El TSJC da dos meses al Govern para que ejecute la sentencia del 25% de castellano

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado firme la sentencia del 25% de castellano en las aulas catalanas y ha otorgado un plazo de dos meses a la Generalitat para su ejecución. «Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa», según el artículo 104 de la Ley Contenciosa Administrativa.

En el escrito de la Justicia catalana se declara firme la sentencia pronunciada el 16 de diciembre de 2020 tras la inadmisión del recurso de la Conselleria de Educación de la Generalitat ante el Tribunal Supremo.

El TSJC también comunica a la Generalitat el contenido del fallo a fin de que «una vez acuse recibe de la comunicación en el plazo de 10 días desde su recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo». Acto seguido deberá comunicarlo a la Generalitat, que dentro de los mismos diez deberá indicar que el conseller de Educació es el responsable de aplicarlo. Y una vez se haya comunicado, el TSJC entiende que hay un periodo de dos meses para poder pedir la ejecución forzosa. Esto no excluye que la sentencia sea obligatoria desde ya porque se ha abierto el periodo de ejecución voluntaria.

Como informó THE OBJECTIVE, este miércoles el tribunal todavía no había recibido notificación formal de la resolución del Supremo, lo que propició que algunos centros escolares amagaran con desobedecer las peticiones de algunas familias para establecer una hora y media más de castellano a la semana.

En ese «limbo» de tiempo también sirvió al Gobierno de la Generalitat para movilizarse contra el cumplimiento de la sentencia y anunció que pagaría los costes de su defensa a los directores y profesores que se opusieran a modificar su plan lingüístico. Como informó este medio, esta propuesta del Govern escapa del principio de indemnidad al que tienen derecho los funcionarios en el ejercicio de sus labores y podría acarrear una condena por malversación y la inhabilitación para cargo público.  

Una vez se ejecute la sentencia, y en el caso de que algún centro consume la desobediencia, las partes legitimadas -ya sean padres, asociaciones de AMPA o incluso entidades a favor del bilingüismo- podrán pedir iniciar un incidente de ejecución de sentencia con el fin de obligar a los centros a cumplir con la ley.