Podemos selló un pacto de no agresión con Dolores Delgado tras el 'caso Dina'

El pacto de mutua colaboración entre las altas esferas de la Fiscalía, ahora controlada por Dolores Delgado, y Podemos se selló en 2020 coincidiendo con el caso de la tarjeta de Dina Bousselham y la firma de la coalición con Pedro Sánchez. Los morados habían preparado en los meses anteriores una estrategia político-judicial que aspiraba a aprovechar las filtraciones del ex comisario Villarejo en el caso Tándem para atacar a Delgado y Baltasar Garzón: «Había que ir a por ellos», explican desde dentro la formación. Cuando, de repente, todo cambió. 

La relación amistosa entre Podemos y la Fiscalía se aprecia en los múltiples informes a favor de los morados en todas las investigaciones que afectan a su financiación, acusaciones de sobresueldos y gastos de campaña electoral. Y llegan hasta la negativa a interrogar al exespía de Venezuela, Hugo Carvajal (El Pollo), contrariamente, por ejemplo, a lo que hace el Ministro Fiscal italiano, que sí pide llamarle a declarar por la presunta financiación del chavismo al Movimiento 5 Estrellas. 

Pero, ¿cuándo se acercaron las posturas entre los fiscales y Podemos? Fuentes del partido morado revelan a THE OBJECTIVE que Podemos dio un giro de 180 grados tras explotar el caso de la tarjeta de Dina Bousselham y la firma de la coalición de gobierno. «Cuando empezó el caso Tándem, el objetivo era usarlo políticamente», explican. En ese momento, los morados plantearon «ir a por Delgado y Garzón. Pero a partir de Dina y la coalición, había que tener a la fiscalía de tu favor por interés personal de Iglesias», desvelan. 

Giro de 180 grados

En septiembre de 2018, cuando Pedro Sánchez acababa de entrar en la Moncloa, en efecto, Podemos tenía en su diana a Delgado. Se habían filtrado los audios de las conversaciones íntimas entre Delgado, el ex comisario Villarejo y Baltasar Garzón, y los morados reaccionaron con fuerza: «Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de Interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política», afirmó Iglesias.

Para los morados, el excomisario Villarejo está en el centro de la supuesta trama de policías corruptos que se dedicaban a impedir que el partido de Iglesias llegara al poder. De ahí que, tras las filtraciones que demostraban que Delgado y Garzón se reunían con él, dirigentes de Podemos alentaron la idea de que la ex ministra de Justicia tenía que dimitir. Fue en este último trimestre de 2018 cuando, de repente, Dina Bousselham recibió una llamada de la Policía que la informaba de que se había hallado en el ordenador de Villarejo parte del contenido de su tarjeta SD (del móvil supuestamente robado en 2015).

«No hacer ruido» para salvar a Garzón

El caso Tándem estaba al rojo vivo y Podemos decidió construir toda su campaña electoral sobre las llamadas «cloacas del Estado». En ese momento, Podemos lanzó internamente una consigna muy clara para atacar a Delgado (y Garzón). Sin embargo, fue en este contexto cuando recibió por parte de algunos fiscales la petición de «no hacer demasiado ruido» y no subir la tensión para evitar que salpicaran a Garzón.

Según las fuentes consultadas, este giro se realiza porque Podemos recibía información directa sobre la evolución del caso Tándem, que se había centrado en el leitmotiv de la campaña electoral de 2019. El arranque de dicha campaña se dio, de hecho, cuando Iglesias fue citado a declarar por el juez Manuel García-Castellón como afectado en la Audiencia Nacional el 27 de marzo de 2019, acompañado por su letrada Marta Flor. La letrada mantenía conversaciones confidenciales con el fiscal del caso Tándem, Ignacio Stampa. Apodado ironman, según las fuentes de Podemos consultadas, fue este fiscal quien sugirió a los morados no incidir demasiado en sus ataques contra la pareja Delgado-Garzón.

Los ataques a Delgado de golpe desaparecieron, a pesar de que Podemos insistía en hablar de cloacas del Estado. Y se enterraron definitivamente cuando, después de la repetición electoral, se firmó en menos de 24 horas el acuerdo de Gobierno con el PSOE.

