El conseller de Interior asesoró a los presos del 1-O y recibió 14.500 euros del Govern antes de la purga en los 'mossos'
Joan Ignasi Elena obtuvo un contrato a dedo en las fechas que empezó el juicio en el Tribunal Supremo por asesorar en los Juegos Olímpicos de invierno
El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena | ERC
El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, fue el coordinador jurídico de ERC en la preparación de la defensa en el juicio contra los presos independentistas de este partido ante el Tribunal Supremo en la causa del procés. Simultáneamente, el 22 de febrero de 2019, coincidiendo con el inicio del juicio oral, el Govern (a través de una empresa pública) le adjudicó un contrato menor como socio del despacho de abogados Sinergia EDM por valor de 14.500 euros sin IVA. El contrato era para asesoramiento jurídico en materia medioambiental e institucional para la candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno.
La adjudicación a dedo al despacho de Elena se vehiculó a través de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). El ahora conseller envió sus propuestas por correo electrónico a Gerard Figueras, dirigente de JxCat y ahora imputado en varias causas por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos.
En 2019, Figueras ostentaba la presidencia de la candidatura olímpica e influía en los desembolsos de Ferrocarriles relativos al proyecto olímpico. Las investigaciones de la Guardia Civil en el marco del ‘caso Voloh’ apuntan a que altos cargos de los gobiernos de Quim Torra y Pere Aragonès usaron partidas destinadas a la preparación del evento deportivo para adjudicar a dedo contratos de asesoría a políticos y empresarios afines, como ha publicado El Confidencial.
Además, según desvela hoy THE OBJECTIVE, el contrato menor a Elena se otorgó tan solo seis días antes de que se publicara la Instrucción 1/2019, del 28 de febrero de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON) que establece la obligatoriedad de solicitar un mínimo de tres ofertas para la adjudicación de este tipo de contratos.
Estos seis días de adelanto permitieron, al menos desde el punto de vista estrictamente legal, sortear la nueva normativa que imponía para otorgar un contrato menor pedir al menos tres ofertas, para asegurar la competencia, transparencia e igualdad de oportunidades. Y si bien es cierto que no existía tal vinculación legal, la buena práctica en la administración pública requería solicitar tres presupuestos ya que aportaba mayor transparencia en el ámbito de la contratación pública. Desde FGC, además, no han respondido a nuestra petición de si recibieron más ofertas de otras empresas antes de adjudicar el contrato.
Defensa de los presos del ‘procés’
Llama la atención que de los tres contratos menores que FGC adjudicó para trabajos relacionados con los Juegos Olímpicos, dos de ellos (el de Joan Ignasi Elena y el de Francesc Homs) fueran a parar a los respectivos despachos de dirigentes afines a ERC y JxCat que participaron en tareas de defensa o coordinación de los políticos condenados por sedición. Además, por servicios muy parecidos y con un importe ajustado al umbral de 15.000 euros que no requiere de licitación pública abierta (sino el mecanismo contractual antes descrito).
Fuentes policiales consultadas por este diario revelan también que hay apariencia de que se pudo realizar una división de servicios en varios contratos menores dada la similitud de los contratos indicados o que incluso pudieran «encubrir pagos por servicios relacionados con el juicio del procés».
El contrato menor a favor de Francesc Homs (14 de septiembre de 2018), a nombre de la asesoría TARBA Consultoría Jurídica y Técnica S.L, fue adjudicado por 9.000 euros sin IVA , su objeto era analizar qué tipo de persona jurídica era la más idónea para articular la candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno.
Por su parte, Elena presentó tres propuestas para tres contratos distintos, cada uno con su objeto de estudio y su presupuesto (que envió por mail tanto a Ricard Font, director de FGC, como a Figueras, ambos dirigentes de JxCat). El primer estudio (10.000 euros sin IVA) era en concepto de «Estructura organizativa de la candidatura». El segundo (14.500 euros sin IVA) ofrecía servicio en «aspectos medioambiental» y el tercero (14.500 euros sin IVA) era una mezcla de asesoría ambiental e institucional y el que finalmente se adjudicó.
Purga en los Mossos
En mayo de 2021, Aragonés situó a Elena al frente de Interior en este reparto de carteras entre ERC y JxCat. Una vez en el cargo, se llevó a cabo una reestructuración de la cúpula de la policía autonómica que toda la oposición parlamentaria tildó de «purga». Como informó este medio, el interés del Govern para controlar la unidad que investiga la corrupción precipitó el cese de Josep Lluis Trapero, mayor de los Mossos, y del intendente Toni Rodríguez, jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC). Dicha unidad destapó el presunto caso de corrupción de la Institució de les Lletres Catalanes cuando Laura Borràs estaba al frente de la institución, así como el caso de las escoltas del entonces conseller de Interior Miquel Buch que protegían a Carles Puigdemont. Ambos casos afectaban a dirigentes de Junts per Catalunya.
El propio Elena salió al paso de las acusaciones de purga asegurando que «antes muerto que tapar la corrupción». Desde su Departamento explican a instancias de THE OBJECTIVE que cuando se otorgó ese contrato menor el conseller «se ganaba la vida como abogado y en un bufete especializado en derecho administrativo y ambiental».
Sostienen que «no tiene ningún sentido» hablar de una recompensa por los servicios jurídicos prestados a los presos del procés: «En 2019 todavía no se sabía la imputación de Figueras» y que en todo caso corresponde a FGC y no al bufete saber si el resto de contratos menores se adjudicaron por conceptos parecidos. «Solo defendió a los presos de ERC y FGC contactó con su despacho para pedirle unos presupuestos sobre el estudio del impacto ambiental del proyecto olímpico», remachan. Sin embargo, investigación de la Guardia Civil sigue su curso. El hecho de que Elena no diera explicaciones públicas al conocerse estos contratos y poco después de la polémica suscitada por los cambios en la cúpula de los Mossos enciende las alarmas.
