El Gobierno aprueba repartir 100 millones a proyectos sociales innovadores y mejoras en pisos de mayores y dependientes

El Consejo de Ministros aprobará este viernes el reparto de casi 50 millones de euros a entidades del tercer sector para proyectos innovadores de atención social, así como otros 50 millones para el despliegue de iniciativas para asegurar la accesibilidad de personas mayores y personas con dependencia en sus viviendas.

Así se desprende de los dos decretos impulsados por el Ministerio de Derechos Sociales, que lidera Ione Belarra y a los que ha tenido acceso Europa Press, enmarcados en las actuaciones comprometidas en el componente 22 del Plan de Recuperación, que comprende el programa de choque para impulsar la economía de los cuidados y reforzar las políticas de inclusión.

Respecto a las partidas destinadas a organizaciones del tercer sector (con un importe superior a los 49,7 millones), expone la necesidad de modernizar los servicios sociales para adaptarlos a los cambios sociológicos y demográficos experimentados en las últimas décadas.

De esta forma, el Ministerio detecta un «desacople» entre la política pública y los problemas sociales que requiere procesos de innovación, para lo cual financiará proyectos piloto con una óptica «novedosa», al propiciar nuevos servicios y la mejora de las infraestructuras residenciales y los centros de atención a la infancia y la adolescencia.

Los campos a los que se dirigen estas subvenciones tienen como finalidad actualizar los servicios sociales y modelos de cuidado, junto al apoyo de personas mayores, atención a la infancia y a personas en situación de sinhogarismo.

Población infantil en riesgo

Concretamente se plantea un paquete de subvenciones para atender a la población infantil en riesgo, con proyectos de ‘Acogimiento familiar especializado’ (4,5 millones) o ‘Itinerarios de emancipación de éxito’ (6,5 millones), entre otros.

Otro eje de proyectos del tercer sector serán las medidas para atajar situaciones de sinhogarismo, enfocados a la atención temprana y actuaciones con personas jóvenes, con programas que ofrecen tanto integración como alojamiento.

El tercer campo busca financiar actuaciones para mejorar la atención de personas mayores, como promover la autonomía en entornos comunitarios (3 millones), iniciativas de ‘cohousing’ y apoyo de redes vecinales y otros programas para garantizar el cuidado en domicilios, evitando con ello el ingreso en residencias.

Mejor accesibilidad de mayores y dependientes

Por otro lado, el segundo decreto transferirá 50 millones de euros a las distintas comunidades autónomas con vistas a lograr la plena accesibilidad de mayores, personas con discapacidad y personas con dependencia en sus viviendas.

A modo de ejemplo, el departamento que dirige Belarra expone que la pandemia situó en una posición de «extrema gravedad» a 100.000 personas englobadas en este colectivo que viven en comunidades de propietarios carentes de ascensores «para salir a un centro de día, dar un paseo o ir al hospital».

En clave interna de su propio domicilio también apunta a la ausencia de duchas adaptadas a las necesidades, lo que compromete cuestiones «básicas» como la higiene personal.

«Factores, que les obligan a vivir en una situación de precariedad, inseguridad e insalubridad; obligándolas, en muchos casos a tener que abandonar sus casas, sus pueblos o sus barrios, al margen de su voluntad, para vivir en un entorno institucionalizado, por una situación ajena a ellas mismas y que puede ser evitable», razona el Ministerio.

De esta forma, ve un «requisito imprescindible» promover la instalación de elementos en las viviendas que les ayuden a tener autonomía y poder elegir «dónde, cómo y con quién vivir».

De esta forma y de cara a la promoción de otro modelo de cuidados, el decreto aspira a avanzar en la sinergia necesaria entre las políticas sociales y de vivienda, al reparar las «quiebras de accesibilidad» existentes en sus pisos, que evite a estas personas ser «discriminadas».

También ahonda que la prolongación de la esperanza de vida de la población obliga a dar este tipo de respuestas en favor de la accesibilidad universal y del derecho a disponer de una vivienda digna.