La demora del Supremo sobre el 25% da alas a los institutos para que incumplan la ley

El Tribunal Supremo todavía no ha notificado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña su ratificación de la sentencia para aplicar al menos un 25% de horas lectivas en castellano en las escuelas públicas de la región, informan fuentes de la Justicia catalana a THE OBJECTIVE. Aunque la demora forma parte del «plazo voluntario» que ostenta el alto tribunal para comunicar su resolución, el hecho en sí está propiciando los amagos de incumplimiento por parte de varios centros educativos y el peligro real de que los tribunales atajen el asunto cuando la desobediencia sea masiva, es decir, cuando afecte a muchos colegios y resulte más laborioso ponerle coto.

El Institut Lacetània, de Manresa, ha sido el primero en anunciar que no modificaría su plan educativo para incluir más horas de castellano en sus aulas, y se amparó en sus superiores jerárquicos, es decir, la Conselleria de Educación, en una tentativa de evitar posibles inhabilitaciones al equipo docente del instituto. A diferencia de otros pronunciamientos hechos por las direcciones de otros centros, que no eran más que simples declaraciones de intenciones, en el caso de Manresa hubo una familia que requirió el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, a medio plazo, si algunos de los afectados pide iniciar un incidente de ejecución de la sentencia, el centro se verá obligado a corregir si no quiere consumar la desobediencia. Pero hasta que no se llegue hasta este extremo se abona el terreno para amagar con eventuales incumplimientos.

Este «limbo» actual, añaden las fuentes consultadas, facilita las declaraciones irresponsables de algunos directores. Tampoco ayuda que el Govern se posicione a su favor y les ofrezca pagar los costes de su defensa ante un hecho que, como informó este medio, escapa del principio de indemnidad al que tienen derecho los funcionarios en el ejercicio de sus labores. «La sentencia no se ha notificado, no está en periodo de ejecución. Cuando se abra este periodo deberán dar cumplimiento legalmente. En caso contrario, se puede forzar a su ejecución», abundan estas fuentes. Según la jurisdicción contenciosa administrativa, se abre un periodo de dos meses para la ejecución voluntaria.

«Podrán correr pero no esconderse»

Por su parte, las entidades a favor del bilingüismo y que se consideran parte legitimada para instar al cumplimiento de la sentencia esperan que el TSJC notifique a la Generalitat la sentencia antes de actuar: «De momento no podemos hacer nada. Si no se les ha notificado formalmente, no podemos obrar. El Govern y los centros juegan al límite, podrán correr pero no esconderse», afirma Rafa Arenas, jurista y vicepresidente de Impulso Ciudadano.

En este sentido, se muestran optimistas de que una vez se notifique dicha sentencia, se oficiará directamente a los institutos para que cumplan. En este momento, y pese a la cobertura legal que pretende dar la Generalitat, serán los directores de los propios centros quienes, en caso de incumplimiento, deberán afrontar consecuencias legales junto a sus superiores jerárquicos. Arenas, además, considera que la carta que envió el conseller de Educació, Josep González-Cambray, a los equipos docentes para mantener el modelo de inmersión lingüística constituye una prueba fáctica de llamada a la desobediencia.

Con todo, el tiempo es ahora mismo el principal adversario para garantizar los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en las escuelas. Las entidades en favor del bilingüismo han alentado al Gobierno de Pedro Sánchez a intervenir precisamente ante el temor de que haya un alud de desobediencias en los centros con la connivencia del Govern. Por su parte, desde el TSJC insisten en que todavía «no han tenido notificación formal» de la resolución y, en consecuencia, no pueden comunicarla a la administración catalana.

Sentencia en firme

La inadmisión por parte del Tribunal Supremo del recurso de casación planteado por la Generalitat ha hecho que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sea firme y que ni los centros que han amagado con desobedecer ni el propio Govern puedan volver a recurrir ya que se ha agotado la vía judicial española. Este hecho, afirman los afectados, forzará que cambien de modelo lingüístico una vez se ejecute la sentencia.

La cautela que mantiene el Gobierno de Pedro Sánchez ante la insistencia de la oposición y las entidades civiles para que actúe en los centros como Canet o Manresa se debe a la promesa de ERC, uno de sus principales socios parlamentarios, de cumplir con todas las resoluciones judiciales. No obstante, el hecho de que todavía no se aplique ha abierto el debate sobre la posibilidad de desobedecer y algunos centros ya han amagado con incumplir.