La relación de mutua protección se intensificó pocos meses después cuando, ya en 2020, trascendió en la prensa el contenido de algunos chats internos de Podemos que desvelaba la relación del partido con la Fiscalía. Los morados temieron que se pudiera demostrar la existencia de un caso de «revelación de secretos», que además de golpear al fiscal afectara al partido morado y algunos de sus dirigentes. El caso acabó con un enfrentamiento interno al partido, y luego en las acusaciones de acoso a los abogados que denunciaban irregularidades, que los tribunales archivaron.

Reuniones de alto nivel

Mientras tanto, explotó el caso Dina. El juez del caso Tándem empezó a detectar incongruencias con el relato de la excolaboradora de Iglesias sobre el presunto robo de su móvil. Al abrirse oficialmente el caso, se selló el acercamiento con Dolores Delgado, que acababa de ser nombrada Fiscal General del Estado.

La cúpula morada no quería que la Fiscalía investigara a fondo el caso Dina y que tampoco entrara en la causa sobre el pago de 300.000 euros a la consultora Neurona, que antes había ayudado a Evo Morales y Nicolás Maduro y que llegó a España de la mano de Juan Carlos Monedero. Las fuentes de Podemos consultadas sostienen que los morados obtuvieron algo parecido a un visto bueno de Sánchez para mantenerse en la Moncloa. «Para Sánchez eso no era nada».

«A partir de lo de Dina y el pacto de coalición, había que tener a la Fiscalía a tu favor por interés personal de Iglesias», revelan en el partido. «Y cuando salió lo de Neurona había que estar a bien con ellos, confiando en que el PSOE también necesitaba tener a Podemos vivo«, sostienen. Las fuentes consultadas hablan de «reuniones de alto nivel» y de «intercambio de cromos» que ahora se enriquece de otra derivada internacional. Se trata del caso de Julian Assange, donde Garzón ejerce de abogado del activista y en cuyo juicio puede resultar determinante un testigo cercano a los morados, como desveló este diario.

Un desliz antes de archivarlo todo

El pacto de no beligerancia entre Delgado y Garzón y Podemos perduró hasta el mes de marzo de 2021, cuando de repente volvieron los ataques. La Fiscalía acababa de archivar las diligencias contra el fiscal Stampa tras descartar revelación de secretos a Podemos, pero en CTXT (medio en el que ahora colabora Iglesias) aparecieron imágenes de un encuentro entre la Fiscal General y periodistas de OkDiario. Se escribieron tuits contra Delgado mientras que Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Podemos y escudero del ex secretario general, afirmaba: «Ayer conocimos algo gravísimo y es que nada menos que la fiscal general del Estado, el día que liberan al mafioso Villarejo, se reúne en secreto con sus principales socios de la cloaca mediática». 

El ataque coincidió con la apertura por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de una investigación contra Echenique por un tuit en el que apoyaba las protestas que se celebraron en contra del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Un caso que finalmente se cerró con un fallo a favor del político de Podemos, pero que en los primeros días irritó a los morados. La protesta llegó a buen puerto. Después de aquel choque, la Fiscalía rechazó en sendos escritos todo tipo de investigación sobre el llamado caso de los «sobresueldos» en Podemos.

Primero en abril, donde rechazó investigar a Ione Belarra, tal y como había pedido una ex senadora del partido que sostiene que miembros de la cúpula morada desviaron dinero de las donaciones de los cargos del partido. Y un mes después, en mayo, el Ministerio Fiscal se apoyó en el escrito de defensa de Podemos para impedir al juez una investigación más exhaustiva sobre el tema. Argumentó que el pago de complementos salariales a algunos miembros de la cúpula de la formación «podrá ser discutible desde el punto de vista ético o desde la transparencia que se exige a los partidos políticos», pero nunca podría suponer un delito de administración desleal.

La Fiscalía adoptó posturas a favor de los morados en todas las demás piezas conexas con el caso Neurona. Hasta el último escrito de enero de 2022, en el que pide directamente al juez archivarlo todo. Un requerimiento que, no obstante, ha quedado en saco roto, puesto que el magistrado Escalonilla ha preferido aclarar todas las dudas sobre los 300.000 euros de dinero público invertidos para la campaña electoral de 2019. Los morados saben que hasta ahora la Fiscalía ha obrado en su favor, y confían que gracias a esta colaboración se puedan cerrar todos los asuntos pendientes en los tribunales. Aunque el precio sea mantenerse como sea en el Ejecutivo de Sánchez.