El Congreso tramitará un cambio del Código Penal para evitar el archivo de imprudencias al volante con lesión o muerte

El Congreso de los Diputados tramitará una reforma del Código Penal con el objetivo de evitar que se archiven casos de imprudencias al volante que produzcan «lesiones relevantes» o la «muerte», tras una infracción catalogada como grave en la Ley de Seguridad Vial. Todos los grupos, salvo PP y PNV, se han mostrado partidarios de la toma en consideración de la iniciativa presentada por el PSOE.

El texto de los socialistas, que ha debatido este martes el Pleno de la Cámara Baja y se votará esta noche, propone modificar el texto legal para eliminar que el juez o tribunal pueda «subjetivamente» apreciar la inexistencia de delito. «Si las lesiones son relevantes o se causa la muerte, que se considere objetivamente delito si el causante comete una infracción considerada como grave por la Ley de Seguridad Vial», indica.

Además, se apuesta por la reducción de la pena a un mes de multa en caso de provocarse por imprudencia menos grave lesiones que necesitan tratamiento médico o quirúrgico que no son invalidantes, pero sí relevantes. «Con esa reducción de la pena la consecuencia es que no sea preceptivo estar asistido de abogado y procurador y que el proceso se juzgue por un Juez de Instrucción, pero sin menoscabo de todas las garantías para la víctima», apunta.

Durante la defensa de la iniciativa, la diputada socialista Maribel García López ha explicado que el objetivo de dicha modificación «es mejorar la seguridad jurídica de las víctimas de accidentes de tráfico»

Ha argumentado que «da respuesta a una demanda prioritaria de las plataformas, asociaciones y colectivos del sector, así como Abogacía especializada debida a la indefensión, en la que se han encontrado peatones, ciclistas o motoristas víctimas de accidentes de tráfico cuando, pese a existir indicios de imprudencia grave, se archiva la causa porque los tribunales las consideran leve y, por tanto, carentes de responsabilidad penal, aplicando los resquicios que deja la ley en su interpretación».

Modificación «necesaria»

En el turno de fijación de posiciones de los diferentes grupos, el diputado de Foro Asturias en el Congreso de los Diputados, Isidro Martínez Oblanca, ha mostrado su apoyo a «una modificación legislativa que resulta necesaria para promover una mayor protección a las víctimas de accidentes de tráfico, resarcirlas adecuadamente y asimismo evitar una incorrecta interpretación judicial por las imprecisiones» derivadas de la vigente legislación.

También el diputado de Ciudadanos (Cs) Miguel Ángel Gutiérrez se ha mostrado partidario de la reforma, que ha calificado de «bienvenida porque por fin se devuelve la justicia a las víctimas de accidentes de tráfico que, desde la reforma de 2015 y pese a la reforma de 2019, veían como ante supuestos de muerte o lesiones por infracciones graves de las normas de tráfico se contemplaba el hecho como una imprudencia de carácter leve, quedando desamparadas penalmente frente a los infractores».

En el caso del diputado del PDeCat Genís Boadella ha valorado «positivamente» la iniciativa y ha anunciado su voto a favor de su toma en consideración. No obstante, ha añadido que la atribución directa a los juzgados de instrucción de esta materia «puede acabar resucitando aquellos llamados juicios de faltas por tráfico, por tanto, a aquellos que se habían hecho anteriormente», y ha puesto en duda que se garanticen los derechos de las víctimas si no comparecen con abogado y procurador.

Asimismo, la diputada de ERC Carolina Telechea ha asegurado que su partido comparte «la necesidad de legislar con el objetivo de acabar con la impunidad existente cuando un conductor implicado en un accidente de tráfico abandona el lugar de los hechos, tanto si la víctima ha sufrido lesiones como si ha fallecido», pero ha criticado la manera de legislar. «Llevamos más de 3′ modificaciones del Código Penal de 1995», ha señalado, al tiempo que ha dicho que a su grupo no le constan peticiones de reforma de la norma ni el porcentaje de autos que se deriva a la vía civil.

El diputado de Unidas Podemos Juan Antonio Delgado ha afirmado que la proposición de ley «es muy breve, pero tiene una gran trascendencia social y jurídica». «Lo que pretende esta reforma es evitar interpretaciones judiciales que puedan derivar del archivo de casos que sí merecen un reproche penal y para eso se aclara qué es imprudencia menos grave con carácter general, algo que todos los operadores jurídicos agradecerán porque, insisto, lo que estamos haciendo es aportar seguridad jurídica», ha subrayado.

Avance, pero no justicia

Por su parte, la portavoz de Vox Magdalena Nevado del Campo ha declarado que «corregir ahora el error del Partido Popular con el anclaje a la vía penal de algunas infracciones de tráfico es un avance en cuanto a la agilidad del proceso, pero agilidad no es sinónimo de justicia». «En su momento, presentaremos las debidas enmiendas sobre esta reforma del Código Penal», ha anunciado.

En contra se han posicionado los representantes del PNV y del Partido Popular. Así, el diputado del PP Óscar Gamazo ha advertido de que la iniciativa «menoscaba todas las garantías de las personas que se ven involucradas en un accidente de tráfico creando una auténtica indefensión en los ciudadanos».

«No compartimos el objetivo de la proposición, que no es otro que convertir al juez o tribunal en esclavo de una mera catalogación administrativa hecha por una ley ordinaria», ha recalcado el parlamentario ‘popular’, que ha tachado la iniciativa de «innecesaria».

El diputado Mikel Legarda, del Grupo Parlamentario Vasco, ha indicado que no ven adecuado el cambio normativo que se propone y que consiste en «desapoderar totalmente al Juzgado Penal de la aplicación de los criterios penales vigentes, legales, doctrinales y jurisprudenciales para determinar si la conducta de la persona juzgada es imprudente y en qué caso».

«Tampoco apoyaremos la iniciativa porque en una cuestión tan compleja la falta de todo tipo de informe o documentación que soporte un cambio del calado propuesto más allá de la breve exposición de motivos con afirmaciones no siempre documentadas, nos dificulta la tarea», ha concluido.