El Govern paga a medios afines para 'vender' que defiende el catalán en las escuelas

El Departamento de Educación desplegó una campaña de publicidad en varios medios para promocionar la labor del Govern en materia lingüística. Poco después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para dar al menos un 25% de horas lectivas en castellano, la Conselleria dirigida por Josep González Cambray pagó contenido promocionado en un momento en el que su posición de no intervenir en contra de los tribunales en escuelas como la de Canet de Mar fue muy cuestionada por el nacionalismo más irredento y por parte de sus votantes.

El branded content lleva como titular «El Govern actua en defensa del modelo de escuela catalana» y se publicó entre finales de diciembre y principios de enero. Esta técnica de marketing, a la que suelen recurrir las grandes empresas, consiste en crear contenidos vinculados a una marca o idea y darle apariencia de noticia. En realidad es una forma de propaganda para que los medios se hagan eco de la idea que quieren transmitir quienes financian dicho contenido. En este caso concreto, el objetivo del Govern es ubicar en el debate público y mediático su plan para intentar blindar la inmersión.

El Departamento de Economía no ha querido informar del coste de esta campaña pese a las reiteradas solicitudes formuladas por parte de THE OBJECTIVE. Algunos de los medios que han publicado este contenido promocionado son Ara, El Nacional, Público o eldiario.es, entre otros. El conseller y su equipo han elegido medios que tienen una línea favorable a la inmersión en lengua catalana para patrocinar un espacio en sus páginas o webs.

En este contenido con apariencia de información, el Ejecutivo catalán reivindica que han elaborado «un marco normativo con el objetivo de fomentar el uso del catalán en el sistema educativo», que la Inspección de Educación velará para «que se dé cumplimiento a los proyectos lingüísticos vigentes en cada centro educativo» o la elaboración de un «cartel de la escuela en catalán» que «representa la diversidad lingüística y cultural de nuestras aulas».

La Generalitat cuida mucho su mensaje para no incurrir en llamadas a la desobediencia que, si derivaran en hechos consumados, podría acarrearles consecuencias judiciales. En este sentido, el texto es poco explícito sobre la posibilidad de desoír a los tribunales y tampoco arroja mucha luz sobre qué medidas concretas se van a desplegar para sortear la sentencia sin incumplir la ley.

Cuenta atrás para el Govern

El Govern tiene dos meses para aplicar la sentencia. La CUP y algunos sectores de Junts per Catalunya fuerzan a Educació, en manos de ERC, a mantener la inmersión en todas las escuelas y, en consecuencia, a liderar un nuevo choque contra los tribunales. De momento, más allá de la retórica y los anuncios del Govern de pagar la defensa a los funcionarios que hagan todas las clases en catalán, han acatado todas las resoluciones judiciales que obligan a dar una hora y media más de castellano a la semana.

La estrategia provisional del Ejecutivo liderado por Pere Aragonès es delegar a los docentes y equipos directivos la confrontación con la Justicia catalana. Como informó este medio, desde el entorno de los partidos independentista se está difundiendo una carta tipo para que sean también los padres quienes se impliquen en blindar el catalán.

La prudencia del Gobierno de Pedro Sánchez para no intervenir al menos hasta que pasen los dos meses de plazo de aplicación de la sentencia ha propiciado la movilización de la sociedad civil. La batalla por la lengua se está librando a escala civil, a través de entidades o agrupaciones de padres que se posicionan a un lado u otro del conflicto lingüístico.

El Ministerio de Educación tuvo el compromiso de ERC de que no iba a incumplir ninguna sentencia ni se volvería a situar en un escenario de tensión social y política. No obstante, esto no excluye que el Govern esté buscando la manera de sortear ese mandato judicial para que la inmersión sea el sistema que impere de facto. Debido a la movilización del constitucionalismo, que ya ha anunciado que pediría la ejecución de la sentencia, resultará mucho más difícil que el Ejecutivo se salga con la suya.