Indignación policial por los agravios de Sánchez: los agentes lucharán por tener la misma jubilación que los Mossos

Los policías nacionales llegarán hasta el final para conseguir la equiparación con los Mossos d’Esquadra, la Policía Foral y la Ertzaintza. No solo en cuestión de salario, pues los sindicatos consideran que siguen sin cumplirse cláusulas del acuerdo firmado en 2018 con el exministro del Interior, Ignacio Zoido, sino también en las condiciones de jubilación anticipada. Esta nueva reivindicación surge a raíz del acuerdo, recientemente firmado, entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu para aprobar los Presupuestos de 2022.

Un acuerdo por el que a cambio del sí de los partidos nacionalistas en la votación parlamentaria, Mossos d’Esquadra y la Policía Foral podrán prejubilarse a los 60 años cobrando el 100% de la pensión a partir de 2022. Una medida que equipara a ambos cuerpos con la Ertzaintza —también goza de este régimen—, pero que supone «otro agravio comparativo» para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSS). «Esto amplía aún más la brecha salarial que tenemos con las policías autonómicas», denuncian desde Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía.

Ha sido precisamente esta organización, cuya razón de nacimiento fue la equiparación salarial en 2017, quien ha dado el primer paso para la consecución de igualdad de condiciones en la prejubilación entre agentes y policías locales. En un escrito remitido al Defensor del Pueblo, Jupol plantea que podría tratarse de «una cuestión de inconstitucionalidad» y solicita al órgano que «analice las vías jurídicas posibles» para poder llevar a cabo la equiparación de los efectos del Real Decreto 1449/2018, del 14 de diciembre.

Este decreto, en uno de sus preceptos, fija la excepción a la que se pueden acoger los cuerpos autonómicos para prejubilarse: «Realizados los pertinentes estudios, se desprende que los requerimientos psicofísicos que se exigen para su ingreso en ese cuerpo de seguridad, así como el desarrollo de su actividad inherente a ese cuerpo, no pueden realizarse o resultan más gravosos a partir de una determinada edad, cumpliéndose de esta forma los requerimientos exigidos en el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, para la reducción de la edad de acceso a la jubilación».

Una condición, sostienen desde el sindicato policial, que resulta «idéntica» para la Policía Nacional, pero que sin embargo no se aplica a estos funcionarios, al menos en términos económicos. Motivo por el que subrayan al Defensor del Pueblo que puede tratarse de «una cuestión de inconstitucionalidad» y le piden que analice las vías de las que disponen para ir a los tribunales, además de su apoyo en la causa.

600 euros menos

El Instituto Armado y la Policía Nacional también tienen figuras semejantes a la prejubilación, como la Segunda Actividad o la Reserva. No obstante, los agentes no tienen la posibilidad de cobrar la pensión máxima, es decir, el 100% de su cotización en la seguridad social. En su caso, si cumplen los requisitos y deciden retirarse antes de los 65 años, los policías y guardias civiles pierden ciertos complementos de su sueldo. 

Una pérdida salarial que supone una diferencia de 600 euros entre la pensión de prejubilación de un mosso o un ertzaina y la de un agente de la Policía Nacional. Según se desgrana de las tablas salariales de ambos cuerpos, cuando un policía catalán se retira anticipadamente, cobra un total de 2.659,41 euros. Si lo hace un policía o un guardia, su pensión base es de 1.577,81 euros, a lo que se añaden los trienios acumulados de los agentes, que pueden oscilar entre 200 y 300 euros. 

En cualquier caso, el traslado de un agente a la Segunda Actividad le supone dejar de cobrar unos 700 euros al mes. Una situación que no se revierte cuando el guardia civil o el policía cumplen los 65 años. Cuando alcanzan la edad suficiente para jubilarse, la pensión de un policía de escala básica asciende hasta los 1.821,29 euros. Mientras que la del mosso d’esquadra se mantiene igual. En el caso de los agentes catalanes, según lo pactado con el Gobierno, podrán jubilarse a los 60 años y cobrar el total de su pensión, siempre y cuando acrediten 35 años de actividad efectiva y cotización.