Carpetazo definitivo al 'pelotazo' de Javier Botín en Vitaldent: «El querellante carece de legitimación»

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado carpetazo definitivo a la investigación sobre una de las operaciones financieras más rentables de los últimos años: la adquisición de Vitaldent por parte de Javier Botín a un precio de 26 millones de euros y su posterior venta por 350 millones. Los jueces de la Sección nº 3 de la Audiencia Provincial han rechazado el recurso de apelación presentado por Javier Arteaga, expropietario de 22 clínicas de la firma dental, que había denunciado por presuntos delitos de estafa, extorsión, alteración de precios y evasión de impuestos a Botín, a varios de sus socios y a la firma de inversión que preside, JB Capitals.

En un auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los magistrados avalan la decisión de noviembre del Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón de poner fin a las actuaciones, a pesar de que no se practicó ninguna diligencia de investigación durante los casi ochos meses que duró la instrucción, « al no aparecer debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa». En su recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, Arteaga alegaba «indefensión» y apelaba al derecho a una tutela judicial efectiva. Sin embargo, los jueces de la Sección nº 3 consideran «claramente inútiles» las diligencias de solicitadas y entienden que el querellante «carece de legitimación» para denunciar un delito fiscal que no fue investigado por la juez instructora ni por la Agencia Tributaria.

«Poco hay que decir sobre la imputación del delito fiscal, meramente especulativa y respecto de la cual carece de legitimación para ejercitarla como querellante», señalan los magistrados de la Sección número 3 de la Audiencia de Madrid en su auto, contra el que no cabe recurso. En la querella que dio inicio a la causa y en su recurso de apelación, Arteaga denunciaba la presunta utilización un entramado de sociedades interpuestas por parte de los denunciados para ocultar en Malta, eludiendo a Hacienda y con testaferros de por medio, los más de 300 millones en plusvalías obtenidos con la compraventa de Vitaldent.

Además, tachaba de «alarmante» que la juez instructora no hubiese solicitado a la Oficina Nacional Investigación del Fraude (ONIF) que comprobase los datos aportados en la querella, en la que se incluían el nombre de una sociedad maltesa donde habrían acabado las plusvalías y el de un presunto testaferro de nacionalidad china. Sin embargo, los jueces de la Audiencia Provincial tampoco han considerado oportuno investigarlo.

«La parte querellante no tiene un derecho incondicionado a la plena tramitación de la causa, sino solo a un pronunciamiento motivado que le ponga fin anticipadamente cuando, como en este caso, no haya indicios de criminalidad que tampoco aportarían las diligencias de prueba propuestas, claramente inútiles a tal fin puesto que, cualquiera que fuese su resultado, no afectaría al pronunciamiento que se recurre», añaden los jueces en el auto de archivo definitivo de la causa.

‘Operación Topolino’

Los hechos se remontan a 2016. En el marco de la ‘Operación Topolino’, dirigida por la Audiencia Nacional, la Policía Nacional detuvo a 13 directivos de Vitaldent por presuntos delitos económicos. El empresario Ernesto Colman era entonces el propietario del 80% de las clínicas de la marca dental, y Javier Arteaga del 20% restante de un total de 193 clínicas. Con ambos en prisión, la compañía fue intervenida por el Juzgado Central de Instrucción número 6.

La administración judicial encargó un informe de asesoría financiera a Deloitte. El banco de inversión JB Capital Markets, presidido por Botín, adquirió a Colman sus franquicias y la marca Vitaldent por 18,5 millones de euros en noviembre de 2016. Dos años después, y ante la asfixia financiera de sus clínicas, Arteaga llegó a un acuerdo para vender sus clínicas a un valor de mercado estimado entonces en 11,5 millones de los cuales, según su querella, acabó percibiendo 7,5 millones en abril de 2019. Cinco días después de ejecutarse el contrato de compraventa con Arteaga, según el recurso de apelación, JB Capital Markets vendió Vitaldent al fondo Advent International por 350 millones de euros.

«No es posible equiparar, como se pretende por el recurrente a los efectos de determinar el valor de la venta, lo que es la venta de 22 clínicas deficitarias, con un total de 193 clínicas», indican los jueces de la Audiencia Provincial en el auto de archivo de la causa. Como ya hiciera la juez instructora, los magistrados de la Sección nº 3 de la Audiencia Provincial descartan un delito de estafa y señalan que «no se puede concluir que hubo engaño en el precio de venta» debido a que fue «libremente aceptado» por el vendedor, quien estuvo «debidamente asesorado». Los jueces también indican que «las variaciones respecto del precio inicialmente pactado estaban expresamente contempladas en el contrato de opción de compra».