El Colegio de Abogados de Barcelona ve de «extrema gravedad» los amagos del Govern de incumplir el 25% de castellano

La Sección de Derecho Constitucional del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha hecho público un comunicado en el que ven de «extrema gravedad» la «actitud» del Gobierno de la Generalitat de amagar con incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de aplicar un mínimo de 25% de las horas lectivas en castellano. Además, reprochan al Ejecutivo de Pere Aragonès que en su visita al centro de Canet de Mar no mostraran su solidaridad con el niño acosado por pedir educación bilingüe:

«La reacción de las autoridades de la Generalitat de Catalunya, en concreto de su Presidente y del Consejero de Educación, ha sido la de negarse públicamente a dar cumplimiento a la referida sentencia del TSJC de 16 de diciembre de 2020 y dar apoyo, además, al equipo directivo de la escuela de Canet de Mar en el asunto de todos conocido que afecta al mismo tema, sin mencionar para nada lo ocurrido con un niño de cinco años al que, en las redes sociales, se proponía aislar en su clase y apedrear su casa», exponen en su escrito fruto del acuerdo alcanzado en la última reunión de esta sección del ICAB.

La sección de Derecho Constitucional de la corporación profesional dirigida por María Eugènia Gay también sostiene que estos pronunciamientos de los máximos responsables públicos de la región «atenta de modo frontal contra el principio del Estado de Derecho reconocido en el art. 1 de la Constitución y que es un elemento esencial y estructural de todas las democracias, puesto que se niegan a dar cumplimiento a una resolución judicial firme, so pretexto de disconformidad con su contenido».

«Profunda preocupación»

Como informó THE OBJECTIVE, este amago de desobediencia por parte del Govern pueden poner en peligro la llegada de los fondos europos por la covid-19, sujetos al respeto a la separación de poderes. Y este pronunciamiento del ICAB, en el que califican de «extrema gravedad» la «actitud» del Govern no contribuye a que se ofrezca una visión de la política catalana acorde con la legalidad y la estabilidad que piden las instituciones comunitarias.

Por último, la sección del ICAB expresa «su profunda preocupación por los graves hechos descritos, que afectan no solo a la esencia misma del Estado de Derecho, sino también a algo tan fundamental en una democracia avanzada como la nuestra como es el garantizar la protección integral de los menores contra toda forma de violencia y de victimización secundaria, principios estos consagrados por nuestro ordenamiento con rango de Ley Orgánica».