Las regiones abogan por mantener la educación presencial tras las vacaciones

El regreso a las aulas está en el aire. El Gobierno ha citado el martes a los consejeros autonómicos encargados de Sanidad y Educación para organizar la vuelta a clase tras las vacaciones de Navidad. En esa reunión se van a analizar los datos de la pandemia para decidir si se retrasa el retorno a los colegios, previsto para el día 10, y en qué condiciones. El grueso de las regiones aboga por mantener la educación presencial, aunque algunas de ellas preparan planes alternativos.

Las comunidades autónomas argumentan que, a pesar de la explosión de contagios, la situación no entraña los riesgos del curso pasado. Son partidarios de mantener la docencia presencial, aunque la última palabra la tendrá el Ministerio de Sanidad, entidad sobre la que recae la competencia de decidir qué medidas deben llevarse a cabo en los centros educativos. No obstante, esas iniciativas deben tratarse de forma conjunta con Educación, por eso se ha convocado un Consejo Intersectorial.

Repunte de contagios

El encuentro tendrá lugar el martes a las 9.00 horas en La Moncloa y estarán presentes los ministros de Sanidad, Educación y Universidades. El Gobierno no tiene previsto retrasar el inicio de las clases ni cambiar el actual protocolo sanitario, aunque no descarta cambios en las normas de prevención de los centros educativos. Considera que, a pesar del repunte registrado durante las últimas semanas en el entorno escolar, la incidencia es muy baja y se concentra en las etapas de Primaria e Infantil, cuyos alumnos no están vacunados. 

El Ministerio de Educación insiste en que el porcentaje de aulas confinadas la última semana de clases está por debajo del 1,7%, el máximo registrado desde que reabrieron los colegios, en septiembre del año pasado. La última semana de clases se pusieron en cuarentena 5.433 aulas en toda España, lo que representa el 1,3% del total, según los datos facilitados por las regiones. En cualquier caso, la educación es el ámbito que más contagios registra desde hace tres semanas. Buena parte de esos positivos se registra en el tramo entre los cinco y los 12 años, que comenzó a inocularse el 15 de diciembre. De momento, solo un tercio ha recibido una dosis. 

La situación es menos grave en Secundaria, ya que la mayoría de los adolescentes están vacunados (el 89,7% de quienes tienen entre 12 y 19 años). Por eso los responsables autonómicos rebajan la alarma. Admiten que la cifra de contagios de estos días es elevada, pero que para el 10 de enero habrá disminuido y podrán retomarse las clases con normalidad. Son optimistas con los últimos datos facilitados por el Ministerio de Educación, correspondientes al 23 de diciembre, que sitúan en solo el 1,58% las aulas confinadas en todas España antes del paro vacacional.

La mayoría de las comunidades autónomas abogan por mantener las condiciones actuales. Canarias apuesta por la máxima presencialidad, pero asegura que están supeditados a las instrucciones de Sanidad. «Seguiremos sus recomendaciones. Si determinan que la vuelta a las aulas de forma presencial no es segura se apostará por el modelo de formación online», explica una portavoz gubernamental. En la misma línea se encuentra Aragón, que no contempla un retraso en la vuelta a los centros educativos. Desde la Consejería de Educación afirman que los colegios han demostrado ser lugares seguros, de detección y no de transmisión. 

«Mientras en el resto de la sociedad se rebajaban las medidas cuando se producían mejoras en los datos de contagio, los centros educativos han mantenido mascarillas a partir de los seis años, distancias personales, entradas escalonadas, higiene y uso de gel hidroalcohólico y ventilación», insisten fuentes aragonesas. La Comunidad Valenciana y Cantabria también apuestan por la docencia presencial, aunque, de momento, aseguran no haber recibido convocatoria oficial para acudir al Consejo Intersectorial.

