Denuncian ante la Audiencia Nacional a cuatro jefes de ETA por el atentado de la T-4

La Asociación Dignidad y Justicia ha interpuesto una querella en el Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional por la que pide investigar a cuatro miembros de la cúpula de ETA, entre ellos Josebani Antoni Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, como presuntos responsables del atentado cometido en diciembre de 2006 en la terminal T4 del Aeropuerto de Barajas, que acabó con la vida de dos personas, Diego Armando Estadio y Carlos Alonso Palate, y causó lesiones al menos a 68 víctimas.

En la querella, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la asociación de víctimas del terrorismo señala que tanto Josu Ternera (presunto jefe del aparato político), como Airtzol Iriondo, alias Gurbitz y Barbas (supuesto jefe del aparato militar), Mikel Carrera Sarobe Ata (presunto jefe del aparato logísistico) y Ainhoa Ozaeta Kuraia (presunta responsable del aparato de tesorería) componían en ese momento el máximo órgano de dirección de la banda terrorista ETA que ordenó el atentado perpetrado en el aeropuerto madrileño y que puso fin hace 15 años a la última tregua de la banda.

Los cuatro, sostiene Dignidad y Justicia, son «presuntamente penal y civilmente responsables» de los hechos delictivos, puesto que componían colegiadamente el máximo órgano de dirección de ETA, el Comité Ejecutivo o ZUBA, y «ostentaban desde este el dominio de la organización al momento de los hechos».

En la misma línea que otras causas abiertas en la Audiencia Nacional, como la que investiga el asesinato de Gregorio Ordoñez, Dignidad y Justicia ha ampliado la acusación en este proceso esgrimiendo que estos cuatro jefes de ETA son tan responsables en la comisión de los delitos como aquellos que ejecutaron el atentado en 2006 mediante la detonación de un coche bomba, que también están siendo investigados en este juzgado.

Informes policiales que acreditan su participación

Las víctimas consideran que existen sentencias e informes policiales que constatan la participación de los cuatro integrantes de la cúpula de ETA en el atentado de la T-4. En la querella, la asociación de Daniel Portero incluye la sentencia de 21 de mayo de 2010, en la que la Audiencia Nacional condenó a 1.040 años de prisión a Mattin Sarasola Yarzabal, Igor Portu Juanema y Mikel San Sebastian Gaztelumendi, integrantes del Comando Elurra, como autores materiales de los hechos.

El fallo dio por probado que «a finales de septiembre de 2006, dos dirigentes de la cúpula, también encausados en el procedimiento y pendientes de enjuiciamiento dada su rebeldía» citaron a los tres anteriores en el monte Auza de Navarra para proponerles «la colocación de una furgoneta cargada de explosivos en el apartamiento de la terminal número 4 del aeropuerto de Barajas».

Sin embargo, en 2020 la causa se archivó contra respecto a Mikel Garikoitz Aspiazu, Txeroki, y José Antonio Aranibar, considerados integrantes también de la cúpula. El pasado noviembre el caso se ha vuelto a abrir a petición de la Fiscalía que solicita se averigüe qué implicación tuvieron estos dos etarras. Para Dignidad y Justicia, si fue presuntamente Txeroki quien «transmitió la decisión» de cometer el atentado, no deben «quedar orillados» de presuntas responsabilidades penales en el procedimiento la propia ZUBA «que adoptó tal decisión de fondo».

Apuntan a una contradicción

En el escrito, la asociación presidida por Daniel Portero considera contradictorio que la Audiencia Nacional investigase tras el atentado a Txeroki y a Aranibar, pero no al resto de los integrantes de la cúpula de ETA contra los que ahora solicita incoar diligencias.

«La contradictoria ausencia de encausamiento de unos presuntos responsables sí, pero de otros no y que perjudica a las víctimas de ETA: quienes transmiten y ejecutan la decisión de ZUBA sí (Txeroki y Aranibar), pero en cambio los propios integrantes de ZUBA que adoptan y controlan la propia decisión de fondo transmitida (y dominan férreamente ETA), no», indica la querella.

La acusación popular entiende que con ello se viene a omitir, en perjuicio de las víctimas de ETA, un hecho fundamental de vital relevancia penal: «No es (lógico-racionalmente) posible que penalmente pueda responder el comando ejecutor Elurra, puedan responder los eslabones intermedios de transmisión de la cadena (Txeroki-Aranibar), pueda responder todo el mundo… menos justamente los primeros y máximos responsables excluidos hasta ahora de la ecuación penal: la ZUBA, los cuatro aquí querellados».

«Rebelión o motín»

Dignidad y Justicia entiende que si los miembros del comando Elurra hubiesen actuado por su cuenta, sin recibir órdenes directas de la ZUBA, se habría producido «lisa y llanamente» una auténtica «rebelión» o «motín» dentro de ETA en plena tregua y en medio de las negociaciones con el Gobierno encabezado entonces por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

«Lo que precisamente en virtud de toda esa férrea disciplina interna ya descrita y acreditada con elementos de prueba, hubiese hecho del todo imposible que ningún otro miembro meramente subordinado de ETA se hubiese atrevido a romper tal disciplina e interferir abiertamente con lo que los máximos dirigentes de ETA – y miembros históricos de la organización como uno de los aquí querellados, Josu Ternera, estaban haciendo en nombre de la organización –, mucho menos contravenirlo directamente desencadenando un atentado que la rompiese», añade la querella.

«Como explicamos ante el Parlamento Europeo, de un lado hay casi 400 asesinatos (376) totalmente impunes, sin un sólo autor condenado, ni uno. Pero de otro, incluso en aquellos atentados donde sí que se ha condenado a ‘algún’ responsable, hay una fuerte contradicción que recorre casi todas las causas judiciales: se omite siempre a los miembros de la ZUBA», explica el letrado de Dignidad y Justicia, Miguel Ángel Rodríguez, en declaraciones a THE OBJECTIVE. «Eso último es lo que deja a la vista la querella de la T-4», añade.