El Govern disuelve su comité ético de la covid y no publicará el informe crítico con su gestión

El Gobierno de la Generalitat ha decidido disolver el comité ético que creó para velar por los derechos fundamentales durante la covid-19 y que tras su alumbramiento consideraron una «iniciativa pionera» en España y Europa para abordar las actuaciones políticas a adoptar para futuras pandemias sin poner en riesgo la seguridad jurídica. La disolución ha afectado directamente al último informe elaborado por estos expertos que, según han criticado miembros del comité, no verá la luz por decisión del Govern. El hecho de que este documento fuera crítico con las restricciones impuestas por el Ejecutivo autonómico ha motivado que finalmente no se publique, explican las fuentes consultadas.

El Gobierno de Pere Aragonès fue el ejecutivo regional que estableció medidas más severas contra la pandemia, llegando incluso a imponer de nuevo, antes de Navidad, el toque de queda hasta el próximo 21 de enero. Pero muchas de estas restricciones no han sido bien valoradas por sus propios expertos encargadas de evaluarlas. Además, Cataluña a día de hoy sigue siendo una de las autonomías con más contagios y presión hospitalaria pese a las medidas de los responsables públicos.

Nuria Terribas, directora de la Cátedra de Bioética en la Universidad de Vic y miembro del comité, ha sido una de las voces que ha denunciado públicamente el desmantelamiento del grupo de expertos: «Dedicamos muchas horas, lamento que quede en vía muerta», afirmó en una entrevista en la Cadena SER Catalunya. La emisora también se ha hecho eco de la falta de voluntad del Govern de publicar el informe.

Otros expertos también han cuestionado la decisión del Govern, ya que les avisaron cuando el trabajo ya ha había finalizado y ven cómo ahora pasará a la «papelera» sin que se haga público. El comité ético dependía de la Consellería de Justicia y el informe vetado era crítico con la gestión de la administración catalana. La experta Nuria Terribas proseguía en la emisora que es «urgente cambiar el marco normativo» y, aunque este comité no ha recibido remuneración por su participación, no entiende la parálisis del Govern para aplicar cambios que sirvan para proteger los derechos de la ciudadanía: «Ahora tenemos la covid, que acabará tarde o temprano, pero podemos tener otras situaciones similares, y el ciudadano debe saber dónde quedan sus derechos con qué limitaciones, si es que hay que imponer algunas y bajo qué justificación. No olvidemos que estamos en un Estado de Derecho».

Discrepancias entre ERC y Junts

Esta polémica también ha afectado a las relaciones entre los socios del Govern, que mantienen posiciones opuestas sobre el desarrollo de los hechos. El hecho de que esta cartera cambiara de manos en plena pandemia ha propiciado que cada partido intente esquivar su parte de responsabilidad. Cuando eclosionó el virus la Consejería de Justicia estaba en manos de Ester Capella, de ERC, pero tras las elecciones autonómicas del 14 de febrero y con el acuerdo del Govern, el departamento pasó a estar controlado por Junts per Catalunya.

La consejera del ramo, Lourdes Ciuró, ha asegurado que el comité estaba disuelto cuando llegó al frente del departamento. Sin embargo, su predecesora mantiene que su compromiso fue dar continuidad a este comité. Asimismo, la publicación del informe se aplazó hasta en dos ocasiones por oportunismo político.

El comité denunció falta de transparencia

El entonces coordinador del grupo y ahora secretario del Govern, Xavier Bernardí, ya deslizó en una entrevista en la misma Cadena SER Catalunya la falta de «transparencia» de los organismos autonómicos, como el Procicat, que depende de la Conselleria de Interior, y que no ha habido una «rendición de cuentas» suficiente por haber restringido los derechos fundamentales de la ciudadanía durante un periodo tan prolongado de tiempo.

En la actualidad, con la disolución del comité y a la espera de que acabe trascendiendo públicamente el contenido íntegro del informe crítico con el Govern, algunos miembros dan por finalizada esta etapa. El grupo estaba formada por juristas, expertos en ética y filósofos y pese a la promoción que le dieron tras su puesta en marcha al final el propio Govern ha rechazado su función. Las fuentes consultadas sostienen que la mayoría de expertos, que compaginaban sus labores profesionales con esta colaboración con el Govern, volverán a sus rutinas. Algunos otros, como Xavier Antich, se han postulado para presidir Òmnium Cultural tras la marcha de Jordi Cuixart.