Varias regiones reclaman a Igualdad el acta de la reunión que 'aprobó' la nueva norma sobre víctimas de maltrato

El Ministerio de Igualdad está en el ojo del huracán. Varias regiones ponen en entredicho que el último Consejo Sectorial aprobara ampliar el título habilitante de víctima de violencia de género, tal y como ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE). Han solicitado el acta de la reunión porque consideran que es la única forma de esclarecer si hubo acuerdo. El ministerio les ha negado el documento. Les dice que lo entregarán en el próximo encuentro, según contempla el reglamento que rige este tipo de conferencias.

A partir de la resolución aprobada, una mujer no tendrá que denunciar para ser considerada víctima de violencia de género. Bastará con que haga una solicitud a los organismos autonómicos pertinentes o que así lo acrediten los servicios sociales. También tendrán consideración de víctima las mujeres cuyo caso esté instruyéndose, haya quedado archivado o sobreseído. La ampliación de los supuestos se publicó el lunes en el BOE como fruto de un acuerdo entre Gobierno y comunidades autónomas, algo que niegan varias regiones.

Disconformidad

Castilla y León ha denunciado que no avaló el acuerdo en el Consejo Sectorial celebrado el 11 de noviembre. Asturias y Extremadura también mostraron su disconformidad, según ha podido conocer THE OBJECTIVE. Estos reparos motivaron que el acuerdo quedara en suspenso. Fuentes autonómicas señalan que incluso se determinó crear un grupo de trabajo para abordar la cuestión, de ahí la sorpresa de algunos dirigentes regionales al ver la resolución publicada. Este periódico ha tratado sin éxito de conseguir la versión del departamento que dirige Irene Montero. 

Esta contradicción ha llevado a varias regiones a reclamar el acta de la reunión al Ministerio de Igualdad. Sin embargo, se han encontrado con su oposición frontal. La respuesta es que entregarán el documento en el próximo Consejo Sectorial, para el que aún no hay fecha. El punto tercero del artículo 15 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Conferencia Sectorial de Igualdad señala que «las actas serán redactadas y firmadas por la secretaría, con el visto bueno del presidente, y se aprobarán en la siguiente sesión, en cuyo caso serán remitidas a cada integrante de la conferencia con al menos siete días de antelación a la fecha de su celebración».

«No obstante», continúa la normativa, «la secretaría podrá emitir certificación sobre los acuerdos adoptados, sin prejuicio de la ulterior aprobación del acta, en cuyo caso se especificará». La normativa también establece que la secretaría de la Conferencia Sectorial levantará acta de cada reunión y que esta contemplará diferentes puntos, como el lugar y el tiempo en que se haya celebrado, la indicación de los asistentes, el orden del día, los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados y de las conclusiones.

Las regiones que no comparten el criterio del Gobierno y que, por tanto, consideran que la resolución no debió publicarse en el BOE porque no hubo acuerdo, se aferran al acta para demostrar su posición. El reglamento también señala que en el documento pueden aparecer los votos particulares de los asistentes, aunque para ello debe existir una solicitud previa.

Postergar la aprobación

Los supuestos que amplían el título habilitante como víctima de violencia de género son aquellos que no incluía la ley de 2004. Para paliarlo, se incluyeron en el Pacto de Estado aprobado en 2017 con el voto favorable de todas las fuerzas parlamentarias, excepto Podemos, que se abstuvo al considerarlo insuficiente. Sin embargo, sus postulados aún no habían sido desarrollados. El Consejo Sectorial de Igualdad, que reúne al Gobierno y a las comunidades autónomas, lo llevó en el punto cuarto de su orden del día del 11 de noviembre, pero cuando llegó el turno de abordarlo, varias regiones solicitaron postergar su aprobación.

No solo no se aprobó el asunto: ni siquiera se votó. Fuentes autonómicas reconocen que el Consejo Sectorial de Igualdad determinó crear un grupo específico de trabajo para estudiar el asunto, aunque no ha cumplido. Así lo confirma una circular que envió la secretaria de la Comisión Sectorial de Igualdad a las comunidades autónomas, donde se valoraba el debate en torno a la acreditación, que «reviste la suficiente relevancia para plantear el aplazamiento» de la reunión convocada para el 18 de noviembre. El argumento, según la misiva, era seguir «tomando en consideración todos los elementos y reflexiones que se plantearon en la Conferencia Sectorial».

En lo que va de año, 39 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas. Algunas de ellas no presentaron denuncias previas por malos tratos. Con la resolución publicada el lunes tendrían consideración de víctimas y podrían disponer de un asesoramiento jurídico y beneficiarse de las ayudas y de las prestaciones que contempla la ley que ampara a estas víctimas desde 2004.