la sedición, que sería algo así como hacerse trampas al solitario. Y esta es la (imposible) virguería de la Transición, tratar de incorporar ese resentimiento en el cuerpo político español como si nada y, claro, el engaño pudo durar unos años.
De hecho, la infiltración, por este sumidero autonómico, de las facciones nacional-separatistas en las instituciones españolas -que yo he comparado muchas veces con la infiltración del parásito neumónido en su víctima- ha permitido, les ha permitido a los representantes de dichas facciones, establecer una suerte de entramado institucional, cuasi-nacional, con sus magistraturas y cargos, con sus presupuestos y hacienda, con sus satélites y dependencias, cuya actividad durante los últimos años se ha desarrollado con un claro objetivo: la fragmentación de España. Por su parte, aquellas autonomías que no han sido administradas directamente por miembros de dichas facciones han desarrollado igualmente, por mímesis (y quizás con la buena intención de neutralizar sus efectos), un entramado parecido (es el famoso “café para todos” que quería evitar Pujol) que, lejos de solventar el problema, lo que ha hecho es profundizar aún más en él. “De la misma manera que ser demócrata es un requisito básico para actuar en democracia, ser galleguista será un atributo elemental para actuar en la democracia galega” (decía Alberto Núñez Feijoo allá por el año 2012).
De este modo, y sea como fuera, el aura “nacional” que tienen las instituciones autonómicas en España, emanada de este entramado (con sus parlamentos, gobiernos, consejeros, policías, oficinas en el extranjero… su lengua y emblemática diferenciales), genera una impresión -para muchos una realidad- , por la que pareciera como si dichas comunidades autónomas fueran, ya de hecho, una suerte de “todos nacionales aparte”, y no “partes regionales de un todo” nacional (por utilizar la fórmula orteguiana). “Naciones” estas que se terminan “solidarizando” entre sí, pero por razones coyunturales, de conveniencia más o menos circunstancial (Europa, la democracia, el Estado de bienestar, etc), pudiendo, si los aires de la conveniencia soplasen en otro sentido, y así pluguiera a los pueblos (Völker) correspondientes, eclosionar en forma de naciones independientes asistidas por su “derecho de autodeterminación” (y esto es, claro, lo que han terminado declarando en el parlamento de Cataluña, en el año 2017, espoleados en este caso por el “España ens roba”). Un derecho de autodeterminación, recordemos, que es el primer punto (no el segundo, ni el cuarto), de los 25 del programa del Partido Nazi en su momento (y que le valió como justificación de la expansión alemana por Europa central).
Digamos que ha sido el propio Estado autonómico el que ha abonado la idea de la autosuficiencia dirigida a cada parte regional (ya el propio nombre “autonomía” lo sugiere), invitando, a través del desarrollo de dicho entramado institucional autonómico, a la posibilidad de que, en cualquier momento, pueda producirse el fiat de la “desconexión” (y es que la noción de soberanía no es otra cosa que la versión moderna –Bodino, Hobbes- de la autosuficiencia de la polis antigua –Aristóteles-).
Cuando el Estado quiere reaccionar, y, a través de la Constitución, busca parar este “proceso” (“prusés”), por ejemplo, con el art. 155, se encuentra ya con una masa institucional espesísima, y no solo autonómica, sino también local, cuya fuerza inercial es favorable al propio proceso de fragmentación secesionista (además de contar este también, por supuesto, con las fuerzas vectoriales –los partidos separatistas- que lo impulsan).
Particularmente a escala municipal el escándalo es mayúsculo. En muchos, por no decir la práctica totalidad, de los pueblos y ciudades de la región vasca, gallega, catalana, etc, los ciudadanos españoles viven allí envueltos por toda una liturgia y simbología diferencial (toponimia, escudos, banderas, cartelería, incluso la tipografía de la letra de dicha cartelería, folklore, etc), de tal modo que, cualquiera que se acerque desde cualquier otra parte de España, tiene la impresión, en efecto, de que entra en un país extranjero. La emblemática asociada a España, sin embargo, ha sido exterminada (sacada fuera de los términos regionales) y sustituida, no por la regional, sino por la regionalista, produciéndose así una auténtica depuración nacionalfragmentaria de todo “lo español” (o más bien de lo que se tiene por tal, porque la sardana, por poner un ejemplo “litúrgico”, es tan española como la jota, aunque desde la propaganda autonomista no se tenga por tal).
De este modo, cuando en el seno de cada comunidad autónoma se ha vaciado al Estado de contenidos nacionales, convirtiéndolo en un “Estado sin atributos” (sin significado nacional), y son sustituidos por contenidos antinacionales (haciendo odioso todo lo que proceda de España), entonces a cualquier gobierno le resultará muy complicado reaccionar ante el desafío separatista. Si el Estado alberga en su seno a los sediciosos, sentándolos en parlamentos y plenos municipales, y les permite actuar (en el sistema educativo, medios de comunicación), después es muy difícil de justificar una acción en contra, que resista la acción sediciosa (a duras penas se les puede sentar en el banquillo de los acusados).
Y es que pareciera, tal es la impresión (pero una impresión, insistimos, amparada institucionalmente por el blindaje estatutario y competencial autonómico), que un gobierno, por ejemplo, de nuevo, al aplicar el art. 155 de la CE, se está inmiscuyendo en asuntos que no le corresponden por ser internos a cada autonomía (“quite sus sucias manos de Cataluña”, le dijo en sede parlamentaria cierto diputado erostatrista y rufianesco al, en ese momento, presidente del gobierno Mariano Rajoy cuando este, ya de un modo perentorio, quiso poner freno al golpismo secesionista en Cataluña). El Estado reaparece de este modo en el interior de cada autonomía, después de haber sido previamente expulsado, en sus formas más antipáticas, proyectando fácilmente sobre él la impresión de un monstruoso y despótico leviatán, que solo sabe recurrir a la “violencia” (la policía frente a las urnas) para solventar los problemas políticos.
Y el problema está en ese espíritu constitucional, que ha inspirado a los padres de la patria cuando se reunieron en el Parador de Gredos, que han elaborado una Constitución pensando en que España tiene que pagar a las regiones sus deudas históricas con ellas, y que resultan ser, claro, un saco sin fondo. Resulta que la argamasa que articula el estado autonómico es “esta sarna de resentimientos lugareños que nos corroe”, que invita a la divergencia y la disolución.
