Los funcionarios de prisiones sufren una agresión cada 36 horas
Según las estadísticas penitenciarias, en los últimos diez años se han producido un total de 2.900 ataques contra estos trabajadores
Una agresión a un funcionario de prisiones. | Cedida
El 27 de octubre un preso del módulo de alta seguridad de la cárcel de Cuenca utilizó una astilla de un cristal de grandes dimensiones para cortarle el cuello a funcionario en el baño de los reclusos. Sus compañeros llegaron a tiempo y lograron salvarle, aunque casi pierde la vida. Cuatro días más tarde, otro preso de la prisión de Ponent (Lleida) agredía al jefe de Unidad de Servicio Interior provocándole lesiones de gravedad en el ojo izquierdo, tras negarse a hacer las tareas que le correspondían. Tan solo una semana después de ese suceso, una funcionaria del centro penitenciario de Logroño era ingresada en el hospital, tras perder dos dientes por la paliza que le había dado en la cara una interna. Todas estas agresiones se registraron en menos de diez días, aunque la realidad es todavía más cruda.
Cada 36 horas se produce al menos una agresión contra un funcionario de una de las 65 cárceles gestionadas por el Gobierno central. Según se desgrana de las estadísticas anuales que recaba la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, órgano dependiente del Ministerio del Interior, en la última década [2011-2021] estos trabajadores han sufrido un total de 2.913 agresiones, lo que les convierte en el colectivo profesional de la Administración Pública que más ataques soporta al año. Si se tienen en cuenta las cifras de años anteriores, en concreto desde 2004, el dato asciende hasta las 6351.
Pese a que son elevados, estos datos no reflejan el número real de todas las dificultades a las que se han enfrentado estos funcionarios en los últimos diez años. En 2017, Instituciones Penitenciarias, bajo el mando del exsecretario general Ángel Yuste, aprobó el protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios. Un documento que, según critican los sindicatos, puso trabas a la cuantificación exacta de los ataques a funcionarios. En concreto, limitó estos a aquellos que solo supusieran una lesión física al trabajador penitenciario.
De este modo, en la cifra de las casi 3.000 agresiones que ha sufrido este colectivo en la última década, no se han tenido en cuenta, posiblemente, cientos de episodios protagonizados por los reos, critican desde la Asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMP). Por ejemplo, el de la trabajadora que hace 15 días denunció un episodio de acoso sexual por parte de un recluso —con antecedentes por violencia de género—, que se masturbó delante de ella mientras la funcionaria de prisiones realizaba el recuento del día en la prisión del Puerto de Santa María. Sin lesión, no hay agresión, según Instituciones Penitenciarias.
Agentes de autoridad
Frente a estos datos, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska sostiene que los índices criminalidad se sitúan en la cifra más baja de la serie histórica. Datos que, sin embargo, contrastan con lo que realmente ocurre entre los muros de cárceles españolas.
Según denuncia la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), son muchos los elementos que influyen en el registro tan elevado de agresiones en los últimos años. «A la falta de personal, medios y formación, hay que sumar la proliferación de internos con patologías psiquiátricas y la carencia formativa que tenemos en el manejo de las múltiples situaciones de alteración que sufren y provocan», apuntan.
Situaciones como esta última, para proteger la propia vida del interno ante un brote psicótico, una pelea en el patio o la quema de un colchón «suponen muchos de los episodios que ponen en riesgo a diario la integridad física de los funcionarios, resultando agredidos como consecuencia de su intervención». Circunstancias que se ven agravadas por la ausencia, denuncia esta asociación, de un «desarrollo legislativo que les incluya como agentes de la autoridad a todos los efectos».
Una demanda de este colectivo profesional desde hace años. De esta manera, la agresión contra un funcionario de prisiones podría tipificarse como un delito de atentado contra la autoridad, lo que supondría mayor castigo para el agresor, además de un factor disuasorio a la hora de agredir al trabajador penitenciario. «Necesitamos un protocolo contra agresiones que nos proteja de verdad y no se preocupe en maquillar las estadísticas buscando poner cada vez más trabas a la hora de denunciar las agresiones que sufrimos», sentencian.
