Álvarez de Toledo recurre el expediente del PP al tratarse de un «procedimiento nulo»

La exportavoz parlamentaria del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha entregado este viernes las alegaciones al expediente sancionador que le incoó la dirección popular en el Congreso el pasado 30 de noviembre, por no haber apoyado la elección de los candidatos que su grupo parlamentario pactó con el PSOE y Unidas Podemos para renovar el Tribunal Constitucional, desmarcándose así de las directrices de su formación para esa votación secreta.

La diputada y autora del polémico libro Políticamente indeseable indica en el escrito de siete páginas, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE y que puedes leer aquí, que presenta estas alegaciones al considerar que su grupo parlamentario debe «rectificar» su decisión ya que «vulnera los procedimientos legales, incumple los Estatutos del Grupo, socava la autonomía del diputado, frustra la regeneración democrática e impugna el ideario del Partido Popular».

En concreto, hace cuatro consideraciones. La primera atañe «a la necesaria transparencia y publicidad de las normas», a juicio de Álvarez de Toledo. En concreto, menciona los propios estatutos del grupo parlamentario: «El Derecho y el sentido común dictan que no se puede imponer una sanción en razón de una norma secreta. Y los Estatutos del Grupo Popular están velados por el secretismo. No son de libre acceso. Ni para los ciudadanos. Ni para los medios de comunicación. Ni siquiera para los propios diputados. No figuran en ninguna web ni son de consulta abierta. Tampoco se entregan de forma automática a los diputados, ni al inicio de la legislatura ni cuando se procede a su revisión».

La diputada señala que las actuaciones del PP, «teñidas por el secreto y la informalidad, no reúnen las garantías exigibles en Derecho» y que, por tanto, el procedimiento por el que se le informó el 30 de noviembre «ni siquiera se ajusta al que regulan los Estatutos que me fueron entregados» en mano tras una petición formal de ella el pasado 1 de diciembre, «lo que anula de raíz cualquier acción sancionadora» contra ella. «De ahí que mi respuesta no pueda ni deba asumir la forma de unas alegaciones jurídicas. Se trata de un procedimiento nulo», argumenta.

La segunda consideración se centra en el «necesario cumplimiento» de los estatutos internos del grupo. Álvarez de Toledo alega que si la dirección consideraba que la votación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional era importante, entonces «debió convocar una reunión plenaria para que fuera el Grupo quien fijase posición».

Acusa al PP de ‘grupocracia’

En tercer lugar, la exportavoz se centra en «la dignidad de los diputados y a la imprescindible revitalización del Parlamento». En su opinión, el PP quiere que los diputados estén sujetos «a un mandato imperativo» y que la dirección del Grupo parlamentario sea «la propietaria exclusiva de nuestro voto, en cualquier circunstancia, incluidas las votaciones secretas».

«Estas prácticas agravan el proceso de jibarización del diputado en beneficio de las cúpulas de los partidos y rompen definitivamente el equilibrio entre los principios de libertad y disciplina», expone Álvarez de Toledo antes de advertir de que peligra «la autonomía del parlamentario individual, consagrada en la Constitución» frente al mandato imperativo «ejercido de facto por unos partidos cada vez más cesaristas». Por ello, acusa a su partido de estar orillando estos preceptos «hasta llegar a lo que ilustres juristas llaman una grupocracia» cuando en 2017 incorporó en sus estatutos la libertad de voto para asuntos de conciencia.

En cuarto y último lugar, la diputada aborda la «coherencia ideológica» del PP al hacer hincapié en que con su voto en blanco lo que hizo fue cumplir con el programa electoral de 2019. «La defensa de la independencia de la Justicia y el fortalecimiento de los órganos constitucionales mediante su despolitización son consustanciales al ideario del Partido Popular. Son pilares de nuestro proyecto político y no se pueden disociar. El intento de desvincular el reparto de cargos en los órganos constitucionales de la renovación del Consejo General del Poder Judicial es un ejercicio baldío».

Por ello, Álvarez de Toledo considera que su elección de aquel día fue «un voto contra el debilitamiento institucional de España» y del PP. «No fue, por tanto, mi voto en blanco el que contradijo la línea política del partido. Lo que contradijo la línea política del partido fue el voto a favor. En este sentido, estoy segura de que la dirección del Grupo convendrá conmigo: sancionarme sería tanto como sancionar la defensa de los principios y la coherencia ideológica del Partido Popular», concluye.

El voto en blanco de Álvarez de Toledo

La apertura del expediente vino motivada por el voto en blanco de Álvarez de Toledo en la elección de los candidatos pactados por el PP y los partidos del Gobierno. Según ella misma explicó en una entrevista a El Mundo para la promoción de su último libro, «uno no puede exigir que haya una despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sin embargo participar de una impúdica, activa y pública politización del Tribunal Constitucional».

Con estos argumentos justificó la ruptura de la disciplina de voto y su negativa a apoyar la entrada en el Alto Tribunal de los candidatos de su partido, entre los que estaban Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, ambos con vinculaciones con el primer partido de la oposición.

El PP ha encargado la instrucción del expediente a uno de los cinco miembros del Consejo de Dirección del Grupo Popular que es licenciado en Derecho y que se suelen turnar para este tipo de tareas. En concreto, el diputado Carlos Rojas García, según el documento que hizo público la propia Álvarez de Toledo en las redes.

Rojas García será el encargado de tomar una decisión definitiva sobre la imposición de una sanción económica a la diputada, que se prevé que sea de entre 500 y 700 euros. Precisamente, el hecho de que Álvarez de Toledo justificase su voto en blanco a los candidatos para el TC pero en ocasiones anteriores no tuviera problema apoyar a aspirantes también vinculados a los partidos proponentes, llevó a la actual portavoz del PP, Cuca Gamarra, a señalar a finales de noviembre que «quien voto algo de una manera determinadas y bajo las mismas reglas del juego que en la actualidad», por «coherencia» debería haber mantenido la misma posición.

Además, Gamarra rehusó calificar el trabajo que su antecesora en el cargo desarrolla dentro del Grupo Popular. «Tengo una máxima: por respeto a todos y cada uno de los miembros del grupo no valoro la actividad de ninguno de manera pública», alegó en una rueda de prensa tras advertir de que si tiene algo que decirle, se lo comunicará «de forma privada».