Dignidad y Justicia se querella contra los jefes de ETA, Josu Ternera entre ellos, por el atentado de la T-4
La asociación sostiene que los cuatro etarras son «presuntamente penal y civilmente responsables» del atentado
La asociación sostiene que los cuatro etarras son «presuntamente penal y civilmente responsables» del atentado
La asociación Dignidad y Justicia se ha querellado contra los cuatro jefes de ETA que a finales de 2006 presuntamente lideraban la organización terrorista que cometió el atentado en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas en el que murieron dos personas, una causa que la Audiencia Nacional ha reabierto.
En su escrito, la asociación dirigida por Daniel Portero se persona en el caso y se querella contra los cuatro etarras que supuestamente integraban su máximo órgano directivo, el llamado comité ejecutivo o ZUBA de ETA en el momento del atentado que supuso el fin de la última tregua de la banda. Se trata de Joseba Andoni Urritikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, al frente del aparato político; Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, Ata, jefe del aparato logístico; Aitzol Iriondo Yarza, Gurbitz y Barbas, líder del aparato militar; y Ainhoa Ozaeta Mendicute, Kuraia, al mando de la Tesorería de ETA.
Los cuatro, sostiene Dignidad y Justicia, son «presuntamente penal y civilmente responsables» de los hechos delictivos, pues la querella defiende que en el atentado de la T-4 hubo implicación directa de la cúpula de ETA. La Audiencia Nacional condenó en 2010 a 1.040 años de prisión a los etarras Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián como autores del atentado de la T-4. En 2020 la causa se archivó contra respecto a Mikel Garikoitz Aspiazu, Txeroki, y José Antonio Aranibar, considerados integrantes también de la cúpula. El pasado noviembre el caso se ha vuelto a abrir a petición de la Fiscalía que solicita se averigüe qué implicación tuvieron estos dos etarras.
Para Dignidad y Justicia, si fue presuntamente Txeroki quien «transmitió la decisión» de cometer el atentado, no deben «quedar orillados» de presuntas responsabilidades penales en el procedimiento la propia ZUBA «que adoptó tal decisión de fondo».
Fuente: EFE