«No habrá grandes cambios» 

La responsable de Educación en Asturias, Lydia Espina, afirma que «no habrá grandes cambios». En la misma línea se ha pronunciado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Los responsables de La Rioja tienen previsto que los estudiantes regresen a clases en las mismas condiciones en las que se marcharon de vacaciones y la consejera de Islas Baleares, Patricia Gómez, también se ha mostrado partidaria de la presencialidad «siempre que puedan mantenerse la seguridad». Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, rechaza retrasar la vuelta al colegio y apunta que las restricciones eran «lógicas» cuando iban acompañadas de confinamiento domiciliario, no ahora: «Sería dejar de estar en un aula para terminar en un parque».

Cataluña está abonada a las clases presenciales. Ni siquiera estima planes de contingencia. Algo que sí consideran otras regiones. Madrid es una de ellas, aunque asegura que habrá que esperar «un poco más» para tomar cualquier decisión. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contempla dos escenarios: uno de normalidad para todos los niveles educativos y otro semipresencial para los alumnos de 3º y 4º de Secundaria y Bachillerato. En este segundo caso, los estudiantes de Infantil y Primaria, así como los de 1º y 2º de ESO, acudirían con normalidad a clase con las medidas sanitarias de prevención: mascarilla y ventilación. En todo caso, insisten, se trataría de una medida temporal hasta la normalización de la situación epidemiológica.

Andalucía defiende la presencialidad, pero asegura contar con un plan de contingencia, que aparece en el documento elaborado por la Dirección General de Salud Pública y que se envió a los centros a principios de curso. Las medidas se toman dependiendo de la incidencia. Hay cinco niveles posibles, pero solo los dos últimos establecen un protocolo. En estos momentos, ningún distrito sanitario está en esos niveles. Desde la Consejería de Educación afirman que, en la semana previa a las vacaciones, el 97% de los 7.133 centros educativos andaluces no registraba ninguna incidencia covid, un dato que mejora las cifras de algunas semanas del curso pasado. 

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido que se retome el curso escolar tras las vacaciones navideñas con «normalidad». Una portavoz de su Gobierno explica a THE OBJECTIVE que esta comunidad decidió en junio mantener las medidas de seguridad del curso pasado, mientras otras regiones las relajaron. «La distancia de seguridad entre alumnos continúa siendo de 1,5 metros, se contrataron 1.350 profesores para mantener ratios bajos y se reforzaron los servicios de transporte y de comedor. Hemos hecho mucho esfuerzo, con un gasto extraordinario de 100 millones de euros, por lo que defendemos la presencialidad», insiste.

«Medidas insuficientes»

La última reunión del Consejo Intersectorial tuvo lugar a finales de mayo. Se convocó para abordar el inicio del curso escolar 2021-2022. En aquel encuentro se acordó que la actividad lectiva sería presencial para todos los niveles y etapas del sistema educativo, aunque se abrió la puerta a flexibilizar la distancia de seguridad de 1,5 a 1,2 metros y solo se mantuvieron los denominados grupos burbuja desde infantil a 4º de Primaria.

Maribel Loranca, responsable Nacional de Enseñanza en UGT, afea que este curso se hayan relajado las medidas impuestas durante el año anterior. Unas medidas que, en su opinión, funcionaron bien a pesar de que eran «insuficientes». Entre las iniciativas desarrolladas destaca la distancia de seguridad entre estudiantes y los refuerzos de plantilla, que posibilitaron el descenso de los ratios. Loranca también critica que la situación de los colegios no se abordara durante la Conferencia de Presidentes celebrada el 22 de diciembre. «No hubo ni una sola mención, aunque sí se habló de las medidas en otros ámbitos, como la hostelería y los espacios deportivos».

Desde ANPE, el sindicato mayoritario de docentes, también se defiende la enseñanza presencial, aunque segura. «Deben de ser las autoridades competentes las que garanticen si se dan o no las condiciones para la vuelta en la fecha prevista en el calendario escolar. En caso de adoptar medidas, defendemos que se realicen de forma consensuada y coordinada entre el Gobierno y las comunidades autónomas», solicita Francisco Venzalá, presidente del sindicato.