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Los trabajadores de RTVE critican que RTVCyL organice los debates en campaña por ser privada

La cadena pública optó a organizar uno de los debates, pero su petición fue rechazada

Los trabajadores de RTVE critican que RTVCyL organice los debates en campaña por ser privada

La cadena pública optó a organizar uno de los debates, pero su petición fue rechazada

El comité de empresa y los delegados sindicales de RTVE en Valladolid han criticado la decisión de la Comisión de Medios de otorgar la producción y organización de los dos debates electorales a la empresa privada RTVCyL dejando fuera a la empresa pública.

Ambos han advertido de que en esta comisión más de la mitad de los votos están en manos de representantes de medios que forman parte de los dos grupos empresariales dueños de la televisión privada.

El pasado viernes, esta comisión, por mayoría de sus miembros, decidió rechazar la oferta de RTVE de organizar al menos uno de los dos debates que por ley se deben celebrar durante la campaña electoral entre los candidatos a la Presidencia de la Junta con grupo parlamentario propio en esta legislatura, es decir, Alfonso Fernández Mañueco (PP), Luis Tudanca (PSOE) y Francisco Igea (Cs).

Esta comisión prefirió otorgar los dos debates, que se celebrarán el 31 de enero y el 9 de febrero, a la empresa autonómica privada RTVCyL, propiedad de las sociedades Promecal -Antonio Méndez Pozo- y Edigrup -de la familia Ulibarri-, y que a su vez tienen cabeceras de periódicos que eran mayoría en la comisión de medios que decidía entre las dos ofertas de TVE y RTVCyL.

«Esa decisión se entiende mejor al ver que, en la citada comisión, más de la mitad de los votos están en manos de representantes de medios que forman parte de los dos grupos empresariales dueños de esa televisión privada», dice el comunicado de los trabajadores de RTVE.

Esa exclusión es un «ataque a la profesionalidad» del personal de RTVE en Castilla y León que, desde hace más de cuatro décadas, viene produciendo información territorial. Pero, especialmente, es un ataque al derecho de los ciudadanos para acceder a esos debates», sostiene la nota.

Fuente: EFE.

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