La madre repudiada en Castelldefels por pedir el 25% de castellano: «El PSC jamás nos pidió perdón»

La reciente sentencia del Tribunal Supremo para que las escuelas públicas catalanas apliquen un 25% de clases en castellano ha representado un triunfo moral para entidades como Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) o Societat Civil Catalana, quienes llevan años luchando por los derechos lingüísticos de los alumnos castellanohablantes en la región. Antes de este gran éxito, sin embargo, hubo familias que también se movilizaron y sufrieron el escarnio público por pedir una educación bilingüe.

Uno de los casos más flagrantes fue el que se vivió en el municipio de Castelldefels, cuando la alcaldesa del PSC, María Miranda, se sumó en 2017 a una moción que acusaba a las familias que habían recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de politizar la educación y se hacía una llamada a desobedecer el auto judicial. Dafne fue una de estas madres coraje que lideró la batalla lingüística a principios de 2016 -en pleno auge del procés independentista- y explica que tuvo que enfrentarse no solo a la «hostilidad»  de los profesores de la escuela pública Josep Guinovart sino también a la oposición del equipo municipal.

Dafne prefiere salvaguardar su intimidad y no ha querido que este medio publicara una foto personal por miedo a los ataques que pueda recibir: «Mis hijos ya han sufrido bastante» apostilla. En especial ahora que se han sucedido episodios parecidos en Canet de Mar, donde se han alentado acciones de odio contra los alumnos que han pedido recibir clases en su lengua materna.

Celebra, eso así, que la justicia catalana le diera la razón en 2020, después de un largo periplo judicial. Aunque avisa que «el PSC jamás le pidió perdón» por su posición acrítica con el modelo de inmersión lingüística que llevó a su primera edil a cerrar filas con la escuela en contra de esta veintena de familias que solo querían que sus hijos pudieran recibir clases en castellano. 

Dafne llegó a España procedente de Argentina en 2002. Casada y con dos hijos, después de un tiempo en Baleares se instaló en el municipio costero de Castelldefels. «No me parecía lógico que en una escuela pública solo se enseñara catalán. Contacté con la AEB y me dijeron que por el momento solo podía conseguir el 25% de clases en castellano», relata. Lo que en un principio le parecía una solicitud normal y corriente pronto se convirtió en una afrenta al nacionalismo. «Al colegio no le gustó la idea y a la mayoría de padres tampoco». 

Presión de los independentistas

De las 93 solicitudes que hubo, solo 22 siguieron adelante. «La mayoría de familias se bajaron del carro por la presión que recibieron de los otros padres». El hecho de tener que ir a los tribunales tampoco les puso las cosas fáciles. Y es que todas las solicitudes que enviaron a la Generalitat para que el colegio público estableciera la enseñanza en castellano fueron denegadas: «Tuvimos que ir con abogados al TSJC y ahí mucha gente no quiso seguir adelante».

Y es que uno de los argumentos del Govern para blindar su modelo monolingüe en las aulas catalanas es la poca demanda de padres que solicitan cambiar de modelo. El problema, sin embargo, es que los ciudadanos que lo piden tienen, a menudo, a las instituciones autonómicas en contra y deben superar distintos escollos. 

«Voluntad presunta»

Es decir, aquel ciudadano que no quiere la inmersión lingüística para sus hijos debe oponerse públicamente. Se basa, explican los expertos, en el mecanismo que ejercen los gobiernos con la «voluntad presunta», relativa a que cuando un Ejecutivo quiere que una iniciativa tenga adeptos minimiza los trámites en la ley. Por ejemplo, Holanda aprobó una ley que convertía sistemáticamente en donante de órganos a todos los mayores de 18 que fallecían, salvo oposición expresa. En cambio, en los países con libertad de elegir, hay que rellenar unos trámites burocráticos para ser donante que ahuyentan a muchos potenciales interesados. 

Con la inmersión ocurre una situación análoga: la Generalitat implementa por defecto este sistema e ir en contra obliga al ciudadano de a pie a significarse e iniciar un largo proceso administrativo y judicial para lograr su objetivo. De hecho, y como informó THE OBJECTIVE, la novedad con el dictamen del Supremo es que obliga a la Generalitat a ajustar a derecho el 25% de clases en castellano, sin que se deba denunciar caso por caso como hasta ahora.

El giro de Illa

Esta polémica con la sentencia del Supremo ha sacudido también internamente el PSC. Salvador Illa ha intentado moderar el histórico apoyo de su partido a la inmersión lingüística y ha hablado de «flexibilizar» dicho modelo, pero en los municipios con fuerte penetración nacionalistas el PSC sigue apoyando mociones a favor de la inmersión y de los sindicatos que, como Som Escola, ya han anunciado una manifestación en contra de la sentencia judicial.

Dafne es poco optimista que el equipo municipal de Castelldefels cambie de posición: «El PSC dice una cosa y hace otra», sostiene. Sí atesora esperanzas en que, como sucedió en su caso, la Generalitat tenga la obligación de aplicar el 25% de castellano. Pero pone más confianza en el sistema judicial que en la voluntad de los partidos catalanes. «No les queda otra que cumplir», concluye.