Datos que desinflan la pederastia en la Iglesia: la mitad de los abusos se cometen en la familia

La Iglesia vuelve a estar en el ojo del huracán. Buena parte de la sociedad española le reclama responder por los casos de pederastia cometidos durante décadas. Las organizaciones que defienden los derechos de la infancia insisten en la rendición de cuentas, pero piden medidas para evitar los miles de abusos que se producen cada año, la mitad en el entorno familiar. Los estudios concluyen que en el 84% de los casos el agresor conoce a su víctima. Save the Children demanda juzgados especializados para que ningún delito quede impune.

Son varios los partidos que han propuesto crear una comisión de investigación sobre la pederastia en el Congreso. El Gobierno, en cambio, se decanta por un comité de expertos independientes, eclesiásticos y representantes de las víctimas. Si se impone esta tesis, nuestro país seguiría la senda de Francia, donde los especialistas redactaron un informe que concluyó que unos 3.000 religiosos habían abusado de 216.000 menores desde mediados del siglo pasado.

Víctimas de pederastia

La diferencia es que en el país galo fue la propia Iglesia quien promovió la investigación. Save the Children, una organización centenaria que defiende los derechos del niño, insiste en la necesidad de que los eclesiásticos rindan cuentas, pero recuerda que miles de menores sufren agresiones y abusos sexuales cada año en España y que es urgente abordar la cuestión. 

En 2020 se produjeron 13.174 delitos sexuales en nuestro país, según datos del Ministerio del Interior. En 6.274 casos, el 47,6% del total, las víctimas eran menores. Las cifras son algo inferiores al año anterior, pero no dejan de aumentar desde 2014, según los balances del Gobierno. Cristina Sanjuan, especialista en protección a la infancia en Save the Children, lo achaca a un cambio social: aumenta la formación y las víctimas pierden el miedo a hablar.

«Solo son la punta del iceberg. Sabemos que en Europa uno de cada cinco niños ha sufrido abusos en su infancia. En España los estudios lo cifran entre el 10 y el 20% de la población», insiste Sanjuan a THE OBJECTIVE. Esta abogada de formación sostiene que no hay un perfil estandarizado de la víctima, aunque los abusadores se decantan por niños más tímidos y aislados.

La ONG publicó en noviembre un estudio en el que analizaba 432 casos judiciales. Concluyó que el 44,7% de los abusos se producen cuando el niño tiene entre 13 y 16 años, aunque comienza a sufrirlos a los 11 años. La mayoría de las víctimas son niñas: el 78,9% del total, aunque el porcentaje varía según el tramo de edad. 

La mitad de los delitos a menores se cometieron en el entorno familiar. El abusador más frecuente es el padre, casi un tercio de los casos. Hay ocasiones en las que el familiar no es identificado (20%) y otras en las que el agresor es la pareja de la madre (el 18%), el abuelo (12%) o un tío (6%). «Siempre ha sido así: son quienes más contacto tienen con los niños», revela Margarita Jiménez, psicóloga infantil y juvenil. 

Fuera del entorno familiar destacan los abusos cometidos por amistades (uno de cada 10) o  por compañeros de la víctima. Solo el 6% de los delitos son perpetrados por educadores. El estudio desmonta el mito de que los abusos solo ocurren en familias pobres o desestructuradas. La mayoría se producen en hogares donde los progenitores están en pareja (55% de los casos). El informe también señala que solo el 12,5% de los agresores cuenta con antecedentes.

«La ley del silencio»

Detectar un abuso no es tarea fácil. En muchos casos los signos físicos no son claros y hay que recurrir a otras señales, como la conducta del niño. La psicóloga Margarita Jiménez explica que estos niños pierden el apetito, lloran, tienen miedo a la soledad, desarrollan resistencia a desnudarse y sufren regresiones temporales. Los estudios revelan que los agresores se aprovechan de la confianza del menor: en el 84% de los casos conocen a la víctima.

«Se impone la ley del silencio. El agresor decreta el secretismo por medio del engaño y la amenaza. El niño genera un sentimiento de culpabilidad y de vergüenza. A eso hay que unir que el entorno no cuenta con formación para detectar lo que sucede», lamenta Sanjuan. La experta sostiene que la clave está en la prevención. En su opinión hace falta pedagogía, porque muchos casos solo se conocen «por revelación espontánea» de la víctima. Además, considera que hay que desmontar el mito de que los agresores son monstruos y comunicar el caso a las autoridades. 

En 2020 se presentaron 5.685 denuncias por delitos contra la libertad sexual a menores. La ONG estima que apenas supone el 15% del total, pues en la mayoría de los casos no llegan a denunciarse. Muchas veces porque, cuando se detecta un abuso, comienza un proceso judicial tormentoso para la víctima. En un tercio de los casos estudiados, la denuncia la presentó la víctima, seguida de la madre (28%) y ambos progenitores (13,7%).

Cuando hay constancia de un abuso comienza un proceso muy doloroso para la víctima. En ocho de cada 10 casos no se graba su testimonio, por lo que debe pasar por múltiples entrevistas para narrar su experiencia. Save the Children denuncia que, de media, lo hacen cuatro veces. A eso hay que unirle pruebas periciales y exploraciones. Por eso demanda juzgados especializados, como recoge la ley de protección aprobada en mayo del año pasado.

Sanjuan demanda que se aplique el modelo Barnahus, que integra un equipo multidisciplinar compuesto por trabajadores sociales, sanitarios, educadores y policías. «Los menores necesitan atención profesional», insiste la especialista. El modelo que menciona trabaja con una especie de casa de niños que construye un entorno más amigable para las víctimas. La única unidad de este tipo en España está en Tarragona.

La ONG también solicita una Fiscalía específica para abordar la violencia contra la infancia. «Falta transformación social, que es lo que crea sensibilidad. Es lo mismo que ocurrió con la violencia doméstica», explica Sanjuan. Una tipo de violencia que cuenta con juzgados especializados desde 2005. La legislación va más lenta para los menores. En mayo se aprobó la ley de protección infantil, pero todavía no se ha desarrollado un reglamento para poner en marcha los juzgados específicos.

Amplía la edad de prescripción

La experta de Save de Children celebra que la normativa amplíe la prescripción de los delitos por abusos a menores, que antes sucedía cuando la víctima cumplía la mayoría de edad. Ahora, para evitar que se archiven las denuncias, ocurre a los 35 años. «Es una forma de ajustarse a la nueva realidad, porque muchos tardan años en hablar», reconoce Sanjuan. 

A pesar de que un 63% de los casos estudiados no duraron más de dos años, muchas víctimas siguen arrastrando secuelas de por vida. «Depende de la gravedad del abuso, del tiempo que lo sufrieron y de la culpabilización del niño, porque no todos tienen la misma capacidad para reponerse», explica la psicóloga Margarita Jiménez. En su opinión, los afectados desarrollan comportamientos agresivos, dificultades de socialización y fracaso escolar.

«El 80% de los menores sufren consecuencias a corto plazo. En la mayoría de las ocasiones, desaparecen con el paso de los años, porque crecen y relativizan», asegura Jiménez. Sin embargo, doblar la página resulta mucho más difícil cuando el delito se produce en el ámbito familiar. Y concluye: «Hay víctimas que han llegado a convertirse en pederastas».