La ampliación del periodo de garantía elevará un 15% el precio de los electrodomésticos

Carmen no se lo podía creer. La lavadora que tanto le costó adquirir hace dos años dejó de funcionar una semana después de que venciera el plazo de garantía. Tuvo que comprar otra. A partir de este 1 de enero el periodo para reclamar una avería aumenta un año, hasta los tres. Las asociaciones de consumidores aplauden la medida del Ministerio de Consumo. Comerciantes y fabricantes, en cambio, aseguran que este cambio normativo aumentará los costes de producción y que eso repercutirá en el precio final de los bienes de consumo, cuyo coste podría incrementarse hasta un 15%.

La llegada del nuevo año supone la entrada en vigor de la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 2007, que el Gobierno aprobó en abril. Con esta reforma, la normativa nacional se incorpora a la Directiva Europea relativa a la compraventa de bienes. Una actualización por la que se felicitan los consumidores, pero que preocupa a los fabricantes porque se ha hecho «deprisa y corriendo para ofrecer un titular a la opinión publica».

El empresario será responsable

Uno de los aspectos más destacados de la nueva ley es que amplía de dos a tres años el periodo de garantía obligatoria de los bienes de consumo. En esta categoría están incluidos los electrodomésticos, la automoción, los juguetes, las herramientas o los muebles, entre otros productos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) valora positivamente una medida que venía reclamando desde hace años. 

Para la OCU, con esta actualización se van evitar los problemas a los que se enfrentaban los consumidores a los que se les estropea un producto. «Hasta ahora, el 40% de los afectados ni siquiera intentaba la reparación por las dificultades que encontraban», señalan. La nueva normativa es tajante: «El empresario será responsable de las faltas que existan en el momento de la entrega o del suministro y se manifiesten en el plazo de tres años». Así lo dicta el artículo 120 del texto refundido que amplía la garantía.

«Se trata de una medida positiva. Muchos establecimientos y marcas atribuyen a determinados productos menos tiempo de garantía del que establece la ley, lo que supone un fraude», valora Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Sin embargo, esta mejora de los derechos de los consumidores tiene letra pequeña, advierten comerciantes y fabricantes. Son ellos quienes deben asumir los costes. «Se pone en marcha una ley para velar por los consumidores, pero se les puede volver en contra», expone Carlos Moreno, secretario general de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE).

Moreno sostiene que el aumento del periodo de garantía se hace a costa de los fabricantes, que verán encarecido el coste de producción hasta en un 15%. «El aumento del coste de producción acabará repercutiendo en el usuario, que verá encarecido el producto. Los fabricantes tienen que subir el precio para paliar los gastos de logística inversa y reparación. Una lavadora, por ejemplo, valdrá entre 60 y 90 euros más», insiste Moreno a THE OBJECTIVE. En su opinión, ningún consumidor está en contra de que se aumente el periodo de garantía, «pero nadie les ha explicado que eso conlleva un incremento del precio».

Otras modificaciones

Un extremo que, según Moreno, puede determinar que muchas personas compren los productos en otros países, donde el precio no sufrirá modificaciones. «España es el país europeo que más ha ampliado del periodo de garantía. Nos hemos ido al máximo que contempla la directiva. Si en el extranjero el mismo producto es más barato y aquí solo están protegidos un año más, el usuario elegirá el artículo más barato. Es fácil con Internet», se inquieta el secretario de FECE.

«La mayoría de los productos con error de fabricación se estropean durante los seis primeros meses de la compra», especifica Moreno. Por eso considera «absurdo» que el periodo de garantía obligatoria aumente de dos a tres años. No es la única medida que recoge la nueva ley. La norma incluye otras modificaciones. Por ejemplo, el incremento del tiempo mínimo en el que los fabricantes están obligados a disponer de piezas de repuesto una vez que el producto deja de fabricarse, que pasa de cinco a 10 años.

Moreno considera que no se puede tratar por igual a todos los bienes de consumo. En su opinión, esta obligación tiene «lógica» cuando se trata de un automóvil, pero es «absurda» cuando se habla de un teléfono móvil, que tiene una vida útil mucho menor y que el usuario cambia con frecuencia. 

Con estas medidas el Gobierno pretende «fomentar la economía circular al tiempo que incrementa la durabilidad de los productos de consumo». Esa durabilidad será un criterio objetivo para que el consumidor evalúe si está conforme o no con la compra realizada. Por tanto, cuando un bien no tenga la durabilidad que la empresa y el consumidor hayan pactado a través del contrato de compra, el cliente podrá elegir entre la reparación o la sustitución del producto.

El departamento que dirige Alberto Garzón también amplía, de tres a cinco años, el plazo de prescripción para ejercer los derechos que el consumidor tiene cuando no está conforme. Además, se eleva el plazo de inversión de la carga de la prueba para acreditar la falta de conformidad, pasando de seis meses a dos años. Durante ese periodo, el consumidor solo tendrá que alegar que el producto no se corresponde con lo acordado, sin necesidad, como sucedía hasta ahora, de demostrar su falta de conformidad en el momento de la entrega.

La inversión de la carga

«Hasta ahora el usuario tenía seis meses para devolverlo. A partir de ahora, pueden pasar hasta dos años. Es el vendedor el que tendrá que demostrar que no engañó», explica Moreno. En su opinión, el nuevo escenario puede comprometer el negocio de los fabricantes y de los comercios, según el secretario general de FECE.

En el caso de los productos de segunda mano, la normativa establece que el periodo de garantía no podrá ser inferior a un año. También incluye nuevos derechos para los usuarios de suministros de contenidos o servicios digitales. Por primera vez quedan recogidos los contratos en los que el usuario no paga un precio, sino que facilita sus datos personales a cambio de un servicio. A partir de ahora serán considerados suministros de contenidos los programas informáticos, las aplicaciones, los archivos de vídeo o audio, los juegos digitales y los libros electrónicos. 

«Es una ley arbitraria que no ha sido consensuada ni consultada con todas las partes. El Gobierno la lanzó aduciendo a una supuesta urgencia que no existía», se queja Moreno. En su opinión, el Ministerio de Consumo «ha querido quedar bien con la opinión pública sacando un titular que no es cierto», pero aprueba la normativa a través de un Real Decreto «de forma unilateral».