El 30% de las personas con demencia son inmovilizadas con sujeciones en residencias
En España, unos 55.000 ancianos son atados en centros de mayores para reducir su agitación y evitar caídas
«La primera vez –y única– que vi a mi abuela atada con un trapo a una silla yo apenas era una niña. Ella tenía unos 80 años, sufría Alzheimer en su etapa más avanzada y se autolesionaba y agredía a todo aquel que se acercase a ella. Por supuesto, no reconocía a nadie.
Ingresó en un centro de mayores para que la cuidasen, en casa la situación llegaba a ser insostenible y ella necesitaba cuidados especiales. Profesionales, básicamente, que supiesen manejar la situación. La sorpresa fue mayúscula –y dolorosa–cuando a los días de estar ingresada la visitamos. Atada a una silla, con un trapo parecido al que yo llevaba en ese momento en el pelo, y dormida. Ese día salió con nosotros por la puerta. Solo estuvo una semana. Volvió a casa donde jamás se nos pasó por la cabeza atarla a pesar de que todos los miembros de mi familia teníamos los brazos amoratados».
Es el testimonio que relata a THE OBJECTIVE M.R.R., una joven sevillana que prefiere mantenerse en el anonimato. El 30% de las personas con algún tipo de demencia son inmovilizadas con sujeciones en residencias, según datos facilitados a este periódico por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA). No obstante, hay que aclarar que en la mayoría de residencias de España las sujeciones empleadas son elementos homologados y permitidos por ley, ya que de lo contrario, las sanciones pueden ser millonarias.
Los padres de M.R.R., sin embargo, nunca denunciaron a la residencia. Entendían que aquello estaba mal –por ello sacaron a la anciana del centro donde convivía con 30 internos más–, pero por entonces aún imperaba una vieja cultura heredada de los viejos asilos de atar a los residentes con lo primero que se tenía a mano.
Sujeciones con prescripción médica
La Fiscalía General del Estado emitió el pasado mes de enero una nueva instrucción que aborda la utilización de la contención mecánica en centros residenciales con el fin «de reforzar la vigilancia en el cuidado de este colectivo y velar por el ejercicio de todos los derechos y libertades que les son reconocidos en la Constitución».
A nivel estatal se carece de una normativa específica reguladora de las contenciones, por ello es que cada autonomía dispone de normativas donde se establecen distintos modelos en relación con la regulación de las sujeciones. Algunas más permisivas que otras, siempre se deberá contar con «prescripción facultativa» para llevar a cabo la sujeción y tener el consentimiento expreso de la familia. Además, solo se podrá recurrir a esta práctica siempre y cuando «exista peligro inminente» para la seguridad física de la «persona usuaria» o de terceras personas.
No obstante, cada vez son más las voces que luchan por acabar con las ataduras en residencias en su totalidad. Desde CEOMA, el Dr. Antonio A. Burgueño, director del programa Desatar, lleva años luchando por inculcar la cultura libre de sujeciones en todos los centros de España. Según su opinión, «ninguna razón es suficiente» para atar a los ancianos teniendo en cuenta el «impacto brutal» en la salud física y mental de las personas al verse sometidas de esa forma.
Argumento que también defiende el Dr. José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SGG), quien en declaraciones a este medio señala que «como regla general, las sujeciones, tanto físicas como químicas, deberían estar prohibidas en todos los casos», y asegura que la mayoría «pueden ser evitadas por alternativas menos agresivas».
Precisamente desde CEOMA llevan un registro –ya que no existe uno estatal– sobre cuántas personas son sometidas a esta práctica. Según sus cálculos, 17 de cada 100 –unas 55.000 personas– son atadas en residencias para reducir su agitación, la mayoría, ancianos con demencia –el 30%–. Se calcula que el 60% de los residentes en centros de ancianos se encuentran en proceso de demencia.
150 centros libres de sujeciones
EEUU obliga por ley a las residencias de informar a cuántas personas tienen atadas, las sujeciones que se usan, así como los fallecimientos potenciales derivados de estas prácticas. En España, ante la carencia de un registro oficial, desde hace diez años, Antonio A. Burgueño se encarga personalmente de visitar cada centro –según datos de 2020, hay 5.556 hogares de mayores–, y dar una certificación a aquellos libres de ataduras. De ellos, solo 150 están libres de sujeciones y 60 llevan más de cinco años sin recurrir a ellas.
Para el médico, todas las residencias están capacitadas para ello si se hacen las «adecuaciones físicas» necesarias y se «transforman» de modo que los ancianos se puedan mover con seguridad, se forma y se conciencia al personal del centro y se implica a los familiares para ello. El problema, según explica, es que «la mentalidad que impera es que tenemos que evitar que la persona se mueva para evitar que se caiga», cuando, asegura, hay otras medidas que se pueden emplear para evitar caídas, teniendo en cuenta que «la seguridad absoluta no existe y siempre hay que asumir una cuota de riesgo controlado».
El argumento de las caídas
Las residencias que usan sujeciones defienden que son necesarias para evitar caídas de los mayores. Merche I., una auxiliar de geriatría de una residencia de un pequeño pueblo de Ciudad Real –del cual prefiere no dar el nombre– cuenta a THE OBJECTIVE que en su centro hay ahora cinco ancianos atados: dos en silla y tres en cama, todos con demencia. «Si no los atamos se tiran de la cama o del sillón, es una forma de protegerlos», asegura convencida. «Para mí, no atarlos sería maltratarlos, porque se caerían, lo hacemos por su bien», relata esta gerocultora que lleva 16 años trabajando en el mismo centro, donde hoy cuidan de 35 ancianos.
No obstante, Merche reconoce que la falta de personal hace que los abuelos «no siempre estén tan atendidos como deberían», porque al contrario de lo que ocurre en la práctica habitual, el uso de sujeciones supone un incremento de la atención que se le debe prestar a la persona por parte del equipo interdisciplinar.
En este punto cabe recordar que en España, recientemente, fallecieron dos personas mientras intentaba liberarse de las sujeciones de su cama en un centro, según informan varios medios de comunicación, porque ni el Gobierno ni las administraciones ni las residencias informan de dichos casos. «La tendencia, de hecho, es ocultarlo», denuncia Antonio A. Burgueño.
De esta forma, García Navarro hace hincapié en que «nunca» se debe atar a una persona para evitar una caída. «A un problema complejo no se le puede ofrecer una solución simple y agresiva como es la indicación de una sujeción. El respeto a la dignidad de todas las personas es uno de los motores básicos para realizar un cuidado sin sujeciones», concluye.