El independentismo ofrece a los padres una carta tipo para quejarse del castellano en las aulas
En la misiva, difundida por el entorno de los partidos nacionalistas, se afirma que los alumnos «abandonarán el aula» si la clase no es en catalán
Un grupo de estudiantes. | Europa Press
La cuenta atrás para obligar al Gobierno de la Generalitat a aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) de dar un mínimo de 25% de horas lectivas en castellano a las escuelas públicas se ha iniciado. El Ejecutivo catalán y la órbita del nacionalismo se está organizando con el fin de eludir la sentencia y pedir a los padres que fuercen a los colegios de sus hijos a desobedecer. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, esta implicación de las familias pasa por enviar a los centros escolares una carta en la que se informa que, si se elimina la inmersión, sus hijos se ausentarán de las clases.
La misiva modelo que se usa de plantilla, titulada ‘Carta derechos lingüísticos’, se remite al «director» y empieza por solicitar información sobre «cuál será la posición de la escuela a la vista de las últimas noticias aparecidas en diferentes medios de comunicación en el sentido que, en cumplimiento de la sentencia del TSJC, se deberá aplicar el 25% de clases en castellano».
Posteriormente, la carta sostiene que la implementación de esta medida «sería una vulneración de los derechos lingüísticos de mi hijo o mi hija y también una vulneración de la Ley de Educación de Cataluña, aprobada democráticamente en la sede de la soberanía de Cataluña». Seguidamente, y para evitar a hablar de desobediencia a la sentencia, afirman que en caso de cumplir con esta «demanda ilegal» de los tribunales se estaría «incumpliendo dicha ley» (en referencia a la ley catalana).
«Es decisión mía como tutor que mi hijo o hija abandone el aula para ver garantizados sus derechos. Dejo a su criterio fijar dónde y cómo podrá mi hijo seguir la clase en catalán», concluye.
De momento, y según informaba El Món, hay una madre de un alumno de la localidad de La Selva, que ha presentado este escrito ante la dirección y advertía de que su hijo «abandonará el aula» si se aplica el bilingüismo. Esta madre, que es letrada de profesión, habría abogado también por no modificar el plan escolar, que en el centro en concreto es multilingüe, hasta no tener «un informe del inspector del centro donde acredite» que el centro cumpla o no los requisitos legales.
Hasta la fecha, la única carta que había trascendido a los medios y la opinión pública era la de la familia de Canet después de que su hijo de cinco años estuviera en el centro de la polémica y el conseller de Educación, Josep González Cambray, decidiera hacer acto de presencia en la escuela para posicionarse a favor de los profesores y en contra de los tribunales.
Choque civil por el 25%
Con todo, la batalla sobre las horas de catalán y castellano que se deben impartir en las escuelas públicas de la región se está librando a escala civil, a través de entidades o agrupaciones de padres que se posicionan a un lado u otro del conflicto lingüístico.
El Govern ha delegado en los maestros desoír la sentencia e incluso les ha ofrecido cobertura legal si son perseguidos judicialmente. Como informó este medio, el pago de los costes de la defensa en un caso como el de incumplir una sentencia escapa del principio de indemnidad al que tienen derecho los funcionarios en el ejercicio de sus labores y podría acarrear penas de malversación.
Del mismo modo, el conseller de Educació, como superior jerárquico de los equipos docentes, podría arriesgarse a penas similares que comporten la inhabilitación si, como anunció en una carta, no modifica su modelo lingüístico. Esa misiva podría constituir además, según las entidades constitucionalistas, una prueba fáctica de llamada a la desobediencia de un cargo público a sus inferiores jerárquicos.
Ejecución de la sentencia
En paralelo, la plataforma Escuela de Todos, que engloba a las principales entidades del constitucionalismo catalán, y que ha nacido una vez la inadmisión del Tribunal Supremo al recurso de casación del Govern convertía la sentencia del 25% en firme y de general aplicación (es decir, no para centros concretos) empuja para dar carpetazo al modelo monolingüe catalán.
En este sentido, instan al Gobierno de Pedro Sánchez a actuar y avisan de que si Moncloa no muestra interés en solicitar la ejecución de la sentencia, serán ellos en hacerlo.
El Govern tiene ahora un plazo de dos meses para aplicar la sentencia. A la espera de agotar el plazo, la maquinaria nacionalista ya ha empezado a activarse. Todo apunta a que la campaña a través de cartas tendrá un escaso seguimiento, pero volverá a poner a los centros que las reciban y a los ciudadanos al frente de la polémica.
