La Comunidad Valenciana recurrirá la condena por desproteger a los médicos ante la covid
Las autoridades fueron condenadas con multas de entre 4.000 a 49.000 euros por obligar a trabajar a sus profesionales de la salud sin elementos de protección
La consejera de Salud, Ana Barceló, durante la rueda de prensa del president de la Generalitat, Ximo Puig. | Rober Solsona (Europa Press)
El Gobierno de la Comunidad Valenciana recurrirá la sentencia que les obliga a indemnizar a los sanitarios que trabajaron durante la primera ola de la pandemia sin la protección adecuada. La Consellería de Sanidad fue acusada de no haber aportado epis y otras medidas de seguridad a los médicos en la primera ola del coronavirus, por lo que se enfrenta a sanciones desde 5.000 a 49.000 euros.
En el fallo, el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante da la razón al Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) y señala que la Conselleria de Sanidad tiene «la obligación», en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de «adoptar medidas y medios de protección tanto colectivos como individuales».
El fallo añade que el incumplimiento de las medidas de prevención individual ha significado un grave riesgo para la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios, especialmente para el personal facultativo, «por su exposición directa al riesgo de contagio que ha significado».
Sanidad, a pesar de conocer el riesgo, no actuó
Afirma que Sanidad infringió la obligación de tomar medidas «desde el conocimiento que se tenía de la existencia de una pandemia de covid-19 y, especialmente, desde la declaración del estado de alarma» que estableció el real decreto del 14 de marzo de 2020.
Según la sentencia, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 el personal sanitario de los centros médicos de Alicante, entre los que se encontraban los 154 trabajadores demandantes, solo dispuso de una mascarilla por semana para la prestación de sus servicios ya que las que se disponían estaban guardadas bajo llave por los responsables del respectivo centro.
«Se vieron en la necesidad de reutilizar batas desechables» y no se les facilitó gorros sanitarios ya que se estimó que no eran necesarios, al igual que las pantallas, y a partir del mes de junio de 2020 fue cuando empezaron a tener mayor abastecimiento.
Asimismo, indica que los facultativos sanitarios «tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios personales y morales«, y por ello establece distintas indemnizaciones.
Así, establece 5.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron forzados a trabajar sin elementos de protección adecuados; 15.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron objeto de aislamiento por contacto con afectados de covid-19; 35.000 euros para cada uno de los trabajadores que se contagiaron pero no precisaron ingreso hospitalario; y 49.180 euros para cada uno de los trabajadores contagiados de covid-19 que fueron hospitalizados.
