La okupación, desbocada: en los últimos nueve meses se usurparon las mismas casas que en 2020

El fenómeno de la okupación de viviendas se ha convertido en los últimos años en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Una inquietud que según arrojan los últimos datos, y en concreto los casos registrados durante los dos años de pandemia, parece que no desaparecerá a corto plazo entre la sociedad española. Si en 2020 se registró la cifra de okupaciones más alta de los últimos cinco años, 14.792 usurpaciones, 2021 tiene visos de superar ese récord. Y es que solo en los primeros nueve meses de este año se han alcanzado prácticamente los mismos casos que en el año del confinamiento más estricto.

Desde enero a septiembre del pasado año, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCEE) notificaron 13.389 denuncias por allanamientos o usurpaciones de domicilios —los agentes no especifican el delito, quien lo hace es el juzgado posteriormente—, un 18,3% más si se compara con el mismo periodo de 2020 (11.319), según los datos provisionales del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Lo que se traduce en que durante ese periodo casi 50 viviendas al día caían en manos de usurpadores. No obstante, cabe matizar que la mayoría de okupaciones, indican fuentes policiales, se llevan a cabo en viviendas de segundo uso o en pisos vacíos, propiedad de bancos o fondos buitre.

El fenómeno no ha dejado de crecer desde el año 2016, cuando se produjeron 9.998 casos. Si se compara esta cifra solo con las disponibles del último ejercicio, la okupación en España ha experimentado un crecimiento del 33.92%. Si se hace la misma comparativa con la de todo 2020, el porcentaje es aún mayor, un 47,95%.

Inquiokupación

Sin embargo, la Plataforma de Afectados por la Okupación, la organización que aglutina a la mayor parte de afectados por ese problema, sostiene que las estadísticas oficiales no incluyen la totalidad de casos que se registran. Según sostiene un portavoz de esta plataforma, están proliferando métodos distintos a los clásicos, como la patada en la puerta, para usurpar las viviendas. Se refiere principalmente a «la inquiokupación». Los criminales aparentan ser los inquilinos de una vivienda que acaban de alquilar y pagan durante los primeros meses la cuota a los propietarios hasta que dejan de hacerlo y jamás se marchan.

Tampoco se contabilizan aquellas ocasiones en las que los propietarios deciden contratar una empresa de seguridad para expulsar a los indeseados inquilinos de su vivienda. La Justicia dispone de medios para acabar con esta práctica ilegal, pero el procedimiento es muy lento, puede durar incluso dos años dependiendo de si se escoge la vía civil —más rápida— o penal. Lo que implica que las víctimas vivan en una situación de indefensión mientras el okupa permanece en el inmueble.

En este escenario de abandono es donde muchas compañías han visto su oportunidad de negocio. Reducen un proceso que puede durar años a un par de semanas, valiéndose estrictamente de lo permitido por la legislación. Lo más común es que lleguen a un tipo de acuerdo con los criminales tras advertirles las consecuencias penales. En otras ocasiones, ese pacto pasa también por desembolsar una cantidad económica a los okupas. El coste de estos servicios oscila entre los 3.000 y los 8.000 euros.

Protocolo de actuación policial

Ante la avalancha de casos y la indefensión de los propietarios, en septiembre de 2020 tanto la Fiscalía General del Estado como el Ministerio del Interior anunciaron una lista de medidas para agilizar la expulsión de los okupas. En el primer caso, su titular, Dolores Delgado, reclamó a los fiscales reforzar su intervención en defensa de los derechos de las víctimas por los delitos de allanamiento y usurpación de bienes inmuebles y recurrir con la mayor inmediatez a las herramientas legales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico. 

Con este último, Delgado quiere evitar que se retrase la salida de los delicuentes de las casas okupadas y poder restablecer el légitimo dereho del denunciante que, mientras se tramita su procedimiento judicial, se ve desprovisto de su vivienda. En otras palabras, que la Fiscalía pida como medida cautelar la expulsión del presunto delincuente del domicilio en cuestión, mientras se desarrolle el litigio judicial. Hasta el momento, se han dado casos en los que las víctimas no han recuperado su casa hasta uno o dos años después, mientras que los okupas han disfrutado de la propiedad todo ese tiempo.

En consonancia con el Ministerio Público, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska puso en marcha un nuevo protocolo de actuación policial que eliminaba el plazo de 48 horas para proceder a echar a los okupas de la vivienda por parte de los agentes. Solo ocurrirá, sin embargo, si el delito es reciente. Da igual el tipo de vivienda que sea, tanto primera como segunda residencia. Si por el contrario, el delito no es flagrante, la víctima tendrá que solicitar el desalojo al juez.