El Poder Judicial aprueba el demoledor informe contra la Ley de Vivienda del Gobierno

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por mayoría de 15 votos -frente a seis en contra- el demoledor dictamen que cuestiona el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda del Gobierno, según han confirmado fuentes del CGPJ a THE OBJECTIVE. El texto, redactado por los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, recuerda al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la vivienda «es una materia de titularidad autonómica» y cuestiona duramente varias de las medidas estrella del anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Entre ellas, el control de precios de los alquileres.

El dictamen indica que existe «un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias». El informe ha recibido 15 votos a favor y seis en contra. Los vocales han acordado incluir en el texto final algunas observaciones menores al dictamen propuesto, sin alterar su contenido sustancial.

Los seis que han rechazado el texto son los que votaron a favor del anterior dictamen elaborado por el letrado y el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, documento que fue rechazado por el Pleno y que avalaba la Ley de Vivienda del Gobierno. Entre ellos, los vocales Clara Martínez de Careaga, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, que han anunciado la formulación de un voto particular al texto aprobado.

El órgano de gobierno de los jueces, cuya opinión es consultiva pero no vinculante, señala en el informe que la nueva ley planteada por el Ejecutivo puede llegar a suponer un problema a nivel de competencias autonómicas al «invadir» varias que pertenecen a las propias comunidades y limitarlas. Por este motivo, recuerda que hay materia asumible por los gobiernos autonómicos que se verían sobrepasadas, entre ellas «desarrollar una política propia en dicha materia incluyendo el fomento y promoción de la construcción de viviendas, que es, en buena medida, el tipo de actuaciones públicas mediante las que se concreta aquella política».

Control de precios de los alquileres

El control de precios de los alquileres es una de las medidas más cuestionadas en el informe sobre la Ley de Vivienda que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han aprobado en pleno este jueves. Permite a las comunidades autónomas declarar zonas de mercado especialmente tensionado. Los propietarios que tengan menos de 10 pisos en alquiler en esas zonas se verán forzados a congelar los precios de los arrendamientos. Mientras, las personas o empresas que superen la decena de inmuebles estarán obligados a bajarlos.

El texto considera que los propietarios no serán «suficientemente compensados con los incentivos fiscales» que recibirían en caso de que sus viviendas estén en las zonas especialmente tensionadas. El dictamen, elaborado por los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas, considera que las medidas de control del precio de los alquileres «tienen un alcance limitado y un farragoso contenido». Por ello, añade el documento, puede convertirse en un «tema constitucionalmente sensible».

De hecho, tanto PP como Vox han adelantado sus planes de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda del Gobierno. Asimismo, el dictamen del Poder Judicial, que no es vinculante, recuerda que las medidas para regular los alquileres nacieron «para combatir los efectos de la pandemia». Y añade que «quizás» sean inadecuadas «cuando haya decaído» la emergencia sanitaria.

Incentivos fiscales

El CGPJ incide en que «la carga patrimonial que conlleva» la regulación de precios contemplada en el anteproyecto de ley del Gobierno «no se afronta por las administraciones públicas, sino por los arrendadores privados». Y señala que «no serán suficientemente compensados con los incentivos fiscales» los pequeños propietarios con viviendas en zonas tensionadas, que recibirán una rebaja de hasta el 90% en el IRPF si el casero baja la renta al menos un 5% con respecto al contrato anterior. El anteproyecto de ley contempla también que los propietarios puedan ahorrarse hasta el 70% del IRPF si saca una nueva vivienda al mercado en una zona tensionada y se la alquila a un joven menor de 35 años.

El órgano de gobierno de los jueces, asimismo, considera que el Ejecutivo no ha incluido en la ley de vivienda una «justificación suficiente» sobre por qué son necesarias las medidas de control de precios, «evaluando los beneficios sociales e inconvenientes que se pueden derivar de ellas». El informe también destaca la ausencia de «un análisis empírico del resultado de medidas similares en los países de nuestro entorno –e incluso en el nuestro-». Además, concluye que las medidas para el control de precios tomadas en el extranjero «han cosechado fracasos que resultan evidentes por conocidos».