Un informe de los Mossos para el caso Villarejo censura al juez de Volhov
En el informe, los agentes se ofrecen al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para investigar si Villarejo diseñó un plan para desprestigiar al exfiscal ya fallecido David Martínez Madero y al ‘mayor’ de los Mossos Josep Lluís Trapero
Europa Press
Un informe que los Mossos d’Esquadra han remitido al magistrado que instruye el caso contra el excomisario José Manuel Villarejo desliza reproches al juez del caso Volhov por su investigación de una trama de supuesta corrupción policial en que estuvieron imputados mandos del cuerpo.
En el informe, al que ha tenido acceso Efe, los agentes se ofrecen al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para investigar si Villarejo, junto a un exinspector y un excomisario de la Policía Nacional, diseñaron un plan para desprestigiar al exfiscal ya fallecido David Martínez Madero y al «mayor» de los Mossos Josep Lluís Trapero, abriendo de forma «irregular» una causa penal que les salpicara.
El informe se basa en la grabación de una conversación entre Villarejo y los dos policías, filtrada hace unos meses a los medios, en la que supuestamente conspiran para que el juez Baltasar Garzón abra una investigación por tráfico de drogas al confidente policial Manuel G.C., en la que constaran sus relaciones con Trapero y Madero.
García Castellón denegó la petición de investigación que planteaban los Mossos en su informe, pero este se ha convertido en una valiosa baza para la defensa de Manuel G.C., juzgado estos días en la Audiencia de Barcelona y a quien la Fiscalía acusa de liderar una red de narcos que presuntamente tenía a sueldo a un inspector de los Mossos d’Esquadra, en una de las piezas del llamado caso Macedonia.
La investigación, que cuenta con numerosas piezas separadas, fue dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, quien también indaga el «caso Volhov» de presunto desvío de fondos y tráfico de influencias al abrigo del «procés».
En una de las piezas del «caso Macedonia», que acabó archivada tras ocho años de pesquisas porque la Fiscalía no quiso llevarla a juicio, el juez imputó al subinspector de los Mossos Antoni Salleras, de la División de Investigación Criminal (DIC), que comandó en su día el «mayor» de la policía catalana Josep Lluís Trapero, ante las sospechas de que protegió a Manuel M.G. ocultando conversaciones intervenidas que lo relacionaban con los narcos.
El propio Trapero estuvo en el punto de mira del juez, que detalló en un auto que el presunto cabecilla de los narcos se había comunicado en 300 ocasiones en un año con el «mayor» cuando este era jefe de investigación de Mossos, otras 15 con Salleras y 700 con el subinspector J.R., quien ahora está siendo juzgado junto a Manuel G.C.
En su informe dirigido a la Audiencia Nacional, los Mossos no ahorran críticas al juez instructor, por su «acusación incomprensible» al subinspector, su «pertinaz insistencia» en intervenir conversaciones de agentes o sus «recelos» sobre la DIC, y recalcan que es «totalmente falso» que Salleras protegiera al confidente y supuesto narco.
«El juez de instrucción desarrolló a lo largo de la investigación, en términos utilizados por el propio fiscal, un profundo prejuicio que le llevó a sostener su teoría y a enriquecerla a base de decidir sin límite nuevas diligencias a medida que las que practicaban no le ofrecían el resultado apetecido», censura el informe de Mossos.
El oficio lamenta que la «demora injustificada de casi 10 años en la instrucción» dio lugar a que fuera instrumentalizada por «oscuros intereses ajenos al proceso», como los intentos de personación en la misma de imputados en otras investigaciones judiciales que habían sido destapadas por la DIC.
Concretamente, señala la policía catalana que en febrero de 2015, el juez encargó la investigación a la Brigada de Análisis y Revisión de Casos de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional que dirigía por Eugenio Pino, vinculado a la llamada «policía patriótica».
La Brigada, añaden los Mossos, emitió un informe para el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona que «contiene inferencias directamente falsas» y que «motivó la prolongación de la causa sin ningún respaldo policial».
«Esta manera de proceder se semeja a la forma de trabajar que trasluce de la conversación de noviembre de 2009, es decir, la presentación a la autoridad judicial de una serie de datos e informes elaborados de manera burda y apoyados en una teoría forzada», sostiene el oficio.
El juez Aguirre ha concitado últimamente numerosas críticas del independentismo por su instrucción del caso Volhov, una compleja causa vinculada al desvío de fondos al «procés» en la que está investigado el entorno del expresidente catalán Carles Puigdemont, concretamente miembros del «estado mayor» que organizó el referéndum del 1-O.
A raíz de unas conversaciones intervenidas en una investigación sobre desvío de fondos de cooperación de la Diputación de Barcelona, la causa ha derivado en distintas líneas de investigación a excargos de ERC y CDC, en algún caso pese a las reticencias de la Fiscalía por falta indicios delictivos sólidos.
