Los policías que mataron al surfista Diego Bello en Filipinas serán juzgados por homicidio
La Fiscalía envía al juez su acusación contra los tres agentes que acabaron a tiros con la vida del joven empresario gallego, de 32 años, en enero del año 2020
El empresario gallego Diego Bello, asesinado en Filipinas en 2020 | RRSS
Homicidio y falsificación de pruebas. Por ambos delitos serán juzgados finalmente los tres policías acusados de matar al empresario español Diego Bello en Filipinas. Tras dos años de investigación, la Fiscalía General de ese país ha concluido en su escrito de acusaciones que el capitán Wise Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Palacio y Nido Boy Cortes conspiraron para crear un escenario manipulado con el objetivo de ocultar la verdad sobre la muerte del emprendedor gallego.
«Hay suficientes fundamentos para acusar a los imputados por delitos de homicidio y falsificación de pruebas», señala el escrito de acusación de la Fiscalía de ese país, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Un documento que desmonta una vez más, y de forma definitiva, la versión de los agentes de la Policía filipina que en enero de 2020 acribillaron a balazos a Diego Bello a las puertas de su casa en la región de Surigao del Norte.
Excanterano del Deportivo de La Coruña y amante del surf, el joven empresario gallego de 32 años se había afincado en un paradisiaco municipio de las Islas Siargao, donde regentaba un bar, un restaurante y una tienda de surf en los que daba empleo a 25 personas, según fuentes cercanas a la familia. Los agentes que le mataron, según el Ministerio Público, sembraron pruebas para que pareciese que el tiroteo estuvo iniciado por el español, a quien llegaron señalar públicamente -y tras su asesinato- de ser el narcotraficante más buscado de la región; una información desmentida posterior y rotundamente por varios organismos filipinos.
Dispararon a Diego Bello
«Las pruebas demuestran que los casquillos de bala disparados por las armas de nueve milímetros del capitán Pañuelos y el sargento Cortés, y los de la pistola del calibre 45 atribuida a Diego Bello, estaban a poca distancia y fueron hallados en una zona triangular. Si efectivamente hubiese habido un intercambio de disparos, los casquillos deberían haberse encontrado en direcciones opuestas», señala la Fiscalía filipina en su escrito, enviado al Tribunal Regional de Primera Instancia de la región 13 de Surigao del Norte, y notificado este viernes a la familia de Diego Bello en España.
El Ministerio Público destaca también que la investigación ha demostrado que el empresario gallego saltó la valla de su casa tratando de huir hacia el interior de la vivienda cuando el sargento Cortés le disparó. Al arma reglamentaria de ese policía pertenecía el casquillo de bala de nueve milímetros que agentes del ‘FBI filipino‘ encontraron enterrado, meses después, en el mismo lugar en que yacía Diego Bello el día que murió.
Iba desarmado
Tras una extensa investigación, solicitada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Filipinas y por el Consulado de España en Manila, la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas (NBI, por sus siglas en inglés) había concluido que el empresario gallego estaba desarmado. No existe ningún registro ni documento que acredite que la pistola de calibre 45 atribuida a Diego Bello fuese realmente suya.
En contra de la versión ofrecida por los agentes ahora acusados, Bello nunca apuntó contra ellos y las drogas y el arma que aparecieron en el lugar de su muerte fueron «sembradas» en el lugar del crimen por los mismos policías que le mataron para justificar su crimen, aseguraba el NBI en su informe. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el joven gallego fue víctima de una conspiración deliberada y orquestada por esos tres policías, que habrían manipulado a su antojo la escena del crimen tras haber hecho un uso excesivo de la fuerza contra la víctima, como adelantó este diario.
No obstante, la Fiscalía General de Filipinas ha decidido finalmente no acusar del delito de perjurio durante el juicio a los tres policías. Entiende que no se ha podido demostrar que hubieran sido deliberadas las inconsistencias señaladas por el NBI en las declaraciones juradas de los agentes. El escrito del Ministerio Público ha sido enviado a una corte de Siargao del Norte. La defensa del joven, liderada desde España por los abogados Guillermo Mosquera y Manuel Ollé, va a solicitar que el juicio se desarrolle en Manila, capital de Filipinas, según informan a THE OBJECTIVE fuentes cercanas al caso.
