Acosar a los trabajadores de las clínicas abortivas también será delito

La ley que castigará penalmente a quienes acosen a las mujeres que acuden a un centro para una interrupción voluntaria del embarazo perseguirá también el acoso a los sanitarios y directivos de las clínicas abortivas y al personal de la sanidad pública que interviene en estos procedimientos.

Así lo ha acordado la mayoría de los grupos parlamentarios en la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso, que ha cerrado este miércoles el dictamen de la proposición de ley presentada por el PSOE para proteger a las mujeres que abortan, ha informado a Efe la diputada socialista Laura Berja, portavoz de Igualdad de su grupo parlamentario.

La iniciativa original planteaba incluir un nuevo artículo en el Código Penal (el 172 quater) para castigar a quienes se concentran a las puertas de las clínicas abortivas y hostigan y coartan la libertad de las mujeres con una pena de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.

En la ponencia se ha acordado una enmienda transaccional del PSOE y Unidas Podemos con aportaciones del PNV y de ERC y el apoyo de Ciudadanos que deja más nítido el tipo penal y amplía las personas protegidas, ha explicado Berja.

El sujeto de derecho no solo serán las mujeres, sino también el personal de las clínicas abortivas, tanto facultativos como directivos.

A propuesta de ERC, se incluirá también a los trabajadores de la sanidad pública que realizan interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos y, a iniciativa del PNV, el acoso se perseguirá sin que sea necesaria una denuncia expresa de la mujer para que se inicie el procedimiento.

El dictamen será aprobado previsiblemente la semana que viene por la Comisión de Justicia y podrá llegar al pleno del Congreso ya en enero de 2022.