El Gobierno otorga el tercer grado a 35 homicidas y 17 agresores sexuales en contra del criterio de las prisiones
El departamento que dirige Grande-Marlaska ha otorgado 1.273 terceros grados sin la aprobación del órgano experto en materia de las prisiones
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | Efe
Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó al Palacio de la Moncloa, la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha concedido 1.273 terceros grados a presos en contra del criterio de los técnicos de las juntas de tratamiento de las cárceles, un órgano colegiado a quien le corresponde clasificar a los internos en los distintos grados e informar sobre progresiones o regresiones de grado según su evolución en prisión.
No obstante, lo más llamativo es que, de esa cifra, 35 se otorgaron a reos que cumplían pena por un delito de homicidio y 17, a internos condenados por faltas contra la libertad sexual, según se desgrana de la estadística penitenciaria de los últimos cuatro años, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Se trata de datos facilitados por el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el Grupo Parlamentario Popular, en los que también destacan 28 regímenes de semilibertad a 28 presos con delitos por violencia de género.
En noviembre, los diputados del PP Cuca Gamarra, Javier y Martínez y Ana Belén Vázquez solicitaron por escrito al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska una auditoría de todos los terceros grados que Instituciones Penitenciarias (IIPP) había otorgado desde que Pedro Sánchez asumió el Gobierno de España, en junio de 2018. La petición se produjo poco después de que, a finales de octubre, se conociese que el crimen de un niño de nueve años en Lardero (Logroño) había sido cometido por Francisco Javier Almeida, al que se le había concedido el régimen de semilibertad en contra del criterio de los técnicos de prisiones.
El reincidente disfrutaba de la libertad condicional en ese momento tras haber cumplido 22 de los 30 años de su condena por asesinar y agredir sexualmente a una agente inmobiliaria en 1998. Sobre él también pesaba otra condena de siete años de cárcel por agresión sexual en 1993. Esta última medida le fue concedida cuando gozaba del tercer grado penitenciario, en abril del pasado año, y estuvo avalada por juez de vigilancia penitenciaria de La Rioja e Instituciones Penitenciarias, pero no por la junta de tratamiento de la prisión. Razón por la que, tras el suceso, el secretario general de Instituciones Penitenciarias (IIPP), Ángel Luis Ortiz, fue el centro de todas las críticas, según denunciaron los sindicatos penitenciarios, «por tener a asesinos en la calle».
Política penitenciaria
En total, desde que Fernando Grande-Marlaska dirige el Ministerio del Interior, Instituciones Penitenciarias ha concedido casi 20.000 terceros grados, 18.691 con la connivencia de las juntas de tratamiento de las prisiones españoles. La mayoría, a aquellos que cumplían penas por delitos contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico (6.493) y contra la Salud Pública (5.800).
Todo se debe a la «estrategia política» que el secretario general de IIPP ha ido implementando a lo largo de su mandato. Lo aseguró él mismo, hace poco más de un año, en una comparencia en el Congreso de los Diputados en la que explicó las grandes líneas de su proyecto: «Desde mi nombramiento como secretario general y con la llegada del equipo directivo, uno de los compromisos asumidos fue el de favorecer el desarrollo de la intervención tratamental y de los procesos de reinserción social, así como el incremento de las personas penadas en régimen de semilibertad».
El régimen de tercer grado es el que más autonomía confiere al preso, exceptuando la libertad condicional. La principal característica es que los reclusos pueden salir de prisión durante el día y regresar solo para dormir. Además, tienen la posibilidad de desarrollar actividades laborales, familiares, o recibir tratamiento, entre otras. Es el penúltimo eslabón del sistema penitenciario español, basado en tres grados progresivos y cuyo objetivo último es la reinserción de los reos en la sociedad.
En ese encuentro, además, Angel Luis Ortiz aportó datos, explicó cómo la población reclusa «en medio abierto» había pasado de un 17,7% a un 20,5% desde que él estaba al frente de Prisiones. Se refería a aquellos internos que se encontraban en régimen de segundo o tercer grado. Algo de lo que mostró orgullo, al igual que ha hecho el ministro del Interior en otras ocasiones, afirmando que el sistema penitenciario español es un «referente a nivel internacional».
